A pocas horas de cumplirse un año de que la empresa Vicentin SAIC declarase su “stress financiero” y provocara uno de los desfalcos más notorios del país, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo del grupo dispuso la intervención de la empresa por 90 días y con la posibilidad de extender ese período. Según el fallo, quedará al frente del proceso Andrés Shocron, uno de los veedores que propuso el comité de acreedores, mientras que el subinterventor deberá ser nombrado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Hasta que se produzca su designación, la función será desempeñada por María Victoria Stratta, como directora general de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

El magistrado también resolvió la prohibición de modificar la composición y la tenencia del capital accionario de la empresa concursada, de acuerdo a lo establecido en la última asamblea ordinaria. Esto significa que, en tanto se extienda la intervención, Vicentin no podrá deshacerse de acciones ni tampoco vender parte de sus activos.

En este lapso, deberá completarse la memoria y balance correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2020, según se desprende del fallo. Será tarea del interventor poner en conocimiento los documentos referidos al juzgado en cuestión.

En los considerandos del extenso texto, el juez describe la situación financiera de la empresa, en cuyo último balance -cuestionado por sus acreedores- declaró pérdidas por más de $ 52.500 millones, y argumenta su decisión en la salvaguarda del capital de la cerealera.

Asimismo, pesó en la decisión de Lorenzini "el actual contexto de incertidumbre acerca del rumbo actual de la empresa", que optó por "la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por el juzgado".

Hace 15 días, el nuevo directorio se mostró confiado en encontrar una pronta salida a la crisis de la compañía. Para los flamantes directivos, la "nueva Vicentin" debe estar integrada mayoritariamente por accionistas locales para mantener el capital de la cerealera en manos nacionales, aunque no descarta la entrada de capital extranjero.

"La intención del directorio no es extranjerizarla. El modelo inicial que se plantea es conseguir capital local que mantenga la mayoría nacional. Ya hay interesados internacionales, por la importancia productiva de la Argentina y lo que significa para el país Vicentin. Pero falta atraer a inversores nacionales, para concretar una propuesta y seleccionar a los de mayor potencial". Con esas palabras le resumió a medios porteños el propósito que persigue la nueva cúpula empresarial Diego Guelar, a quien Vicentin contrató como asesor externo hace unos días.

Los directivos de Vicentin se fueron el miércoles de la Legislatura sin responder la gran pregunta: “¿Dónde está la plata?”. Los 300 millones de dólares que les prestó el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Y la deuda acumulada de 1.400 millones de dólares que destapó el default, según la comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados, que es el único ámbito institucional que monitorea el concurso de la cerealera y las causas judiciales que involucran a sus directivos. “Queremos saber dónde fue el dinero que debe Vicentin. Ellos dicen que está en el sobredimensionamiento de las inversiones. Ese argumento no nos satisface”, dijo a Rosario/12 el presidente de la comisión Luis Rubeo. Su colega, Rubén Giustiniani, coincidió que “el interrogante quedó sin respuesta”. Mientras que el diputado Carlos del Frade fue más enfático. “Los nuevos directores del grupo repitieron la mentira que nos dijeron” los anteriores, en abril. “Nos toman de giles. A mi entender, el dinero está en cuentas particulares, en bancos suizos y holandenses y en paraísos fiscales. Un fenomenal robo al pueblo garantizado por el macrismo”, denunció.