Hoy le quiero poner rostro al aborto clandestino. Hoy no quiero que sea una estadística, un número, o una estimación. Hoy le quiero poner cara, nombre y apellido. Amanecí con el recuerdo de María Campos. Guardo en mi celular esa foto suya que me envió la familia como muestra de la barbarie que significa la criminalización del aborto en la Argentina. En esa selfie, María Campos está rodeada de sus cinco hijas: la menor entonces tenía 2 años; la mayor, 15. Tal vez fue una de las últimas fotos que se sacaron juntas: ellas con su mamá. Ya no la tienen. Desde hace poco más de dos años, las cinco hijas y el hijo varón de María no tienen mamá. María Campos murió el 27 de febrero de 2018 como consecuencia de un aborto clandestino. En la desesperación por una gestación que no quería continuar, María recurrió a lo que pudo: una curandera de su pueblo, La Candelaria, casi en el límite con Salta, le puso una sonda. María anduvo varios días con esa sonda, en aquel paraje, donde no hay ni señal de celular. Ya tenía seis hijos. No quería otro más.

El hospital más cercano a su pueblo está a unos 40 kilómetros, en San José de Boquerón, Departamento Copo. María demoró en consultar, tal vez por temor a ser denunciada. Fue a ese puesto sanitario ya con un cuadro grave. Y ante la falta de recursos para darle una atención adecuada, la derivaron a la capital provincial, al Hospital Regional de Santiago del Estero. Llegó con una infección generalizada después de una travesía de casi 300 kilómetros en ambulancia. No pudieron salvarle la vida. Murió a las pocas horas. Tenía 37 años. En esa selfie se la ve con gesto serio, preocupada.

Su muerte podría haberse evitado, si el aborto hubiera sido legal, seguro y gratuito.

En el trienio 2016-2018, 65 mujeres murieron en el país, como María, por abortos inseguros, según estadísticas oficiales. Nueve de esas muertes fueron de adolescentes de entre 15 y 19 años. Se presume, de todas formas, que hay muertes por aborto que no quedan registradas. “El subregistro de las muertes por aborto en Santiago del Estero es exorbitante. Las estadísticas oficiales mienten”, me dijo hace un año y medio Miguel Curioni, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y ex ginecólogo del Hospital Regional, quien documentó esa brecha en su tesis “El problema del aborto en Santiago del Estero. Su magnitud y costos humanos, sociales y económicos”, de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, publicada en 2014. En ese exhaustivo trabajo, Curioni demostró la diferencia entre las estadísticas oficiales y las muertes realmente registradas en los servicios de salud por aborto entre 2002 y 2011 en esa provincia. Por ejemplo, en 2010 los datos oficiales daban cuenta de 2 a 3 muertes y en realidad fueron entre 7 y 10, según el Comité de Monitoreo de la Mortalidad Materna e Investigaciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Ese comité fue desarticulado.

En las elecciones de 2017 fue electo por tercera vez gobernador de Santiago del Estero por el Frente Cívico Gerardo Zamora --estuvo en ese cargo entre 2005 y 2013-- y así, sucedió a su esposa, Claudia Ledesma, actualmente senadora. En Santiago del Estero no se dicta la educación sexual integral como marca la ley de ESI. Es una de las cinco provincias del país que no tienen ni aplican protocolo de atención de los abortos legales. En noviembre del año pasado autoridades sanitarias ordenaron tapar con pintura blanca un mural que habían hecho distintas organizaciones sociales y de mujeres en una pared del principal hospital pediátrico de la capital provincial que decía: “En un mundo justo las niñas no son madres”.

Ledesma y los otros dos senadores que representan a la provincia, el exvicegobernador José Emilio Neder, presidente del PJ provincial y Gerardo Montenegro, secretario general de UPCN, y referente del PJ de la capital provincial, anunciaron que votarán por el aborto clandestino. El Senado tiene la oportunidad histórica de cambiar esta realidad --que se repite en otras provincias-- para que no se sigan muriendo injustamente otras mujeres pobres como María, por abortos inseguros.