Eduardo Farah, el juez que volvió a la Cámara Federal de Comodoro Py hace tres semanas, advirtió en una resolución que ya se superó “holgadamente el plazo” para llevar adelante la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman. Por eso consideró que el juez del caso, Julián Ercolini, debería llamar a una audiencia donde se pongan sobre la mesa las razones de la demora, que las comunique a sus superiores y que la Cámara evalúe si está justificada una prórroga. La advertencia de Farah quedó escrita en una resolución que rechaza le pedido de la defensa del informático Diego Lagomarsino para que declare como testigo un perito clave que participó de un estudio hecho en Salta sobre los rastros de pólvora en las manos del fiscal que apareció muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. Es evidente, después de todos estos años, que el expediente no es elevado a juicio oral porque es muy difícil de sostener la teoría del homicidio que plasmó el juez al procesar a Lagomarsino como partícipe y a cuatro policías por incumplir sus deberes sin especificar cómo y quiénes habrían asesinado a Nisman.

Los abogados de Lagomarsino --Gabriel Palmeiro y Martín Chasco— habían reclamando la declaración testimonial del ingeniero José Luis Manzano que intervino en el estudio que hizo el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de Salta, que podría servir para establecer si el fiscal se disparó a sí mismo. Querían pedirle algunas precisiones, porque el análisis había mostrado que no estaban presentes los tres elementos de la pólvora juntos (bario, plomo y antimonio), sino solo dos. El informe decía que “sobre las muestras analizadas, se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo, las que son definidas como aquellas que pueden estar asociadas con la descarga de un arma, pero también podrían originarse a partir de otras fuentes no relacionadas con una deflagración de armas”. Esta expresión no descartaba en absoluto que Nisman hubiera gatillado la pistola Bersa calibre 22 que apareció a su lado y pertenecía a Lagormarsino que dijo que se la había prestado.

Pero los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, cerraron las puertas a la declaración del perito, con el argumento de estos planteos considerados en forma aislada no son apelables. Farah coincidió en ese punto, pero agregó el planteo sobre la demora que, dijo, van en contra de los plazos que establece el Código procesal. Lagomarsino fue indagado en noviembre 2017. Luego fue procesado a fines de diciembre de ese año como partícipe de homicidio pero el fallo que lo comprometía nunca explicó en qué consistió su participación. El siempre argumentó que le había prestado el arma a Nisman, que le decía que temía por la seguridad de sus hijas y, de hecho, antes había intentado que uno de sus custodios le consiguiera un arma. Irurzun y Bruglia confirmaron su procesamiento. Dijeron que a Nisman lo mataron por su función al frente de la UFI AMIA.

“Sin desconocer la complejidad de la investigación desarrollada, habiéndose superado holgadamente el plazo para la instrucción que establece el artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación, a mi juicio corresponde encomendar al Sr. Juez de gado inferior que proceda de conformidad con lo previsto en esta disposición, lo que permitirá oportunamente encauzar, debatir y decidir los agravios del recurrente (Lagomarsino) en un contexto de mayor amplitud de conocimiento”, dice el voto de Farah. El artículo que señala dice que la instrucción se tendría que terminar en cuatro meses prorrogables dos meses más si la Cámara autoriza. Es excepcional que se cumpla con ese plazo, pero en la causa de Nisman ya pasaron seis años.

Los obstáculos para que declare el perito Manzano repiten algo que ya ocurrió en esta causa: el juez nunca quiso citar a los integrantes del Cuerpo Médico Forense que hicieron la autopsia y los primeros estudios que determinaron, entre otras cosas, que el cuerpo de Nisman no tenía marcas ni golpes propios de alguien que se defendió de un ataque ni otros signos de participación de otra persona en su muerte. El estudio criminalísitico inicial, donde se analizaron las manchas de sangre y la mecánica de la muerte, llegó a una conclusión similar.

Pero cuando el expediente pasó de los tribunales ordinarios, donde la investigación estaba a cargo de la fiscal Viviana Fein, a Comodoro Py, poco tiempo después el fiscal Eduardo Taiano y el juez Ercolini decidieron desconfiar de aquellas evaluaciones y pedirle a la Gendarmería –que si a algo no se dedica es a autopsias y menos años después de una muerte--, por entonces al mando de la exministra Patricia Bullrich. El diario Clarín avisó con unos meses de antelación que esa fuerza diría que a Nisman lo mataron. Y a sí fue: la conclusión resultó que lo drogaron con ketamina, lo que explicaría que no se haya defendido, aunque no había ni una prueba de que esa sustancia hubiera ingresado a su cuerpo y que entre dos personas que no se sabe cómo entraron a un departamento cerrado por dentro y no dejaron ni un rastro ni huella, lo hicieron disparar el arma en el baño, del cual tampoco se sabe cómo salieron siendo que el cuerpo del fiscal trababa la puerta. A los gendarmes que participaron de todo ese estudio tampoco el juzgado los quiso citar como testigos pese a los pedidos de la defensa para que explicaran como llegaron a la conclusión del asesinato. Un informe de la actual gestión del Ministerio de Seguridad, afirma que aquel peritaje “no observó los protocolos de actuación en la escena del crimen…”.

La celeridad no parece ser la guía del juzgado y la fiscalía de esta causa. Aunque no citan peritos, el mes pasado dejaron trascender que convocarían como testigos a 89 agentes y exagentes de inteligencia para explicar lo que describen como una “explosión de llamadas” el día que apareció muerto el fiscal y establecer por qué algunos de los espías estaban cerca de la vivienda de Nisman o en otros puntos estratégicos.