El juez Daniel Obligado, que cumple funciones de ejecución en el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, decidió no habilitar la feria judicial para tratar un recurso de apelación de la defensa del exvicepresidente Amado Boudou contra su propia decisión de que vuelva a la cárcel, por lo que el exfuncionario seguirá -- como hasta ahora -- en prisión domiciliaria.

"No habiendo solicitado expresamente la defensa a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort la habilitación de feria para dar trámite al recurso de casación interpuesto en representación de Boudou, téngase presente el mismo para su oportunidad y estése a los términos de la resolución del pasado 30 de diciembre", dispuso el magistrado en una breve resolución.

Después del fallo de la Corte del mes pasado y tras el pedido de los fiscales para que el exvicepresidente vuelva a la cárcel, el juez había resuelto revocar la prisión domiciliaria que él mismo le otorgó a Boudou en abril pasado en medio de la pandemia, teniendo en cuenta que en ese momento su sentencia no estaba firme y los cuidados que el exfuncionario le brinda a sus dos pequeños hijos.

Los defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron a la Casación que revierta la decisión de Obligado, resolución que quedará ahora para después de la feria que se extiende hasta el 31 de enero. En el documento de apelación, les defensores del ex funcionario calificaron la decisión de Obligado como "errada" y "arbitraria". Consideraron que el magistrado emitió un fallo que no fue "correctamente fundado". 

A principios de diciembre, la Corte Suprema dejó firme la condena a 5 años y 10 meses a Boudou por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone. Los supremos ni se gastaron en analizar los hechos, sino que rechazaron los recursos con un simple "280". 

El mes pasado, el exfuncionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rafael Resnick Brenner presentó un recurso para que la Corte Suprema revise su decisión de dejar firmes las condenas que el TOF 4 impuso en 2018 contra él y contra Boudou, entre otros. “Estas actuaciones son de una gravedad institucional inusitada, en efecto es la primera causa donde se pretende el conocimiento de esa Corte en donde se trata la revisión de nada más y nada menos que de una condena a un vicepresidente de la Nación, y justamente la gravedad institucional está dada no por la certeza respecto de justiciable, sino por el interés de la sociedad toda, que tiene el derecho de conocer el veredicto de la Corte respecto a un funcionario de primera línea a nivel nacional”, sostuvo Resnick Brenner en su presentación.

Para el abogado, la gravedad institucional no la da únicamente el hecho de que el condenado sea un exvicepresidente, sino todos los hechos que rodean la causa. Entre otros, que el propio Boudou y el propio Resnick Brenner, por ejemplo, hayan sido supuestamente espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mientras estaban presos y, en el caso de Boudou, incluso cuando estaba en libertad. Resnick Brenner sostuvo que la Corte debería mirar qué sucede con las investigaciones que tramitan en Lomas de Zamora y en Dolores.

Pero, sobre todo, invoca el hecho de que Alejandro Vandenbroele se arrepintió durante el juicio y fue un elemento fundamental para lograr la condena de Boudou, entre otros. Lo singular del caso es que Vandenbroele fue incorporado al Programa de Protección de Testigos -- que el macrismo buscó sacar antes del fin de su mandato del Ministerio de Justicia para evitar que se revisara lo actuado -- y recibió en compensación un hotel boutique en Mendoza.