Declaran los agentes acusados de espiar a los presos kirchneristas durante el macrismo

Espionaje ilegal en cárceles: los penitenciarios buscan despegarse

Los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) siguen intentando despegarse del espionaje en las cárceles durante el macrismo. Uno de los penitenciarios que debía ser indagado ayer presentó un escrito que contenía una lista con los criterios de novedades que debían ser reportadas a las autoridades de la inteligencia penitenciaria para justificar la información que iba y venía en los WhatsApp de los agentes. Sin embargo, nada indicaría que debían reportar quiénes ingresaban a ver a los presos kirchneristas ni cuáles eran sus vínculos políticos, como sucedió.

Hasta ahora ninguno de los penitenciarios accedió a declarar o a contestar preguntas. Los cuatro que estaban llamados a indagatoria presentaron escritos. Entre ellos estuvo el penitenciario Sebastián Siri, que negó haber realizado tareas de inteligencia ilegal en su rol de jefe de división de Delegaciones en la Dirección Principal de Análisis de la Información (DPAI, ex inteligencia penitenciaria). Siri es, según los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quien concentraba la información de lo que sucedía en los distintos penales federales del país y la circulaba en un grupo de WhatsApp que se llamaba Círculo de Confianza y que estaba integrado por 16 penitenciarios que se dedicaban a la inteligencia en las cárceles.

Siri aportó una tabla con los criterios de novedades que debían reportarle los delegados. Por ejemplo, si habían alteraciones al orden en el penal, lesiones, huelga de hambre, presentación de habeas corpus, cuando una persona quedaba detenida en un hospital extramuros, cuando se le daba el alta médica, cuando se producía un fallecimiento, un homicidio o un suicidio o cuando no volvían de una salida transitoria. Dentro de esos criterios estaba también una categoría que se denomina “tema informativo”, que es probablemente donde los penitenciarios busquen encasillar lo que circulaba en los chats que fueron analizados por los fiscales.

En los chats, por ejemplo, se avisaba cuando entraban organismos de derechos humanos a visitar a los presos kirchneristas, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) o intercambiaban notas sobre la situación procesal de las personas que estaban privadas de su libertad.

También hay mensajes en los que se pedía que, por ejemplo, se caracterizara al tribunal que había absuelto al exjefe del Ejército César Milani en una causa de lesa humanidad, indagando en la filiación política de los jueces. Les interesaba saber si eran kirchneristas o tenían vínculos con Justicia Legítima, difícil comprender cómo eso podía repercutir en la situación en las cárceles.

La apuesta de los penitenciarios de menor rango --como Siri, Aníbal Meza, Oscar Lema y Aníbal Meza-- es decir que cumplían órdenes y que estaban actuando dentro de la legalidad. Para los fiscales, el componente claramente político de la información que buscaban los penitenciarios abona su teoría de que se trataba de una asociación ilícita que funcionaba desde el Estado a través de dos de sus organismos como el SPF y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para obtener e intercambiar información de personas que estaban bajo custodia y que eran dirigentes políticos. Esa vigilancia también se extendió hasta sus abogados y a las organizaciones que visitaban las cárceles. 

El exdirector de Análisis de la Información del SPF, Cristian Suriano, y su número dos, Juan Carlos Silveira, pidieron adelantar para hoy sus indagatorias, que estaban previstas para mañana. Se espera que Suriano -- que era un eslabón importante hacia los jefes del SPF y hacia la propia AFI -- declare y responda preguntas, rompiendo la racha de silencio y presentación de escritos de los penitenciarios.

Quienes apuntaron en las últimas horas a la ligazón entre la AFI y el SPF fueron los representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que apoyaron el pedido de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort de llamar a indagatoria a la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió. Es por haber supuestamente recibido transcripciones de escuchas que la AFI hacía ilegalmente de los teléfonos públicos del penal de Ezeiza, donde estaban los presos kirchneristas, y haberlas usado para presentar denuncias para impedir el avance de la investigación del D’Alessiogate. El CPACF --que difícilmente pueda ser tildado de kirchnerista-- sostuvo que debía ponerse el foco en el convenio de cooperación que en 2018 firmaron la AFI y el SPF.

Esta ronda de indagatorias concluirá el próximo 14 de diciembre e incluye entre otros a las máximas autoridades de la AFI macrista, a altos funcionarios del área de Jurídicos de esa Agencia y al exdirector del SPF Emiliano Blanco, entre otros. El pedido de Rúa y Peñafort para que convoquen a Carrió generó una reacción en cadena de los principales referentes de Juntos por el Cambio, en particular de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta -- que, a pesar de ser una de las presuntas víctimas del espionaje -- se encolumnó también con sus compañeros del PRO para hacer que la causa de Lomas viaje a Comodoro Py.

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