Desde Santa Fe

El juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº2, le puso fecha a las indagatorias de dos mandos superiores de la Policía Federal, Osvaldo De Cunto y Eduardo Miguel Francescutti y dos jefes del hospital Churruca, Pablo Farina y Gabriel Fraticola por supuesto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”. La decisión fue adoptada el viernes, tras un planteo del fiscal Walter Rodríguez que consideró el operativo de la defensa para frenar el proceso y llevarlo a los Tribunales de Comodoro Py como una “confesión de fórum shooping”. Los médicos están citados a declarar esta semana: el miércoles 17, y los dos comisarios: el 4 de marzo, en una causa que investiga presuntas maniobras contra una testigo clave: la agente Roxana González, quien acompañaba al ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés, a bordo de un Ford Focus, en la balacera del 9 de setiembre de 2019 y después quedó al amparo del Programa de Protección a Testigos.

Las cuatro indagatorias están pendientes desde hace siete meses. El fiscal Rodríguez las solicitó el 28 de julio de 2020. Lo que no se sabía y recién trascendió ahora, es que tuvo que insistir dos veces más para lograr una respuesta: reclamó el 28 de septiembre y al mes, el 29 de octubre, presentó un pedido de pronto despacho.  Recién al día siguiente, el 30 de octubre, Bailaque ordenó las audiencias, pero las programó para después de la feria judicial: De Cunto y Francescutti, el 10 de febrero y los dos médicos, el 17 de febrero.

Lo llamativo es que el 3 de febrero, siete días antes de que De Cunto y Francescutti se presentaran a declarar, Bailaque suspendió las audiencias por considerar que los planteos de los abogados defensores eran “atendibles”. Las quejas que trascendieron parecen de manual: que los imputados no conocen las pruebas en su contra (cuando recién pueden acceder al expediente después de la indagatoria y no antes), que las supuestas conductas que el fiscal Rodríguez reprocha a los comisarios no serían delitos y que el juez no es competente y por lo tanto, la causa debería pasar a Comodoro Py.

El fiscal le pidió al juez que rechace el planteo de incompetencia. Es inadmisible –advirtió- que los imputados digan que no deben dar explicaciones ante el Juzgado Federal Nº 2 porque es una jurisdicción extraña para ellos. A juicio del Ministerio Público, los mandos de la Policía Federal pretenden elegir a su propio juez para no ser investigados en Santa Fe. Una “confesión de fórum shopping”, la describió el fiscal Rodríguez, quien solicitó también al juez que reprograme la indagatoria de los dos comisarios que había suspendido el 10 de febrero.

El fiscal ampllió la acción penal para investigar otros hechos que afectaron a Roxana González, al interpretar que formaban parte del mismo “proceso” que se inició en la balacera

El viernes, Bailaque resolvió en sintonía con los planteos del fiscal: 1) Ratificó la competencia del Juzgado de Santa Fe para investigar los hechos que afectaron a la testigo protegida Roxana González. 2) Rechazó el pedido de la defensa de los médicos Pablo Farina y Gabriel Fraticola que también querían suspender las indagatorias y confirmó que ambas audiencias están previstas para el 17 de febrero. 3) Y reprogramó las indagatorias pendientes a De Cunto y Francescutti para el 4 de marzo próximo.

Rosario/12 ya informó que causa se inició el 20 de mayo de 2020, cuando el fiscal Rodríguez pidió el juicio oral y público a Valdés y al ex subjefe de la delegación local, Higinio Bellaggio ante el Tribunal Oral de Santa Fe. Los denunció por supuesta “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado en “provecho propio” y “falso testimonio”, entre otros cargos.

Pero en ese dictamen, el fiscal también amplió la acción penal para investigar otros hechos que afectaron a Roxana González, al interpretar que formaban parte del mismo “proceso” que se inició el 9 de septiembre de 2019, en la balacera. Ya entonces mencionó a los cuatro funcionarios, a quienes dos meses después --el 28 de julio--, imputó y solicitó sus indagatorias: De Cunto, Francescutti, Farina y Fraticola.

Cuando ocurrieron los hechos que el fiscal considera partes de ese “proceso” -a partir de la balacera en la autopista-, De Cunto era el jefe de la Agencia Regional Córdoba de la Policía Federal. Es decir, superior de Francescutti y éste se desempeñaba como jefe del Area III Rosario, que tenía a su mando a Valdés y a Bellaggio.

El testimonio de Roxana González fue clave en la investigación. El fiscal Rodríguez dijo -en el requerimiento de elevación a juicio del 20 de mayo de 2020- que Valdés y Bellaggio habían desplegado un “juego de pinzas” sobre la joven para impedirle que contara cómo fue el episodio de la autopista y ejercer un control sobre sus actos.