Temas de debate: Cuáles podrían ser las consecuencias del Acuerdo Federal Minero
La eterna promesa de las inversiones
A la eliminación de las retenciones mineras por parte del gobierno de Mauricio Macri se suma el acuerdo federal, con el cual el oficialismo dice que podrían atraer 25 mil millones de dólares de inversión. Dudas de los especialistas.

Producción: Javier Lewkowicz

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Figurita repetida

Por Roberto Adaro *

Días atrás, algunos medios especializados en la temática minera, difundieron la noticia de la celebración de un nuevo acuerdo federal minero en el seno del Consejo Federal de Minería (Cofemin), por parte del Estado Nacional y la representación sectorial de cada una de las provincias. 

El marco legal que regula la actividad minera en Argentina, está conformado por una serie de leyes -desde el Código de Minería, hasta el tratado binacional con Chile-, “perfeccionadas” en los años noventa bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, que junto con la reforma constitucional de 1994 cimentaron las bases del crecimiento de la inversión minera trasnacional, especialmente en metales como oro y cobre. Aquel “boom” de inversiones extranjeras estuvo vinculado más bien a solucionar los déficits del sector externo de la Balanza de Pagos, que a una estrategia productiva para el sector, que permitiera abastecer de materia prima a las industrias nacionales y agregara valor localmente. Así lo demuestran los datos de empleo, valor bruto de la producción, comercio exterior, consumo, concentración y extranjerización de la producción entre otros.

El mantenimiento del andamiaje principal del marco regulatorio minero constituye uno de los cuestionamientos a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a pesar de haber impuesto retenciones a las exportaciones de oro y cobre, de obligar a las empresas a liquidar en el país las divisas fruto de sus exportaciones, de promover la asociatividad desde el sector público como en el caso del litio, o de la sanción definitiva de la ley de glaciares y la publicación de los primeros inventarios. 

Las recurrentes protestas de las comunidades afectadas, denuncian los conflictos sociales y ambientales aún por atender.

El impulso que el gobierno nacional pretende darle a un nuevo acuerdo federal minero lleva a preguntarse en la necesidad de un pacto de este tipo que modifique aquel celebrado en los noventa. ¿Qué quiere cambiar el gobierno de Cambiemos? ¿Será la solución propuesta por el gobierno de Macri para los recurrentes incidentes ambientales?¿Habrán surtido efecto las plegarias recomendadas por el “ministro de rezos” Sergio Bergman?

No parece ser el caso. Mientras buena parte del gabinete nacional sigue “haciendo como que hace”, tal el propio Bergman -sobreactuando más allá de su competencia, escudándose detrás de una herencia que denuncian pesada en el afán de construir un nuevo relato, y demostrando su inoperancia e ineficiencia en cuestiones concretas como los incendios e inundaciones-; otros, como sus pares de energía y minería, defienden los intereses corporativos que representan.

A la eliminación de las retenciones mineras por parte del gobierno de Mauricio Macri, se suma el pretendido acuerdo federal minero, el cual detrás de su pompa y su prosa -aún la intención de trabajar coordinadamente con el Consejo Federal de Medio Ambiente ha sido puesta en duda por las propias representaciones ambientales de las provincias-, persigue el fin excluyente de atraer inversiones, repitiendo la muletilla que el gobierno nacional recita desde diciembre de 2015 sin haber conseguido más que anuncios que no han incidido en el declinante panorama económico nacional; renovando una fórmula de comprobado fracaso en los noventa, excepto para las ganancias de las empresas trasnacionales. 

El gobierno nacional se equivoca si pretende promocionar la inversión en minería con medidas de corte fiscal como la eliminación de las retenciones o este nuevo acuerdo federal. La minería es un negocio global, donde sus actores preponderantes son empresas trasnacionales que juegan sus acciones en las principales bolsas del mundo. Los precios de los minerales se deciden mayormente en el exterior. Hacia allí va la mayor parte de lo producido. En momentos de crisis internacional, ¿Porqué las empresas mineras habrían de fijarse en Argentina para invertir a partir de este nuevo acuerdo? ¿Aún así, si las inversiones se realizaran, qué elementos nuevos aporta este acuerdo federal que lo diferencien de la experiencia de los noventa? Figurita repetida en un álbum ajado.

