Un grupo de más de 70 policías reprimió con balas de goma ayer a miembros de la Comunidad Las Pailas, en el marco de un conflicto territorial en jurisdicción del municipio de Cachi. Cerca de la medianoche fueron liberados los cuatro diaguitas detenidos, Hernán Fabián, Verónica Cruz, Héctor Fabián y Juan Condorí. La Comunidad denunció que la auxiliar fiscal penal de Cachi, María Juárez Mattar, perdió objetividad en favor de titulares registrales de la zona. La Policía se hizo cargo de que reprimió sin orden escrita judicial. 

Héctor Fabián y Juan Condorí son representantes del Pueblo Diaguita Calchaquí ante la provincia de Salta y el Estado nacional. Fabián es vocal diaguita y presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y Condorí es delegado diaguita en el Consejo de Participación Indígena (CPI) ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

La represión fue denunciada por la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS). "El accionar policial protege a los usurpadores territoriales, para que continúen con sus tareas de intromisión en territorio comunitario", aseguró en un comunicado. Sostuvo que la Policía secuestró "ilegalmente pertenencias de los miembros comunitarios", que las detenciones fueron ilegales y que "la auxiliar hace caso omiso a la orden judicial del juzgado Nº 8 y pretende desconocer el Derecho Originario" y con ello viola sus derechos constitucionales como pueblos preexistentes.

La Comunidad Las Pailas disputa territorio con la titular registral María Florencia Wayar, quien el 6 de este mes los denunció por usurpación. En el marco de ese trámite la jueza de Garantías Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó que se reforzara la presencia policial en el lugar, con el "fin de impedir el ingreso de personas ajenas al inmueble en cuestión", informó el Poder Judicial. 

En ese supuesto objetivo, ayer la Policía armó un operativo con 75 efectivos, 7 móviles y 4 motocicletas al mando del comisario inspector Sergio Villanueva. Con esa seguridad, el tractor de la titular registral volvió a ponerse en marcha y un grupo de mujeres diaguitas se cruzó en su camino y lo detuvo. El apoderado de Wayar, Oscar García, denunció a estas mujeres. Según el informe policial, la auxiliar fiscal no dio directivas y solo les dijo que cumplieran con la orden del Juzgado. Pasadas las 13 los policías demoraron a un menor de edad que había arrojado piedras. A las 15.30 los empleados de la titular registral intentaron seguir trabajando, unos 20 diaguitas trataron de impedirlo. Según la Policía, les pidieron que desistieran y los diaguitas "reaccionaron violentamente", los insultaron y arrojaron piedras y en ese momento se concretaron las detenciones. La Policía aseguró que un miembro de la fuerza fue lesionado y que le rompieron el vidrio a un móvil. 

Mientras los sucesos seguían en desarrollo y la represión alcanzaba difusión nacional, el fiscal Ezequiel Molinati viajó al lugar de los hechos y logró que la Comunidad y la titular registral firmaran un acta acuerdo comprometiéndose a participar de una mediación cuya primera reunión sería recién en la primera semana de enero. Mientras tanto, el compromiso es que por los diaguitas solo podrá permanecer en el lugar la familia Mamaní, cuya vivienda está en el lugar de conflicto, mientras que Wayar podrá ingresar, pero no avanzará con las labores que venía tratando de llevar a cabo. 

Poco después recuperaron su libertad los cuatro detenidos. 

Que sí, que no 

El Ministerio Público Fiscal de Salta aseguró ayer que la fiscala auxiliar no ordenó la represión. Sin embargo, los diaguitas ratificaron que, si bien no lo hizo por escrito, sí dispuso verbalmente el operativo policial que fue a resguardar la labor de la titular registral sobre el territorio en disputa, "entendiendo que estaba cumpliendo con la decisión judicial" de Puertas, dijo el abogado Martín Plaza, integrante y asesor de la UPNDS. 

El letrado hizo notar que la jueza mandó que la consigna policial impida el ingreso de personas ajenas al inmueble, y la fiscala "interpretó que no debía permitir el paso de los diaguitas y sí permitió la presencia de la contraparte". En este sentido, contó que la misma Juárez Mattar dijo a los comuneros "que la posesión es de Wayar y que los extraños son los diaguitas, y por eso mandó a la Policía". Esto, a pesar de que la auxiliar fiscal "no tiene facultad para decidir sobre el dominio. El que tiene que decidir eso es un juez y no un auxiliar fiscal, entonces está tomando atribuciones que no le corresponden", por lo que "si ella tenía alguna duda respecto a eso debería haber llamado a la jueza o pedir una aclaratoria y no mandar a la policía a reprimir". 

Por otro lado, las detenciones se hicieron sin orden judicial. La Policía recurrió para ello a las atribuciones que le confiere la normativa. Sin embargo, el Poder Judicial sostuvo que tras la denuncia de Wayar, el fiscal Molinati pidió el allanamiento y la detención de los supuestos usurpadores, pero comunicó que se iba a realizar una mediación. Ayer el fiscal informó que pidió la libertad de los cuatro detenidos. 

Además de la consigna policial, la jueza Puertas otorgó un plazo de 48 horas a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, al INAI y al Defensor Oficial Penal, para que digan si la ocupación de Las Pailas "se encuentra contemplada o no por la emergencia territorial prevista por la Ley 26160". 

Plaza insistió anoche en que la auxiliar fiscal perdió objetividad en este proceso. Dijo que si bien para ocupar este cargo "no se requiere imparcialidad, sí se requiere objetividad. Y nosotros sabemos que hace rato la ha perdido. La orden era que no hubiera ninguna represión hasta tanto se reuniera la mesa de diálogo", recordó. "Hay un empecinamiento con las comunidades, que me parece que no debería tenerlo si quiere seguir haciendo su trabajo con cierto nivel de objetividad", ratificó.