El coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno provincial, Pablo Outes, mantuvo ayer una reunión con senadores para detallarles los alcances del proyecto de Ley de Regalías Mineras enviado por el Ejecutivo, que será tratada este jueves por la Cámara alta y que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Llamó la atención que sea el coordinador de Enlace, acompañado por el presidente de REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), Alberto Castillo, quienes asistieron a la reunión con la mayoría de los legisladores, y no haya estado presente el secretario de Minería de la provincia, Ricardo Alonso.

Esa situación parece reafirmar lo que le dijeron a este medio tanto el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva, como el senador departamental, Martín Arjona, en cuanto a que el objetivo de la normativa tiene una sola finalidad ahora que las mineras dejaron la etapa exploratoria para pasar a la de producción y extracción: “recaudar”.

Lo mismo había comentado el secretario de Minería al ser consultado por su ausencia a la hora de ir a dar explicaciones en Diputados sobre la reforma de la Ley 6.294. En ese momento, Alonso contestó que no era necesaria su presencia, ya que todo lo que se modifica tiene que ver con lo recaudatorio, por lo que señaló al secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, como quien debía dar las respuestas del caso.

El gobierno provincial sigue insistiendo con la sanción de la ley que modificará los índices de regalías a pesar de la oposición que le presentó el departamento de Los Andes en su conjunto. Al fastidio de los intendentes y el senador por ver como se reducirán los índices de regalías, se sumó la oposición de las comunidades Kolla y Atacama que viajaron a Salta a presentar un petitorio con firmas de los vecinos, y hasta la Cámara de Proveedores Mineros de la Puna se adhirió a los repudios.

Sin embargo, Outes sostuvo ante los legisladores que la minería constituye uno de los sectores que motorizará el desarrollo de la provincia por las próximas tres décadas y advirtió que se deben generar las condiciones para que ese crecimiento llegue de la mano de nueva legislación. Argumentó que la centralidad del Ejecutivo provincial le dará mayor seguridad jurídica, infraestructura y controles efectivos para cuidar al medioambiente.

Para el funcionario, los cambios planteados buscan adecuar una actividad que hasta hoy se basaba “en la extracción de áridos y boratos”, por un nuevo esquema basado en la extracción de metales y minerales de otro valor que requieren de mayor inversión, como oro, litio y cobre, que a la vez dejarán mayores recursos.

El mismo coordinador mostró cómo las proyecciones en recaudación mejorarán sideralmente a partir del año que viene, cuando deje según las estimaciones unos $52 millones en concepto de regalías, cifra que irá aumentando hasta llegar a una estimación de $704 millones en 2024, con la posibilidad cierta "de duplicarse en 2025 cuando entre en producción el yacimiento Taca Taca", tal como informa el parte de prensa oficial de la reunión emitido por la Cámara de Senadores.

Con ese parámetro, estimó que una localidad minera como San Antonio de los Cobres, pasará de percibir $1.700.000 este año a $22 millones en 2021, solo con regalías de una de las empresas que opera en la zona. Afirmación que no se ajusta al cálculo anterior, ya que ni aún con la ley vigente, que prevé el 50 % por ciento para los municipios productores, se corresponden esos números en base a un ingreso de 52 millones. Mucho menos si se aplica la ley próxima a aprobarse que solo les deja el 11,25% a repartir.

Con un argumento con algo más de peso, Outes sostuvo que los inversores requieren infraestructura y por ello el Estado provincial tomó a su cargo el proyecto de nuevo gasoducto a la Puna, que tendrá una extensión de 370 kilómetros y una inversión de 400 millones de dólares, aunque aclaró que para eso el gobernador Gustavo Sáenz, está gestionando a nivel nacional con vistas a conseguir financiación internacional.

Recordó a su vez, que el gobierno ya se comprometió a través del Presupuesto 2021 a avanzar con obras viales como la pavimentación de la ruta 51 y parte de la 40, que lleven a que Salta pueda revertir años sin participación en la exportación de minerales, ya que se estima un aumento del 20% para 2020 y de un 500% para el año 2021. La minería hoy representa el 1% del PBI provincial, pero a partir de las nuevas explotaciones ese índice aumentará.

Por último, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas dijo que la provincia no quiere que ocurra lo que sucedió a fines del siglo pasado en el norte provincial con los hidrocarburos y para ello “se requiere de un Estado que controle, recaude y reasigne esos recursos para que sean invertidos en obras por parte de los municipios”.

Al finalizar la reunión, el legislador Jorge Soto manifestó que “faltaba una buena explicación”, e informó que Outes se comprometió a reunirse con las comunidades “que son las que plantearon su oposición”.

Comunidades cortarán la ruta

Mientras la reunión entre los funcionarios provinciales y los senadores se realizaba en la legislatura salteña, en San Antonio de Los Cobres, los referentes de las comunidades Kolla y Atacama realizaron un acto para manifestar su repudio a la reforma y a la manera en que desde el gobierno provincial desoyeron sus pedidos, y anunciaron que a partir de hoy cortarán la ruta 51 en el acceso a esa localidad.

“En defensa de mi pueblo vamos a hacer un corte de ruta, es la última herramienta que tenemos contra las decisiones que tomarán aquellos que deciden por nosotros y que van a dejar postrado a nuestro departamento”, dijo Pedro Lázaro, referente de la comunidad Kolla, y fustigó a algunos representantes como al vocal del Consejo directivo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), Miguel Siares: “tiene que estar aquí, no del lado del gobierno”, señaló.

Las modificaciones a la Ley de Regalías Mineras apuntan principalmente a engrosar la recaudación de las arcas provinciales, ya que a partir de que se promulgen los cambios, la provincia pasará a recaudar el 70% de las regalías, mientras que el restante 30% se repartirá entre todos los municipios de la provincia y el Fondo Especial de Promoción Minera.

La vigente Ley 6.294 indica que el tributo minero queda en un 50% para los municipios y la otra mitad para el Fondo de Promoción. Pero con el nuevo esquema, del 20% correspondiente a los municipios, el 11,25% será para aquellos donde se origine la producción minera; el 6,25%, para los que no producen y se encuentran dentro del departamento productor y el 2,5%, para los municipios ubicados en departamentos no productores.

En tanto, el Fondo Especial de Promoción Minera recibirá el 10% y los destinará de la siguiente manera: la mitad para promoción y capacitación; el 2,5% será para tareas de fiscalización, control y estímulo y solo el 2,5% a políticas de prevención y mitigación ambiental y social.

Es tal la confianza en la mayoría que tiene el oficialismo en ambas cámaras, que para el presupuesto 2021 se incluyeron los parámetros de la ley de minería modificada que aún no fue sancionada.

Para hoy se espera que las modificaciones a las regalías sean aprobadas antes de que se aborde el presupuesto.