Una delegación de familiares y vecinos de Yolanda Vargas, militantes del Polo Obrero y del Movimiento Evita viajaron ayer hasta Orán para manifestarse frente a la Fiscalía y el Poder Judicial y pedir por su libertad. 

Su tío abuelo y sus primas se manifestaron también el miércoles último en la plaza 9 de Julio en la ciudad de Salta. 

Yolanda Vargas, de 26 años y con residencia en el pueblo de Colonia Santa Rosa, está imputada por la fiscala Claudia Carreras por “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” por la muerte de su hija de 6 años y su hijo de 4 en el incendio de su vivienda precaria, en momentos en que los dejó solos para salir a comprar mercadería para cocinar. El juez de garantías Francisco Oyarzú se opuso al pedido del fiscal de prisión preventiva, pero hizo lugar al de detención. 

El intendente Mario Guerra, consideró injusto que a una madre a la que se le mueren los hijos de esta manera tenga que estar presa, dijo que entiende el reclamo de vecinos por su libertad, que sabe que tenía problemas familiares y que la Justicia debe investigar. Asimismo, la familia y referentas sociales señalaron la responsabilidad del Estado.

En la manifestación del miércoles, el tío abuelo de Yolanda, Eduardo Vargas, relató que la joven "está destrozada como persona, ha perdido a dos bebecitos y la tienen encerrada como a una criminal. Estamos pidiendo justicia, a ella se le quemó todo, prácticamente no era una casa lo que tenía, era de madera. Fue un accidente lo que sucedió porque ella salió a comprar, como a 5 o 6 cuadras, el niño estaba resfriadito, creo que tenía tos, lo dejó (junto a la niña). Estaba lloviendo. Cuando volvió se dio con la tragedia ésa". "Pido que la dejen en libertad inmediatamente. El culpable es el gobierno, de la pobreza que hay en Colonia Santa Rosa", añadió.

El hombre dijo que la joven amaba a sus hijos, y aseguró que es "mentira" que los maltrataba, como sostuvo el Ministerio Público Fiscal. "No hay justicia, porque el que tendría que estar encerrado es su ex pareja que abandonó hace años a los chicos. Creo que ella tiene denuncias hechas porque él la maltrataba. Le pido a la fiscal Claudia Carreras que investigue eso, también es culpable, por otra parte el intendente de Colonia Santa Rosa que sacó (cerró) la guardería que había para las mujeres que trabajaban en las fincas y comedores. Yolandita antes podía dejarlos a los dos (al hijo y a la hija). El intendente también es culpable porque las mujeres no tienen a donde dejar a los chicos y la mayoría se la rebusca como puede cosechando, trabajando en las fincas, es parte de la miseria. Es culpa del gobierno también", manifestó.

El intendente Guerra explicó a Salta/12 que el municipio tenía una guardería, pero está cerrada desde el año pasado, por la pandemia. Detalló que antes se alquilaban casas para el funcionamiento de este espacio pero que ahora están realizando una construcción propia gracias a un proyecto que presentaron en la Provincia y también dijo que consiguieron que la Nación les dé un financiamiento de $50 mil mensuales que aún no han empezado a cobrar.

La guardería funcionaba por la mañana y por la tarde brindando cuidado a niños y niñas de hasta 5 años, "en tiempos de vacaciones no funcionaba", explicó el intendente, quien añadió que ahora permanece cerrada porque no dispone "de fondos para guardería y alquiler".

Guerra afirmó que estuvo conversando con Yolanda cuando ocurrió el incendio. En su visión, hay un problema "del núcleo familiar, situaciones especiales, que la Brigada (de Investigaciones) y Policía están investigando". A su vez manifestó que "es injusto que a una mamá le suceda esto y tenga que estar presa. La justicia va a determinar. Es una mamá que tuvo que salir a hacer compras un día que llovía, es un barrio muy complicado socialmente".

Apoyo de los vecinos

Ya hubo un pedido de libertad por parte de la defensoría oficial. El abogado Hernán Mascietti, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y miembro de la mesa nacional de Kolina, a cargo de la defensa de Yolanda, recién pudo acceder al expediente a las 13.15 de ayer. "No había denuncia contra ella, sino hacia la pareja hecha por la pareja anterior", explicó. Adelantó que hoy se van a producir pruebas y que esperará a que esto ocurra para reiterar el pedido de libertad. 

La prima de la detenida, Fernanda Vargas, contó que a Yolanda solo le permitían hablar con la madre por teléfono. Ayer pudo verla una cuñada y se entrevistaron con ella las referentas del Polo Obrero, Gabriela Jorge y Violeta Gil.  Jorge explicó a Salta/12 que le llevaron fotos de las manifestaciones y copias con el listado de las firmas de las personas y organizaciones que piden por su libertad a nivel nacional e internacional. Indicó que la madre se encuentra sin contención psicológica y prácticamente incomunicada ya que solo permitieron que un familiar entrara de visita este jueves. Las referentas y el abogado estuvieron en la fiscalía. Jorge dijo que primero les atendió el auxiliar fiscal y en un momento intervino la fiscal Carreras justificando su posición respecto al mantenimiento de la detención. 

Jorge sostuvo que esta es una "causa brutal" en la cual hay una intención por parte de la fiscalía de culpar a Yolanda en vez de investigar cómo se produjo el incendio, lo que les llevaría a considerar las condiciones en que vive la mayoría de las familias en el barrio Las Palmeras, situación que se extiende al pueblo. "Colonia es un municipio empobrecido, con mucha desocupación" detalló. Añadió que Yolanda no tenía asistencia económica para vivir en mejores condiciones por eso se organizaba en el comedor Rayito de Luz para dar de comer a sus hijos. También dijo que la mujer en el último tiempo trabajaba "vendiendo sandwiches a la noche y cuando hacía delivery se llevaba a los hijos". 

Jorge añadió que los vecinos y vecinas apoyan el pedido de libertad porque comprenden que esta situación podría haberle pasado a cualquier otra familia de Las Palmeras. También la visitaba el agente sanitario, "sería oportuno que dé cuenta de cómo ella atendió a sus hijos y del estado de salud en que se encontraban", señaló la referenta.

"En el velatorio solo pudo estar 10 minutos y la Policía se la llevó. Yolanda es víctima del sometimiento a la miseria social por parte del estado", afirmó Jorge. 

"Me parece una injusticia espantosa lo que están haciendo con esa mujer excluida, que vive en la miseria a la que la somete el mismo Estado y el mismo gobierno y el sistema social. Es una mujer que no tiene trabajo y tenía que salir a changuear, a hacer cualquier cosa para llevar el pan a la casa, para patear el hambre y la miseria, vivía en un barrio carenciado donde no tienen servicios sociales, en una casa de madera y de chapa. El Estado la margina y tiene a millones de personas viviendo en esas condiciones", sostuvo Raquel Adet.

La prima señaló que el progenitor del niño y de la niña "no se hacía cargo" y no le pasaba la cuota alimentaria. También dijo que ella había denunciado que él la maltrataba. "Cuando él fue a hacer la denuncia no sabía la fecha de nacimiento ni el nombre completo de sus hijos", señaló. La denuncia era contra la pareja de la mujer por supuesto maltrato a la niña.