* Ex director de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.


Capacidades provinciales

Por Arturo Trinelli  *

Según datos de la Cepal, Argentina ocupa actualmente el cuarto puesto en reservas de litio y cobre, la séptima posición en plata y boro y el noveno lugar en oro y potasio del mundo. Durante el período 2003-2015 los proyectos mineros se incrementaron en más de 3.000 por ciento, la producción acumuló un crecimiento superior al 800 por ciento y la minería pasó a ocupar el quinto lugar entre los mayores complejos exportadores nacionales. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) posee 35.000 afiliados totales, estimando en cuatro empleos indirectos por cada puesto de trabajo directo que genera el sector.

A diferencia de los fuertes contrastes observados en otras áreas, la minería presenta más continuidades que rupturas entre la gestión anterior y la actual, toda vez que se ha respetado el marco regulatorio sancionado durante los ‘90 por entender que inversiones de riesgo y de mediano-largo plazo para la explotación de minerales requerían de incentivos fiscales. El macrismo ha profundizado este proceso eliminando el 5 por ciento de las retenciones que pesaban sobre el sector, y hoy avanza en un Acuerdo Federal Minero para homogeneizar algunas condiciones frente a las siempre heterogéneas realidades provinciales.

Y es que en Argentina cualquier valoración sobre la minería resulta aproximada si no se repara en la esfera subnacional. En tanto titulares del “dominio originario” de sus recursos, son las provincias las autoridades concedentes y de aplicación, lo que complejiza mucho adoptar posiciones maximalistas como las que claman por una “minería sustentable” (como si tal condición dispensara a la actividad de rendir cuentas por el impacto ambiental que genera) y otras que la rechazan enfáticamente desconociendo que (i) para muchas jurisdicciones ya son realidades consolidadas y de cuyos ingresos por regalías se compone buena parte de sus fuentes fiscales y (ii) los gobernadores de las provincias mineras son decididos impulsores de la actividad y en general esa posición no les genera grandes costos políticos (suelen ser elegidos y reelegidos para más de un mandato). 

Pareciera, por lo tanto, que un debate superador debiera conducir a poner el foco en las capacidades estatales que están desarrollando las provincias luego de casi dos décadas de minería metalífera intensiva. Estas capacidades estatales provinciales podrían evaluarse por:

–La intensidad burocrático-institucional forjada después de años de vigencia de los emprendimientos en sus territorios, con funcionarios capacitados en el manejo de temas de alta sensibilidad social y relevancia presupuestaria.

–La efectiva verificación del know-how asimilado por las empresas públicas provinciales luego de décadas de vínculo con empresas extranjeras portadoras del específico conocimiento de la operación y dotadas de alta capacidad tecnológica.

–El tipo de asociación público-privada alcanzada, que asegure los compromisos asumidos con el capital extranjero sin por ello resignar condiciones de fiscalización y monitoreo.

–El nivel de sistematización de la información de las áreas, activo que juega más a favor de las firmas extranjeras que de las provincias por cuanto muchas veces éstas disponen de información dispersa, no digitalizada y escasamente relevada, que no da cuenta del verdadero potencial geológico que poseen.

–La posibilidad de impulsar proyectos alternativos valiéndose de los recursos de la minería pero que apunten a diversificar la estructura productiva provincial y lograr, así, cierta sobrevivencia al inevitable agotamiento de los minerales, al margen de nuevas exploraciones que puedan realizarse. En este marco, hay un alarmante déficit en la regulación de cierre de minas y del aporte empresario en la fase post productiva, que no alcanzan a compensar las políticas de responsabilidad social que promueven las firmas.

Del estudio de estas variables, como de otras que puedan apuntar a un mejor posicionamiento del Estado frente a consorcios extranjeros que operan a escala global, dependerá en buena medida la evaluación que pueda hacerse del paso de la minería metalífera por el país, que por ahora consagra a la Argentina como proveedor de materias primas de escaso valor agregado y exiguos encadenamientos productivos. 

* UBA-Flacso-UNPaz Fundación Generación del Sur.