Seis empresarios estadounidenses fueron condenados en Venezuela a penas que van de ocho a 13 años de prisión. Todos eran ejecutivos de una filial de la petrolera estatal PDVSA radicada en Estados Unidos. Los empresarios fueron encontrados culpables de corrupción según informó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano. El fiscal general Tarek Saab acusó a los directivos de haber firmado contratos que comprometían el patrimonio nacional. Washington había pedido a Venezuela en reiteradas ocasiones la liberación de los exdirectivos, detenidos en noviembre de 2017.
"Asociación para delinquir"
Los seis ciudadanos estadounidenses formaban parten de una filial de Citgo, empresa venezolana radicada en EEUU que a su vez depende de PDVSA. Citgo lleva a cabo tareas de refinado de petróleo y comercializa nafta, lubricantes y petroquímicos. El expresidente de esta empresa José Pereira Ruimwyk recibió una pena de 13 años y 7 meses de prisión. Una Corte de Caracas lo encontró culpable por los delitos de "peculado doloso", "concierto de funcionario con contratista" y "asociación para delinquir". Además se le impuso una multa de 2 millones de dólares, 40 por ciento del valor de los bienes objeto del delito, informó el TSJ.
Por su parte, los exdirectivos Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano deberán cumplir sentencia de 8 años y 10 meses por "concierto de funcionario con contratista" y "asociación para delinquir". La sentencia también inhabilitó a los exejecutivos para el ejercicio de cualquier función pública en el futuro. Pereira Ruimwyk es venezolano con residencia en Estados Unidos. El resto de los condenados tienen doble nacionalidad venezolano-estadounidense.
El fiscal general de Venezuela había pedido la detención de los exdirectivos el 21 de noviembre de 2017. En ese entonces explicó los manejos fraudulentos que habían hecho en la empresa venezolana. "La alta gerencia de Citgo, el pasado 15 de julio del año 2017, firmó un acuerdo internacional con las empresas Frontier Group Management y Apolo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y del 2015", había explicado Saab. El fiscal sostuvo que el acuerdo con esas empresas había sido con el objetivo de solicitar préstamos. Sin embargo estos tenían condiciones leoninas y desfavorables para el Estado, indicó el funcionario. Además informó que habían ofrecido ofrecido como garantía a la propia filial.
El abogado Jesús Loreto, defensor de Vadell, dijo que apelará la resolución judicial en cumplimiento con los derechos de su defendido. "El fallo no tiene asidero práctico o jurídico", sostuvo el letrado. Sin embargo manifestó su desconfianza en el sistema legal venezolano, que considera politizado. Por su parte, las familia del exejecutivo negó las acusaciones. "Seguimos negando los cargos. Estamos tristes y decepcionados porque hoy no se hizo Justicia", comentó Verónica Vadell a la agencia AFP.
El lobby estadounidense
En medio de los constantes llamados de EEUU para que se libere estos empresarios, el exdiplomático demócrata Bill Richardson viajó al país caribeño para interceder por ellos. Consiguió que Cárdenas y Toledo pasaran a prisión domiciliaria a finales de julio pasado, pero los demás expetroleros siguen recluidos en El Helicoide, el principal cuartel del servicio de inteligencia (SEBIN) en Caracas. En ese entonces el jefe de la diplomacia de Donald Trump, Mike Pompeo, se había referido a la situación de los cuatro restantes. En referencia a su permanencia en El Helicoide dijo que estaban en peligro debido a la pandemia de coronavirus. La situación, expresó el Departamento de Estado, amenaza sus vidas.
Richardson se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro a quien la Casa Blanca desconoce ya que respalda al autoproclamado Juan Guaidó. El gobierno norteamericano entregó a este último el control de Citgo en 2019, tras reconocerlo como presidente. El Departamento del Tesoro estadounidense emitió medidas de protección que bloquean cualquier intento incautar acciones de esta filial de PDVSA por parte de sus acreedores. La medida fue tomada luego de Citgo quedara a un paso de ser confiscada tras un fallo a favor de la empresa canadiense Crystallex. Esta compañía obtuvo esa sentencia ya una de las minas que operaba en Venezuela fue estatizada en 2011.
