Los bebés de probeta –fertilización in vitro- son descartables. No hay control claro sobre el destino de estas “vidas”. Por lo tanto, la ley legisla/habla sobre el cuerpo de la mujer que carga el embrión y no sobre el embrión. Esto prueba fehacientemente que la criminalización del aborto es una ley AD FEMINAM y no sobre la vida. Gran inconsistencia jurídica: hipercriminalización del aborto y vacío jurídico cuando los embriones están en probetas. ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no dejan en un vacío jurídico el tema del aborto?

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El pañuelo azul y el pañuelo verde no son análogos: el azul impone a todos su creencia (que un embrión sin ningún grado de autonomía física o de consciencia es una persona), mientras el verde permite una decisión democrática: permite la pluralidad de creencias y conciencias. Se trata de sistemas de creencia y no de ciencia.

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Al respecto de la objeción de conciencia de los médicos: cabe sospechar que resulta de un resquemor con relación al prestigio adquirido por la profesión: “¿ahora tendremos que rebajarnos a hacer el trabajo que siempre estuvo en manos de parteras aborteras?”. Después de que una testigo amiga de la familia me contó que un célebre ginecólogo objetor de conciencia cordobés había realizado un aborto en su propia hija, al margen de que la historia me causó intensa náusea moral, pasé a sospechar que el escrúpulo “de conciencia” no es tal, sino muy otra cosa: o un escrúpulo de clase o, también, la protección de una fuente de ingresos por abortos clandestinos cobrados a precio de oro a las mujeres pudientes.

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La ley que criminaliza el aborto no tiene eficacia material porque no ha obtenido eficacia simbólica, es decir, persuasiva. La práctica del aborto continúa intocada por la ley. Las personas con recursos viajan a países en que pueden realizar un aborto seguro y legal, o pagan para hacerlo en una clínica clandestina, siempre cara. Quien no tiene recursos sufre físicamente –porque moralmente sufrimos todas-, y en no pocos casos se enferma y muere. Esto demuestra claramente que la ley está muy lejos de tener una relación causal y determinante de los comportamientos. Solo si persuade y disuade, es decir, si tiene eficacia simbólica, consigue la eficacia material. Y la ley contra el aborto nunca jamás accedió a esa condición sagrada de la ley: su función pedagógica, su capacidad de convencer de que lo que su letra dice tiene sentido.

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Nos damos cuenta de que la ley habla, en primer lugar, de quien tiene la potestad de escribirla. O sea, presenta y representa, exhibe el retrato de quien escribe las leyes en un país. En este caso, les parece de fundamental importancia situarse en la plataforma de poder determinar lo que nos sucede a las mujeres. La ley es una forma más del espectáculo de poder/dominación/dueñidad sobre el cuerpo de las mujeres.

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Las curias, las gerencias eclesiales, por ejemplo, quieren dejar claro que la Montblanc que escribe las leyes todavía está en sus manos. Siguiendo esa lógica, muchachas en la calle haciendo bullicio “no tienen autoridad para escribir una ley”.

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Este es un tema de violencia, poder, dominación y dueñidad sobre las mujeres. Les usurpa la soberanía sobre su propio cuerpo y destino. Y ese es el sentido y significado de esta maldita persecución. La hoguera de las brujas y su barbarie inquisitorial es la ley antiaborto del presente.

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Imitamos a los países europeos en todo. Somos colonizados y eurocéntricos. Pero no en lo que deberíamos imitarlos. Lo que merece imitación, justamente, queda fuera de la copia. Habría que preguntarse seriamente ¿por qué? ¿De dónde emana nuestro atraso?

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Obligar a una mujer a tener un cuerpo extraño, no deseado, dentro de sí, es una experiencia idéntica a la de una violación. Pero la peor de todas las violaciones: una violación de Estado. “Sáquenme esto que me puso adentro el viejo” había dicho la niña tucumana de once años que fue obligada a gestar y parir, luego de ser violada por el novio de su abuela. “Sáquenme esto de adentro” dice la mujer violada.