Una pareja de empresarios de la ciudad de la ciudad de Metán, accedió a una suspensión del juicio a prueba bajo el compromiso de pagar una deuda de un millón de pesos con el Banco Nación y donar 3 mil pesos mensuales al Hospital de esa localidad

Los empresarios Hugo Francisco Solorza y María Verónica Poma Pegoraro estaban acusados por una estafa en perjuicio del Banco. Con acuerdo el fiscal general Francisco Snopek, del Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de la acción penal arribó a una resolución del conflicto que ya llevaba más de dos años de litigio en la Justicia Civil. 

Como acción reparadora de su conducta la pareja deberá hacer una donación mensual de 3 mil pesos durante un año a favor del Hospital Oscar H. Costas, de González.

El litigio se inició el 27 de abril de 2018, cuando el Banco Nación promovió una acción civil de ejecución prendaria de maquinarias contra los acusados. Sin embargo, esa medida se frustró porque los bienes fueron ocultados. Por eso, el 21 de octubre de 2019 el Banco denunció ante la fiscalía a los deudores por estafa, con lo cual el conflicto pasó al fuero penal federal.

La acusación sostenía que los empresarios habían realizado maniobras para no pagar el incumplimiento de dos préstamos por un monto total de un millón de pesos, tramitados y obtenidos en 2016. Al asumir la investigación, el fiscal Snopek llevó adelante el proceso bajo la calificación de “desbaratamiento de derechos acordados”.

Desde su inicio la fiscalía celebró varias audiencias en torno al caso y finalmente arribó a su resolución en un tiempo perentorio desde su radicación en la fiscalía penal.

Así, siguiendo lo establecido en los artículos 22 y 26 del Código Procesal Penal Federal, que promueven la resolución de conflictos de manera expedita que "no sólo permitan lograr la paz social, sino también el beneficio a la comunidad", el fiscal llegó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba.

El 11 de diciembre del 2020 Snopek aceptó los términos acordados con la defensa de los acusados, quienes se comprometieron al pago de la deuda con el Banco Nación, como así también cumplir con la acción reparadora, en este caso en beneficio del hospital de Joaquín V. González. 

Esto se celebró de manera temporal y por el término de un año, tiempo en que los acusados deberán someterse al control del Patronato de Liberados que corresponda. Y están advertidos de que, ante cualquier incumplimiento, la acusación penal será restaurada.