Mientras permanece preso e imputado por recibir coimas del juego ilegal, el exfiscal regional Patricio Serjal sumó ayer una nueva imputación. Esta vez, tuvo que ver con frenar una investigación por contaminación dolosa, que afectaba a empresarios de la exElectroclor, en San Lorenzo. Con esa acusación y la del exfiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, comenzó ayer la audiencia en el marco de la causa por el daño ambiental generado por la exPetroquímica Bermúdez. Se les endilgó el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y encubrimiento, ante las maniobras para interrumpir la pesquisa contra los directivos de la empresa. En tanto, a pedido de la defensa de los responsables de la planta que funcionó hasta 2013 en el cordón industrial --a quienes también acusa la Fiscalía--, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de marzo "para discutir las calificaciones" penales que fueron presentadas contra los empresarios Sergio Taselli, Máximo Taselli y Matías Gallegos, por el daño ambiental doloso. 

La grave contaminación que se generó ante irregularidades cometidas en el marco del plan de cierre de la planta de la ex petroquímica, derivó en una investigación penal que tenía en la mira de la justicia a los responsables del directorio de la firma, donde tras el cese de funcionamiento, en 2013, quedó un peligroso pasivo ambiental. 

El fiscal Luis Schiappa Pietra recordó que "a fines de 2016 hubo un proceso de intoxicación de gente atribuible a escapes de gas de la petroquímica y ante ello el gobierno de la provincia pide que se investigue, pero un año después, acreditado todo, el fiscal regional da instrucción para que se desista de continuar la investigación". Como expresó ayer en este diario, "ese acto que llevaron adelante el entonces fiscal de Estado adjunto y el Ministerio Público --que estaba a cargo de Serjal-- tuvo por objeto permitir que la petroquímica evite los costos y gastos que tenían que ver con la relocalización y cierre seguro de la planta". Ayer sumó que el 30 de diciembre pasado, "la Fiscalía de Estado actual presentó una nueva denuncia contra Taselli y estamos avanzando". 

Ante el cierre de la causa, en 2019, a Serjal se lo acusó por su accionar como jefe de los Fiscales de la regional Rosario y le atribuyeron los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de persecución penal". En tanto, Luzzini fue imputado por "incumplimiento de deberes y encubrimiento". Edery dijo que "el juez validó las imputaciones de ambos. Lo hicieron para beneficiar a los dueños de la petroquímica y encubrir una contaminación muy grande".

La audiencia fue interrumpida cuando se hicieron las imputaciones contra los tres empresarios. Los fiscales los acusaron por "contaminación dolosa por medio de la utilización de residuos peligrosos --que exceden los parámetros legales permitidos-- de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". En ese momento, la defensa pidió el cuarto intermedio para discutir las calificaciones y el alcance de lo resuelto, en su momento, por el juez Juan José Tutau, cuando se cerró la investigación ante la orden de Serjal al fiscal de grado que llevaba la causa. El juez Carlos Gazza hizo lugar y puso nueva fecha para el 5 de marzo.

La audiencia que comenzó ayer tenía fecha para diciembre pasado, pero el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini consideró ya era cosa juzgada. Sin embargo, ante la apelación de los fiscales, el camarista Daniel Acosta resolvió que la causa se reabriera.

Preventiva. Serjal, quien está preso e imputado desde agosto pasado en la causa por juego clandestino, acusado por cobrar coimas al capitalista Leandro Peiti, será llevado nuevamente a audiencia el próximo 1 de marzo, cuando se discutirá si continúa su prisión preventiva. El plazo se venció en febrero pasado, pero se prorrogó su estadía en la cárcel hasta tanto se presenten informes de salud que solicitó su defensa, y para los que se designó una junta médica.