El año que acaba de terminar será recordado, entre muchas otras cosas, como el del destape del espionaje macrista. Distintas investigaciones judiciales buscan probar que el panóptico no sólo enfocó a los presos kirchneristas, sino también sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan o incluso sobre los comedores populares que daban de comer a niñes en la provincia de Buenos Aires. La vigilancia se ciñó sobre distintos gremios -- especialmente de la educación -- y sobre trabajadores de hospitales públicos -- como denunciaron los empleados del policlínico Posadas. Hubo espionaje sobre propios y ajenos e incluso hasta se conoció que se vendían armas al interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Las máximas autoridades de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, terminaron el año procesados por espiar a Cristina Fernández de Kirchner así como por haber montado un sistema de espionaje en la provincia de Buenos Aires, que le permitió un control casi capilar al macrismo en un territorio históricamente adverso. Las dos causas tramitan lejos de los tribunales de Comodoro Py, donde Arribas y compañía buscan concentrar todas las investigaciones. En Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide esperan que el juez Juan Pablo Augé resuelva 38 pedidos de procesamiento, algo que se conocerá probablemente cuando termine la feria de enero. En Dolores, el juez federal Alejo Ramos Padilla -- que en pleno macrismo empezó a investigar la organización que tenía al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio como uno de sus vértices más grotescos -- habló de la existencia de una organización paraestatal que incluía desde agentes de la propia AFI hasta fiscales -- como Carlos Stornelli -- e integrantes de fuerzas de seguridad, como el prefecto Franco Pini.

El espionaje durante el macrismo, según surge de los expedientes judiciales, habría tenido múltiples objetivos.

  • Espiar a todes. En Lomas de Zamora, quedó al descubierto el accionar de un grupo de agentes de la AFI que revistaban en Contrainteligencia, pero que ganaron fama por integrar un grupo de WhatsApp llamado “Súper Mario Bros”. La mayoría de ellos provenía de la Policía de la Ciudad y pasó en comisión a la AFI. Espiaron a opositores pero también a oficialistas como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Entre los espiados también estaban la hermana menor del entonces presidente Mauricio Macri, Florencia, y su pareja, Salvatore Pica. Algunos de los Súper Mario Bros tenían contacto directo con la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, que se jactaba de compartir la información que recababa entre sus amigos espías con el secretario privado de Macri, Darío Nieto. 

  • Espiar en las cárceles. En Lomas de Zamora también dieron por acreditado que la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) compartieron información sobre los presos kirchneristas alojados en el penal de Ezeiza. Los fiscales también consiguieron declaraciones de integrantes de Operaciones Técnicas de Contrainteligencia que relataron que cablearon la alcaidía provincial de Melchor Romero. Lo hicieron a la espera supuestamente de una detención de Hugo y Pablo Moyano. En Ezeiza, la AFI escuchaba a los presos y se presume que eran sus agentes quienes filtraban las transcripciones a medios y funcionarios afines.

  • Plantar espías. Entre 2016 y fines de 2017, la AFI creó seis bases en Buenos Aires para hacer espionaje político, que se centró no sólo en las actividades políticas, sino también en organizaciones gremiales y sociales -- como iglesias y comedores populares. Ramos Padilla procesó a los mandamases de la AFI por el llamado Proyecto AMBA y a su máximo responsable, Pablo Pinamonti, entre otros. Para febrero, tiene convocadas también nuevas indagatorias.

  • Espiar a los familiares. Como parte de la investigación de Ramos Padilla en las bases AMBA, la interventora Cristina Caamaño detectó que desde la delegación de Mar del Plata hubo espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan mientras demandaban saber qué había pasado con los suyos. Mientras se dirime si la investigación debe seguir en Mar del Plata o pasar al juzgado federal de Dolores, en la fiscalía continuaron tomando declaraciones testimoniales a las víctimas.

