El exvicepresidente Amado Boudou recibió el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes cuestionaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó firma la condena a 5 años de prisión del ex ministro en la causa "Ciccone". Entre muchos otros, se pronunciaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque.

"Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades", dijo el jefe de Gabinete a través de su cuenta en la red social Twitter.

De Pedro apuntó a "algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial" y les pidió que "dejen de presionar" al Poder Judicial. "Me sumo a las expresiones del gobernador de Buenos Aires (Axel Kicillof), a las del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y a un montón de sectores de la sociedad que le ha perdido confianza a un sector del Poder Judicial que parece que usa el Código Procesal en el marco de las cuestiones políticas", señaló De Pedro, tras la firma del Consenso Fiscal en el Museo del Bicentenario. "Nosotros entendemos que los códigos, la Constitución, son para respetar y queremos pedir a algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial, que dejen de presionar a la Corte Suprema y que dejen de presionar al Poder Judicial", aseveró el funcionario.

El jueves, la Corte declaró "inadmisible" el recurso presentado por Boudou y, sin argumentar su decisión, dejó así firme la condena del exfuncionario por la apropiación de la calcográfica Ciccone. La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión había sido confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, tras lo cual el exvicepresidente había presentado un recurso para que la Corte revocara el fallo.

"Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare", señaló por su parte Kicillof. En tanto, Larroque consideró que "es imposible dejar de pensar de que detrás de esto haya una especie de venganza de un sector económico que jamás le va a perdonar a Boudou que haya recuperado los recursos de trabajadores para el Estado". 

Desde la CTA, Yasky fue un poco más lejos y evaluó que "el fallo es aberrante desde el punto de vista jurídico, pero demuestra que el gobierno de los ricos y para los ricos dejó el huevo de la serpiente".. 

El Frente de Todos difundió un comunicado donde expresó su "preocupación" ante la resolución de la Corte Suprema y dijo que "este fallo, sumado a otras graves actuaciones judiciales, como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y Ios más vulnerabilizadxs".

A través de las redes sociales se pronunciaron también legisladores como la diputada Cristina Alvarez Rodríguez, que dijo que era "preocupante que la Corte Suprema convalide el lawfare y la persecución a Boudou en un fallo sin argumentos, que confirma la injusticia", y le deseó "fuerza" al exvicepresidente.