La titular de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, se reunió con la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Verónica Figueroa. Ambas funcionarias dieron a conocer diagnósticos y balances de impacto de las intervenciones coordinadas en las comunidades de puebloso originarios del norte salteño.
En diálogo con Salta/12 Graham habló de la importancia de respetar el principio de no discriminación hacia niños, niñas y adolescentes. Y sobre la necesidad de que se cumpla con la educación intercultural bilingüe (EIB), la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y el ejercicio de un estado laico.
"Pensamos que teníamos que llevar una buena articulación entre Desarrollo Social y Salud, y esa fue la primera tarea de la cual nos encargamos" teniendo como prioridad prevenir la mortalidad infantil que se visibilizó a principios de 2020, por las muertes de niños wichí por causas vinculadas a la desnutrición, contó Graham. Aseguró que ya conocía los temas a tratar, porque algunos son de "vieja data", pero que se disponen a cambiarlos. "Algunos los llaman problemas estructurales, pero justamente porque es estructural hay que empezar a transformar esa realidad para que deje de serlo", puntualizó.
A partir de ahí se realizó un análisis ministerial que sumó otros temas conflictivos, como el acceso al agua, el gas, el trabajo con paneles solares y el diseño de los caminos. El abanico de situaciones requirió que la Defensora tomara el rol de facilitadora y emprendiera la creación de mesas interministeriales, una a nivel provincial y otra, nacional.
También estableció que habrá una articulación con los municipios y las propias comunidades indígenas, para que "todos puedan ser protagonistas de su propia historia". "Nuestros pueblos indígenas reclaman tener protagonismo y ser parte de las soluciones", subrayó Graham.
Graham asumió en la Defensoría el 28 de febrero del año pasado. Contó que unos días después ya tenía a la ministra Figueroa presente en sus oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La salteña iba con la declaración de la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, a causa de las muertes de niños wichí.
Además, llevó consigo el caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. Que en febrero de 2020 logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diera la razón en la demanda que le inició al Estado Argentino en 1998, exigiendo la entrega del título comunitario del territorio que ocupa ancestralmente. El Tribunal internacional ordenó al Estado que otorgue un título único sobre 400 mil hectáreas y que además lleve a cabo acciones para remediar el daño producido en estos años en el ambiente de las comunidades que habitan ese territorio, en el Chaco salteño.
Con todo el planteo que llevó Figueroa, una de las líneas de trabajo definida fue la de promover el derecho a la identidad. Para ello, se realizó un primer operativo en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este en diciembre del año pasado. Se efectivizaron 1.115 trámites en la ANSeS; 861 en el Registro Nacional de las Personas, y además, se anotaron 61 nacimientos y 83 expedientes para la inscripción en el Registro Civil de Salta.
Graham sostuvo que con ello se permite delinear intervenciones estatales efectivas. "En esa zona geográfica vemos al Estado en todos sus niveles", sostuvo la funcionaria nacional y para explicar la importancia de la documentación, agregó: "Si los registramos cuando nacen, también los ingresamos en la Asignación Universal por Hijo. Cumplimos con el artículo N° 7 de la Convención por los Derechos del Niño (derecho a la identidad) y ello posibilita a las personas otros derechos que, por no estar registrados, no podían recibir".
Por otro lado, hasta ayer (miércoles) se desarrolló el segundo operativo en las comunidades del Pueblo Wichí ubicadas en el departamento de San Martín, como Pacará. Tanto Graham como Figueroa estuvieron en el lugar. Desde la Defensoría se instó a las mesas interministeriales a realizar los mismos operativos a lo largo de todo este año.
Evitar la discriminación
La Defensora también se lleva la demanda de concretar una efectiva educación intercultural bilingüe (EIB) como derecho de los niños, niñas y adolescentes de los diversos pueblos indígenas de Salta. El planteo llegó de la mano de la maestra chorote Fidelina Díaz.
Graham afirmó que le planteará al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, "la posibilidad de ver cómo aseguramos y garantizamos la enseñanza bilingüe". "Creo que la pandemia puede ser una gran oportunidad para enseñarnos algunas cosas y poder pensar en trayectorias escolares diversas", agregó.
En ese sentido, subrayó que en la EIB no sólo se debe hablar de los pueblos originarios, sino también de las comunidades migrantes que existen en el país, dado que ambas comparte un "problema madre", que es la discriminación. "Tenemos que evitar fuertemente la discriminación hacia nuestros pueblos indígenas y nuestros niños y niñas migrantes", enfatizó.
Se respaldó en la Convención de los Derechos del Niño (1989), que tiene 4 principios fundantes: el interés superior del niño a ser oído, a la vida y el desarrollo, y a la no discriminación. "Son 4 pilares, pero acá hay que trabajar fundamentalmente en la no discriminación", sostuvo Graham.
ESI y Estado laico
Otro de los temas que abordó la Defensora fue la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), que no termina de ser integrada y trabajada de forma efectiva por parte del Ministerio de Educación de Salta, dirigido por Matías Cánepa. Graham contó que cuando se postuló al cargo que ocupa hoy, justamente la ESI fue uno de los principales temas de su plan de trabajo.
"Se debe garantizar el cumplimiento de la ESI en toda la República", señaló. En ese sentido, explicó que no se trata únicamente de la enseñanza de la anatomía de los cuerpos sino, que es la generación de un "compromiso ético con el cuidado del cuerpo propio y con el cuidado del cuerpo del otro". "Por eso la ESI debe empezar en el nivel inicial", resaltó.
La funcionaria indicó que poder dar esta enseñanza desde el inicio de la etapa escolar, también requiere de un compromiso de parte de los adultos. "Después (los contenidos) se van acomodando a lo que los chicos van demandando a medida que transitan sus distintas etapas", aseveró.
En ese punto, dijo que si realmente se trabajara de forma correcta con la aplicación de la ley vigente en el país desde 2006, "tal vez tendríamos menos femicidios y tal vez, habría menos abusos sexuales en la infancia".
Graham también se refirió al cumplimiento de un estado laico. En Salta precisamente, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey incorporó por ley en 2008 la educación religiosa obligatoria en las escuelas, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional en 2018.
"Los niños tienen derecho a practicar libremente una religión, como también lo pueden hacer con un pensamiento político", recordó la Defensora, quien advirtió sobre los riesgos de que eso que debiera ser una elección libre, se convierta en "una imposición".
Indicó que con el Código Civil y Comercial de la Nación (2014) se plantea el principio de "autonomía progresiva". Explicó que a medida que avanza en años, un niño o niña adquiere capacidades para ir tomando sus propias decisiones e ir ejerciendo sus derechos en nombre propio y no con la representación de alguien. "El nuevo Código dice que los papás y las mámás que ejerzan la responsabilidad parental lo deben hacer hasta los 18 años, pero también dice que a mayor autonomía, menor representación", expresó.
Destacó que "lo mejor" que pueden hacer los adultos es darle a los niños, niñas y adolescentes la mayor cantidad de activos posibles para que puedan ser más autónomos y al mismo tiempo, más responsables.
