J. C. T., desde Santa Fe
Rosario/12 anticipó hace una semana que el gobierno de Omar Perotti iba a rechazar el operativo del juez Fabián Lorenzini para involucrarlo en la intervención light de Vicentin, sin desplazar al directorio. “La posibilidad de que esto sea aceptado es casi cero”, confió una fuente de la Casa Gris que interpretó el intento del magistrado como una jugada para “hacer responsable a la provincia de la desgracia que puede tener la empresa”. Ayer, el fiscal de Estado Rubén Weder formalizó el rechazo que anunció en este diario uno de sus colegas del gabinete. Weder comunicó a Lorenzini el “desinterés” de Perotti de nominar al subinterventor de Vicentin, mientras que la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta, también le aclaró que ella tampoco puede ocupar ese cargo –como dispuso el magistrado- porque es “incompatible” con “el rol de fiscalización” y “contralor” de la empresa que le asigna la ley 6.926
Weder le reprochó a Lorenzini la intervención light, que dispuso el 3 de diciembre, sin remover al directorio. “Es fruto de una reflexión tardía, dictada a destiempo y en un contexto distinto”, le dijo. En junio, Perotti habían propuesto intervenir la empresa, desplazar a sus directores, constituir un fideicomiso con las acciones que cederían los accionistas y buscar inversiones nacionales. Era una propuesta “para superar la crisis” de Vicentin, le recordó Weder. Cinco meses después, la respuesta de Lorenzini al plan Perotti es apenas una “invitación” para designar al "subinterventor" con “atribuciones limitadas” y eventual reemplazante del “interventor” Andrés Schocron, pero sólo por “un plazo máximo de 10 días corridos”.
“La provincia planteó -en junio- el desplazamiento de todos los directores” de Vicentin, recordó Weder. En cambio, ahora, Lorenzini, interviene la empresa, pero los mantiene en sus cargos, a pesar de que carecen de un “plan de negocios” para afrontar la “acuciante” situación de la empresa.
A juicio del gobierno de Perotti, el operativo de Lorenzini es un blindaje. “Una bisagra –lo califica el fiscal de Estado- que permita apreciar la responsabilidad de los ex-directores, sin que ello implique carga alguna para los actuales administradores”. Por lo tanto, le comunicó al juez el “desinterés” del Poder Ejecutivo “en participar en la intervención dispuesta” y rechazó la posibilidad de designar a un “subinterventor que represente a la provincia”.