  • Las cumbres mundiales como excusa para la vigilancia total. La AFI espió a participantes y a periodistas que quisieron acreditarse para cubrir las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2017 y del G20 de 2018. En ese marco también, la exSIDE mandó autos al Instituto Patria y al departamento de Cristina Fernández de Kirchner. A los agentes les encomendaron ver si entraban o salían los bolsos. La vigilancia fue contemporánea a la explosión de la llamada causa de los cuadernos, a cargo del juez Claudio Bonadio y del fiscal Stornelli. Por ese caso, ya tienen confirmados sus procesamientos Arribas, Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste. Los fiscales de Lomas pidieron los procesamientos también de un exempleado de Bonadio que recaló en la AFI, Bernardo Miguens, y del exdirector administrativo de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano.

  • Espiar en el Hospital. Trabajadores del Hospital Posadas también denunciaron persecución por parte de la AFI. Tienen fotos que acreditan haber sido seguidos por el auto que se descubrió que le hacía vigilancia a CFK en el Instituto Patria y que pertenecía a Contrainteligencia de la AFI.

  • Mails pinchados, venta de armas y administración fraudulenta. Caamaño denunció que sus antecesores espiaron correos electrónicos y que al interior de la exSIDE liquidaron armas, que fueron adquiridas por 73 agentes, que podían elegir cuál comprar según su jerarquía y a un valor muy inferior al de mercado. La interventora también presentó en los tribunales de Comodoro Py tres denuncias por administración fraudulenta, que van desde refacciones carísimas en el edificio de la calle 25 de mayo, hasta contrataciones internacionales para capacitar en el uso de polígrafos o millonarios desembolsos para hacer un congreso de espías en el selecto Llao Llao de Bariloche. Todo eso se realizó bajo el paraguas del decreto 656 de 2016, que tornaba secreto todo lo que sucedía dentro de la propia AFI.

La Bicameral

La Comisión Bicameral de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, tuvo una agenda intensa durante 2020 con la convocatoria a exagentes de la AFI, del SPF e incluso funcionarios del Ministerio de Seguridad. Una subcomisión también trabajó durante seis meses en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y acaba de entregar un informe muy crítico que dice que la oficina de escuchas de la Corte estuvo al servicio de la persecución penal. 

Uno de los puntos que abordó el informe técnico fue la compra por parte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich de un sistema de geolocalización de celulares llamado Guardián, que, según los representantes de la Bicameral, el exsecretario Gerardo Milman puso a disposición de la DaJuDeCo, pero nunca llegó a concretarse el uso. El software habría sido comprado a Israel por varios millones de dólares y los congresistas quieren determinar si se trató de un gasto excesivo. En tal caso, deberán formular una denuncia penal.

La adquisición del sistema Guardián junto con el espionaje a los familiares del ARA San Juan y las bases AMBA -- investigación que ahora Martín Irurzun quiere arrebatarle a Ramos Padilla --  serán los tres temas en los que estará centrado el trabajo de la Bicameral en los próximos meses, confirmaron a Página/12. La Bicameral trabaja con miras a presentar un informe general sobre el espionaje durante el macrismo para fines de marzo. La mayoría de sus integrantes buscará describir el carácter de plan sistemático de la actividad ilegal de inteligencia durante la gestión Macri, en la que creen que la llamada Mesa Judicial cumplió un rol articulador porque reunía no sólo a la AFI, sino a otros organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el SPF, entre otros. La investigación sobre el presunto rol de la mesa judicial está en manos del fiscal Franco Picardi y allí, por ejemplo, se cuenta con copias de los mails de convocatoria a las reuniones hallados en la AFI.

En la Bicameral analizan los testimonios que reunieron y los informes que recibieron de distintos juzgados. Dicen haber detectado un patrón para todos los casos. Por ejemplo, el uso de semáforos para clasificar la información, como se vio en las bases del Proyecto AMBA, en las cárceles e incluso -- créase o no -- en la acreditación de periodistas para el G20.