Más de 6000 hectáreas son las que se prevén desmontar para generar proyectos de agroganadería en el Chaco salteño. Así surge de la publicación, en el Boletín Oficial de Salta, de dos convocatorias a audiencias públicas.

Uno de los pedidos, de la firma Baba SRL, es en un inmueble de Anta, la Finca Los Colorados. Solicitó la autorización del desmonte “con fines de ganadería” en una superficie de 662 hectáreas netas a deforestar, con 291 restantes de protección o ‘reserva’". La audiencia está prevista para el 7 de enero, un día después de Reyes Magos, y en plenas vacaciones para la mayoría de la población salteña. Se hará a partir de las 10 en el Salón Municipal de la Casa de la Cultura de Joaquín V González, en el departamento Anta.

El segundo pedido, que fue publicado ayer, es de la firma Quebracho Colorado. Solicita el desmonte de 2.764,97 hectáreas netas en una primera etapa y 2.959,77 hectáreas netas en la segunda. Se propone dejar 3.865,86 hectáreas para protección y reserva. La resolución sostiene que la posibilidad de continuar con la segunda etapa queda supeditada la habilitación de los módulos “a control, monitoreo y aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de un informe circunstanciado a cargo del proponente”. La deforestación es para generar un proyecto de agroganadería. En este caso, la audiencia está convocada el 12 de enero de 2021 a las 9 en el salón “Rómulo Anselmo Torres” de La Estrella, en Orán. 

Entre ambas convocatorias se prevé la autorización de desmontes de 6.386,74 hectáreas en total.

Para ver el expediente y el detalle del impacto ambiental y social la Secretaría ofrece un horario de 9 a 14, con turno previo solicitado por teléfono, a “los fines de prevención del Covid-19”. “Por prevención es que podrían haber digitalizado los expedientes”, consideró el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake. Es que además del horario más que limitado y los turnos para ver el expediente, cada uno de ellos es entregado con un soporte digital en el que se anexan otros datos. Mientras que la Secretaría de Ambiente no avanza en esta posibilidad de transparentar la información, sí se publicó una resolución para la posible realización de audiencias públicas digitales. En general, las zonas de influencia de los desmontes no cuentan con conectividad.

La matrícula 30.737 de Orán, que Quebracho Colorado pidió desmontar, ya no continúa con ese número en la Dirección General de Inmuebles de la provincia. Por lo dispuesto en el Boletín Oficial, se deduce que la convocatoria publicada ayer es una re edición de aquella que fue publicada en marzo pasado pero fue suspendida ante el inicio de la cuarentena en el país.

Hasta donde se pudo averiguar, el desmonte que propone Quebracho Colorado se encuentra en una zona verde, es decir, que según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, es pasible de desmonte. Sin embargo, este Ordenamiento está vencido desde el 14 de mayo de 2014. Así lo observó la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, en una nota enviada a la provincia el 26 de octubre pasado. 

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, le respondió al otro día: “quiero manifestarle que esta nueva gestión se encuentra avocada a cumplir con dicho mandato legal (de actualizar el OTBN), haciendo saber que, en alguna medida, las circunstancias sanitarias que hoy atraviesa nuestro país, dificultan los procesos previamente establecidos. No obstante ello, se avanzará a fin de dar cumplimiento cuanto antes con la actualización del OTBN, dado el tiempo transcurrido desde su vencimiento, sin que a lo largo de toda la gestión anterior se procurara dicha actualización”.

La actualización del Ordenamiento sigue en capilla mientras el desmonte avanza.

Una empresa desmontadora

Según surge de las audiencias publicadas en el Boletín Oficial desde 2007 hasta ahora, Quebracho Colorado solicitó el desmonte de unas 56.033,74 hectáreas en distintas fincas a su nombre ubicadas en Anta, San Martín y Orán.

El desmonte más grande pedido por esta empresa fue sobre 30.962 hectáreas del departamento San Martín en 2007. El proyecto de deforestación estaba trazado sobre parte del territorio ancestral wichí de la Comunidad de El Traslado, por lo que se había interpuesto un amparo. La firma, que es propiedad de los hermanos estadounidenses Paul y David Gabel, finalmente “acordó” con la Comunidad otorgarle 1.700 hectáreas. Destrabado el conflicto, las máquinas pasaron al desmonte. Sin embargo, hasta ahora la Comunidad no cuenta título de propiedad de las tierras. Esta es la misma Comunidad de donde era una niña fallecida por desnutrición ayer. 

En 2007 la secretaria de Política Ambiental de la provincia, Catalina Buliubasich, suspendió la ejecución del desmonte aplicando el principio precautorio. Este prevé que cuando una actividad de desarrollo pueda producir "un daño irreversible al medio ambiente, se deben tomar las medidas para detenerlo". Pero el tiempo provisorio caducó un poco después de que Buliubasich renunciara al cargo, presuntamente por desencuentros con la política que quería llevar adelante la anterior gestión de gobierno, respecto a los desmontes en la provincia.