El enfrentamiento entre los senadores provinciales –casi todos– y el Ministerio Público de la Acusación cobró más densidad esta semana y hace crujir el escenario político, como si faltaran problemas de qué ocuparse. La mayoría que controla Armando Traferri desde el bloque Justicialista –menos cuatro leales a la Casa Gris– en tándem con los radicales y frentistas acordó pedirle al Poder Judicial que archive la investigación contra el legislador sanlorencino, sospechado de vínculos con el juego clandestino, según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Eso, porque los ofendió que en la víspera llegara una citación judicial para Traferri, a pesar de que el Senado había rechazado el pedido de los fiscales de desaforar al sanlorencino para que sea indagado. Por eso instruyeron a la titular de la Cámara, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, para que ella en persona se lo solicite al juez del caso, Juan Carlos Leiva. Como contraparte, la Asociación de Fiscales salió ayer a rechazar la ofensiva del Senado contra el Poder Judicial, a cuento de la comisión de seguimiento de los fiscales que los senadores promovieron y para la cual pusieron a cargo al radical Felipe Michlig y a, ni más ni menos, que al propio Traferri. "Esa comisión es inconstitucional y afecta la independencia de Poderes", replicó la fiscal Gisela Paolicelli, titular de la entidad corporativa.

En singular resolución y cruce de poderes, el Senado aprobó un mensaje al juez Leiva imponiéndole que en diciembre esa cámara "rechazó el pedido de desafuero contra el senador Armando Traferri por falta de pruebas y no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra él".  Asimismo, "facultó" a Rodenas para que "proceda a interponer ante el juzgado actuante la presente resolución, a fin de ser tenida como parte en el proceso".

El vocero fue otro jefe departamental del Nuevo Espacio Santafesino (NES), Raúl Gramajo, de Tostado. "En vez de cumplir con el precepto legal y constitucional, que es el archivo inmediato de la causa, Edery y Schiappa Pietra continuaron tramitándola y plantearon ante el juez Leiva la inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución”, dijo en alusión a la inmunidad del senador y la ofensiva de los fiscales que lo acusan de connivencia con el capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti y con los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, detenidos e imputados como partícipes de esa trama.

"Si a los fiscales no les agradó lo que establece este artículo, nosotros solo cumplimos con lo que dice la Constitución, nada más, no hemos salido de eso", deslindó Gramajo en defensa acérrima de su compañero de bloque.

“Por eso ayer (por el jueves) también se votó una resolución donde se le habilitó a la presidenta del Senado para que a través de su patrocinio letrado se presente en esta causa para solicitar el rechazo in limine del recurso y, si quieren avanzar con el pedido de inconstitucionalidad, que lo hagan como corresponde”, dijo.

Gramajo fue por más y dijo que si la Justicia declara inconstitucional el argumento del Senado para salvar a Traferri, "habría una intromisión de poderes, política y jurídica de un poder sobre otro", dijo y advirtió que en ese caso ellos recurrirían a la Corte Suprema para revertir la situación. 

En cambio no le parece al veterano senador del norte que la creación de esa comisión de seguimiento al MPA y a la Defensa Pública sea otra intromisión de poderes, pero al revés. Lo fundamentó con que "algunos fiscales son brillantes y otros cuya conducta no es la mejor", y así criticó a Edery y a otros como el ya destituido Fernando Rodrigo, que mandó a pincharle el teléfono a una ex novia. "Por eso son fundamentales los controles, no es una caza de brujas", aclaró Gramajo.

Ayer los peronistas del bloque Lealtad (Marcelo Lewandowski, Alcides Calvo, Marcos Castelló y Ricardo Kaufmann) se despegaron de la ofensiva del NES y expresaron "preocupación" por la creación de esa comisión legislativa de seguimiento. "Sería una grave intromisión al MPA y en consecuencia un avasallamiento del Poder Legislativo al Poder Judicial en su conjunto", dijeron. También acompañó esa posición el senador por Caseros Eduardo Rosconi, que a veces vota con unos y a veces con otros.

En simultáneo, Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, consideró que esa comisión de seguimiento es anticonstitucional. “Con todo el respeto que me merece el Senado como institución, no me cabe otra palabra para describir lo que pasó que obscenidad”, disparó por Radio 2. 

“Se está instalando un proceso judicial paralelo llevado adelante por otro órgano del Estado que ni siquiera es judicial, esto es desde todo punto de vista anticonstitucional y anti republicano. Atenta directamente contra la independencia del fiscal”, dijo. Además, le llamó la atención que la comisión fue creada por una investigación como la de juego clandestino, que los propios senadores “desmerecieron y en razón de la cual no se permitió el desafuero (del senador Armando Traferri)”.

“Es la misma investigación que ahora motiva el control a fiscales porque hay fiscales presos cuando en realidad fueron los mismos fiscales los que investigaron, no el Senado. Cuando intenten ponerlo en práctica veremos las mejores herramientas jurídicas para neutralizar la situación”, retrucó Paolicelli.