El atropello de la policía jujeña de Gerardo Morales contra la autonomía universitaria la semana pasada, que terminó con la represión y detención de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, no fue un hecho aislado, sino que se sumó a una serie de episodios de amedrentamiento que estudiantes y docentes vienen sufriendo desde el año pasado. La escena de un puñados de policías violentando un portón de la facultad para después entrar al trote con armas largas y llevarse a dos alumnos a los golpes, quedará en la historia negra del movimiento estudiantil: “Otra noche de los Bastones Largos”, llegaron a definirla algunos militantes. Pero, según pudo reconstruir este diario, desde que asumió Morales ya hubo hechos que anunciaron la avanzada de las fuerzas de seguridad sobre la universidad pública.

“En la Universidad de Jujuy hubo tres episodios puntuales que hacían prever que en algún momento la situación pasaría a mayores”, contó a PáginaI12 Matías Figueroa, presidente de la Federación Universitaria de Jujuy y militante de la JUP. “A mediados del año pasado, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales entró un chico a la facultad, que no sabemos si era alumno o no, y atrás suyo tres policías corriéndolo. Lo agarraron adentro del buffet; después intercedió el decano (Ricardo Slavutsky) que increpó a los policías y les solicitó saber quién estaba a cargo del operativo. Los policías no le dieron explicaciones y se llevaron esposado al chico”, narró Figueroa, quien asegura que no supieron nada más del joven. “Eso también –afirmó– fue una violación de la autonomía universitaria.” En aquel momento, el Consejo Superior de la UNJu emitió una resolución pidiéndole explicaciones sobre lo sucedido a Ekel Meyer, el ministro de Seguridad. La respuesta nunca llegó. 

Los otros dos hechos son de noviembre del año pasado, también en la FHCS. Eran las ocho y media de la noche, los alumnos realizaban una asamblea previa a las elecciones del centro de estudiantes, donde iban a decidir quiénes presidirían la junta electoral. “La policía se posicionó en la puerta de acceso a la facultad. Les advertimos sobre el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, a lo que un policía respondió: ‘A mí no me importa la ley’. Estaban listos para entrar, eran más de una docena, tenían motos y bicicletas. Hasta que el vicedecano (Benito Aramayo) habló con el jefe del operativo y se fueron. Querían entrar porque decían que había ‘disturbios’ dentro del edificio: estábamos en asamblea, con su folklore, teníamos bombos y platillos”.

La semana siguiente a aquel hecho, la JUP festejaba su triunfo de las elecciones de centro y de nuevo llegó la policía a la FHCS. Eran casi las cuatro de la madrugada. “Una vez cerrado el conteo de votos, que es público y abierto, la policía se puso afuera de la facultad con los mismos argumentos de la vez anterior, presumían que había ‘disturbios’ dentro del edificio. Esa vez estaba presente el decano, que también intercedió. El jefe del operativo le dice que quieren que la gente cuando salga de la institución se disperse, pensaban que íbamos a ocasionar ruido afuera. La policía había cerrado las calles con camionetas, pusieron una en cada esquina. Tenían armas largas, escudos, cascos. Eran cerca de cuarenta”. Una vez que salieron, los estudiantes se dividieron en grupos, para acompañarse a las distintas paradas de colectivo. Los policías siguieron a los grupos más grandes. “Los compañeros tenían miedo”, aclaró Matías, por si hiciera falta. 

“El contexto previo tiene que ver con la asunción de Morales y su aprobación del código contravencional, que tiene como objetivo penalizar conductas que no están tipificadas como delito en el Código Penal; se arroga facultades que son del Congreso de la Nación”, dijo Liliana Louys, secretaria general de Adiunju, gremio de base de la federación docente Conadu Histórica. “Es la herramienta de Morales para profundizar la represión, genera un clima donde la policía cree que puede hacer lo que se le da la gana”, dijo Louys, quien contó que cuando los estudiantes estaban protestando por sus compañeros detenidos la policía los amenazó con agrandar la lista si no se callaban. Louys vio una escena que le impactó: “Unos chicos se sacaban fotos con carteles que tenían la cara de Macri y decían ‘caí en la educación pública’. Hasta que de pronto tres oficiales se pararon atrás, provocadores. Ese clima es el actual”. Otra: “Hace poco, antes de una reunión de Adiunju, nos preguntó la policía qué íbamos a hacer, de qué íbamos a hablar. También realizando una clase pública nos quisieron aplicar el código contravencional”.

Las autoridades de la FHCS, el decano Slavutsky y el vicedecano Aramayo, tras el repudio al avasallamiento de la autonomía universitaria y “la exigencia de esclarecimiento y justicia frente al atropello policial”, plantearon que en Jujuy “el incremento de la pobreza pretende paliarse con mayor control policial, sin que se vislumbren proyectos estratégicos para el desarrollo integral de la provincia y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”. En este marco, señalaron que el hecho registrado la semana pasada en la Facultad de Ciencias Agrarias “no fue azaroso ni un exceso de algún funcionario policial descarriado, sino que está estructuralmente relacionado a una forma de concebir la realidad, las relaciones sociales y la resolución de los conflictos, que supone que los problemas generados por la desigualdad y la injusticia no se curan con más ‘democracia’, sino con represión, intolerancia y arbitrariedad. Un camino que conduce necesariamente a la degradación del ser humano a través del terror”. 

Informe: Gastón Godoy.