En medio de un entredicho entre miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Salta, una jueza accedió a un pedido de los dos fiscales que investigan si el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, cometió un delito al revelar al comisario Walter Mamaní información sobre una causa en su contra por posibles hechos de corrupción. 

La jueza de Garantías 1° de Anta, Patricia Rahmer, ordenó la extracción física y lógica de información de dos teléfonos celulares de propiedad o uso del auxiliar fiscal. Para este fin, la magistrada ordenó el secuestro de los dos aparatos, que ya se encuentran en poder del Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Derechos Humanos. La medida, dispuesta poco antes del fin del año pasado, sumó un nuevo ingrediente a una dura controversia que involucra al juez de Impugnación Luciano Martini; al procurador general de la provincia, Abel Cornejo; la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, y el auxiliar fiscal Sergio Dantur.

La jueza Rahmer también habilitó la feria judicial de enero en el Juzgado para continuar con la investigación sobre Dantur, por posible obstrucción de justicia. Las decisiones se tomaron en respuesta a un pedido presentado por la Unidad Fiscal de Investigación integrada por los fiscales Pablo Rivero y Diego Nicolás Rodríguez López. 

En su resolución, la jueza indicó que el peritaje será realizado por el Gabinete de Informática Forense del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF), en presencia de los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación y de la defensa técnica de Dantur. También dispuso que se hagan copias de seguridad de las redes sociales asociadas a estos teléfonos.

El Ministerio Público Fiscal de Salta indicó que el peritaje permitirá determinar si la línea oficial proporcionada fue funcional para el desempeño del cargo público asignado al auxiliar fiscal y si la utilización de una línea no registrada por el Ministerio Público Fiscal perjudicó el normal y correcto desempeño de esa función. Es que Dantur usaba un teléfono de su propiedad para su trabajo oficial, mientras que había destinado a uso familiar el teléfono entregado por el MPF. 

Denuncias de connivencia 

Aunque los antecedentes de la causa en la que la jueza Rahmer decidió peritar los teléfonos de Dantur se remontan a mediados del año pasado, la situación entró en una etapa de mayor tensión el 14 de diciembre último, cuando el juez Martini decidió impulsar que se investigue a Simesen de Bielke por el presunto secuestro irregular de un teléfono del auxiliar fiscal, y la apartó de la causa en la que lo investigaba por filtrar información a Mamaní. 

Esta decisión judicial provocó la reacción del jefe de los fiscales, Abel Cornejo, quien el 24 de diciembre respondió pidiendo que se investigue si existe una connivencia entre Martini y el auxiliar fiscal, que resultó beneficiado por la resolución del magistrado y de hecho denunció penalmente a la fiscala que lo investigaba. 

El procurador afirmó que la resolución del juez produjo "efectos institucional y procesalmente devastadores" por la repercusión en la investigación que llevaba adelante la fiscala de Derechos Humanos sobre presuntos hechos de corrupción cometidos por el jefe de la Policía en la localidad de Apolinario Saravia, en el sureño departamento de Anta, y la colaboración que pudo haberle prestado el auxiliar fiscal al transmitirle detalles del trámite judicial e incluso permitirle ver el expediente. 

Cornejo recordó que la fiscala penal Mónica Poma archivó las actuaciones contra la fiscala de Derechos Humanos, decisión que el 30 de diciembre fue confirmada por su par de Impugnación, Ana Salinas Odorisio. 

El procurador pidió asimismo que se investigue la posible comisión de los delitos obstrucción a la justicia y de violencia institucional de género, amenazas o coacción agravada en perjuicio de Simesen de Bielke.

Cornejo añadió que la demora en realizar este peritaje favoreció la situación de uno de los acusados y señaló que también hubo presión de jueces de la provincia sobre el MPF. Esto último a raíz de un comunicado emitido por la Asociación de Jueces del Poder Judicial, en el que expresaron su apoyo a lo dispuesto por Martini.

Deslindar responsabilidades 

El hecho de origen sucedió en la madrugada del 28 de junio del año pasado, con la detención irregular de Luciano Diez, que se encuentra filmada por cámaras de seguridad. Walter Mamaní, que era jefe de la Policía de Salta en esa localidad, aparece en esa filmaciones, primero atacando a tiros y deteniendo de manera irregular a Diez y luego doblando la patente de su automóvil para tratar de justificar su actuación inicial. Por estos hechos fue detenido el 25 de julio de 2020, acusado por abuso de armas, falsedad ideológica y vejaciones en una causa a cargo de Simesen de Bielke. 

En su reacción por el intento de investigar a esta fiscala, el procurador destacó que desde el principio Dantur "tuvo un cabal conocimiento de todo lo acontecido y la posibilidad cierta de haber denunciado a quienes habían cometido un ilícito". En cambio, “lo que se observó a posteriori es un claro afán del funcionario del Ministerio Público de deslindarse de toda responsabilidad en el asunto, no obstante que una auditoría practicada sobre la Delegación a su cargo determinó fehacientemente un notable descontrol en la labor diaria, expedientes penales acumulados (...) sin que se les hubiese imprimido trámite inmediato", varios vinculados a delitos graves, entre otros detalles "impropios de lo que debe ser el recto funcionamiento de una oficina pública del Ministerio Público Fiscal”.