Los hermanos Emilio y Julio Méndez, los civiles beneficiados recientemente por la Corte Suprema, seguirán en prisión preventiva a la espera de un próximo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Así lo resolvió la Sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal, al rechazar un recurso de la defensa de los Méndez que pretendía que abandonaran el arresto domiciliario que cumplen.
La decisión fue tomada el viernes último por la Sala de feria integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone, en el marco de la causa conocida como "La Huerta", en referencia a un centro clandestino que funcionó en Tandil, donde estaba la zona de influencia de los Méndez durante la última dictadura.
Tanto Julio como Emilio están procesados desde mayo de 2018 en esa causa porque cuatro detenidos-desaparecidos de la zona refirieron haber estado secuestrados en la chacra de la familia, en la que estuvo también secuestrado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977.
Los Méndez fueron condenados en 2012 por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata por haber cedido su chacra como el lugar de detención del abogado que defendía a los trabajadores de Loma Negra. Emilio recibió una condena mayor, a quince años, porque en su rol de gerente del Banco Comercial de Tandil tenía un vínculo más estrecho con las autoridades militares, como él mismo reconoció en su indagatoria. Julio,que se dedicaba durante la dictadura a la administración de importantes campos en la zona, recibió una condena a once años.
En 2013, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, por lo que los Méndez llevaron el caso a la Corte. La espera fue larga, pero tuvo recompensa para los civiles cómplices con la dictadura. El 22 de diciembre pasado lograron que los supremos anularan la resolución y lo devolvieran a Casación para que revisara el fallo.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue más enfático a la hora de defender a los hermanos: sostuvo que no estaba acreditado que hubieran participado de la empresa criminal con los militares de la zona y que no estaba probado que otra víctima, además de Moreno, hubiera estado detenida en la chacra.
Después del fallo de la Corte, Julio Méndez consiguió que el TOF de Mar del Plata le dictara el cese de la prisión preventiva en el caso de Moreno, pero sigue detenido en domiciliaria por la causa La Huerta. Su hermano Felipe mantiene la preventiva en ambos casos. El rango de pena que podrían recibir los Méndez, si se los encuentra culpables en el juicio de La Huerta, puede ir desde los tres hasta los 21 años de prisión, según estimó el TOF de Mar del Plata.
Pese a que la defensa oficial de los Méndez intentó atar la suerte de sus defendidos en la causa de La Huerta con la del caso Moreno, los casadores le recordaron que se trata de dos causas distintas. La defensa también recusó a dos de los jueces que habían convalidado la sentencia en 2013, Borinsky y Gemignani, pero tampoco tuvo éxito.
El 22 de febrero próximo, la Sala IV de la Casación celebrará una audiencia para volver a revisar la situación de Emilio y Julio Méndez en el caso Moreno. Según les informó Borinsky a las partes, él integrará la Sala junto con Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Uno de los hijos de Moreno, Matías, que, además, es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió que Casación confirme la condena de los dos hermanos Méndez por haber cedido la casaquinta donde estuvo secuestrado y fue torturado su padre antes de ser asesinado.
Los cómplices de la Ford y de Ledesma
Otra Sala de Casación, la II, tiene previsto realizar una audiencia en las próximas semanas para revisar otra sentencia emblemática en lo que hace a la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: la que condenó en 2018 a dos altos directivos de la Ford por los secuestros de 24 trabajadores de la planta de Pacheco.
En diciembre último, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había reclamado que el máximo tribunal penal del país dejase firme lo resuelto por el TOF de San Martín. “Considerando que los dos condenados empresariales tienen en este nuevo aniversario 89 y 94 años de edad, resulta indispensable y urgente un fallo inmediato que permita por fin hacer justicia por estos 24 trabajadores secuestrados que junto a sus familias y una gran cantidad de organizaciones sostienen hace décadas una lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia”, manifestó la oficina dirigida por Horacio Pietragalla.
En la Corte espera la causa por los apagones del ingenio Ledesma. Los supremos deben decidir si Carlos Pedro Tadeo Blaquier debe ir a juicio o no. Como informó Página/12, Rosenkrantz movió ese expediente justo un día después de firmar el fallo que benefició a los Méndez, lo que hace presuponer que seguirá el mismo esquema que con los dos civiles de Tandil. Irina Hauser anticipó en este diario que en la Corte prevén resolver causas vinculadas a las domiciliarias de los genocidas y al rol de los civiles en el primer semestre.
