Cristina Fernández de Kirchner pidió que la causa sobre el dólar futuro, en la que está procesada, sea elevada lo antes posible a juicio oral y reclamó que la juzgue un “tribunal imparcial”. Su abogado entregó ayer un escrito donde anuncia que no apelará el fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó el procesamiento de la ex presidenta dictado por el juez Claudio Bonadio y el embargo de bienes por 15 millones de pesos. Es difícil que el caso llegue a juicio antes de 2018. También se presentó en el juzgado de Sergio Torres y le reclamó que cite a indagatoria a funcionarios del gobierno actual y empresarios afines a Mauricio Macri que adquirieron contratos de dólar futuro por montos millonarios y resultaron favorecidos por una supuesta defraudación a las arcas públicas, en términos de lo que argumentaron los camaristas la semana pasada respecto de la propia CFK.   
“Se trata de un verdadero escándalo jurídico que, por un lado, se afirme la responsabilidad penal de los funcionarios de la anterior administración que de alguna manera habrían tomado parte en la operatoria y que, por el otro, quienes resultan sus beneficiarios directos, luego de ser dispuesta por ellos mismos la devaluación de la moneda y además haber negociado el valor de liquidación de tales contratos, permanezcan sin dar las explicaciones que corresponden ante la justicia y ante la sociedad”, dice la presentación de Beraldi en el juzgado de Torres. Por esa razón pide que se cite a declaración indagatoria a los funcionarios Mario Quintana, vicejefe de gabinete del gobierno de Macri, a su coequiper, el ex CEO de Lan Gustavo Lopetegui, a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y al director del Banco Central Pablo Curat, y a los empresarios afines a Macri, como Nicolás Caputo. Todos ellos, dice el escrito, adquirieron contratos de dólar futuro el año pasado.
La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento por defraudación a la administración pública de la ex presidenta, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros ex funcionarios. Los jueces ratificaron el argumento de Bonadio de que las operaciones de venta de dólar futuro se habrían hecho violando disposiciones del Central y a un precio que no era el de mercado. Las defensas de CFK y el resto de los imputados ya habían planteado que se estaba judicializando una decisión de política económica que no conlleva delito alguno. Los camaristas rechazaron ese argumento. Para ellos el valor de mercado que había que respetar era el del dólar blue. Según los ex funcionarios, eso sería ilegal. Farah sostuvo que el dólar paralelo era en rigor el que ponía valor “real”. El juez Irurzun acusó a la ex presidenta y su equipo económico de abuso de poder.
La posibilidad de que la causa sea elevada pronto a juicio oral depende de varios factores. La ex mandataria no es la única imputada. Los demás podrían volver a apelar su procesamiento y embargos ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es factible que alguno lo haga. Eso demoraría de por sí el expediente. Una vez que Bonadío decida que puede cerrar la instrucción, le dará intervención al fiscal Eduardo Taiano para que él se pronuncie sobre la elevación a juicio antes de concretar nada. Una vez que el expediente llegue a un tribunal oral federal, nada garantiza que la  convocatoria a audiencia seas rápida. Los tribunales demoran de uno a dos años en iniciar juicios desde que reciben un caso. A eso hay que sumar que el año que viene es electoral y no todos los jueces estarían dispuestos a dar protagonismo a CFK.
Cuando Bonadío empezó a avanzar este año con la causa sobre el dólar futuro, un grupo de diputados del Frente para a Victoria lo denunció, igual que al actual presidente actual del BCRA, Federico Sturzenegger, por haber habilitado el pago de los contratos de dólar futuro, este año, después de devaluar, lo que generó pérdidas al erario público. En ese expediente, en el que finalmente Cristina Kirchner resultó admitida como querellante por la Sala I de la Cámara, también fueron denunciados los funcionarios actuales que se beneficiaron con el dólar futuro y los empresarios allegados al presidente Macri. El fiscal Jorge Di Lello había impulsado la investigación. Según Beraldi, Torres está en condiciones de avanzar y pedir indagatorias, basándose en los argumentos que usó la Sala II de la Cámara Federal el viernes último.