A un año de la asunción presidencial de Luis Lacalle Pou, Uruguay inició este lunes su demorado plan de vacunación contra la covid-19. Las dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac serán suministradas en esta primera semana a trabajadores de la educación, militares, policías y bomberos, mientras que los vacunadores ya fueron inoculados durante el fin de semana. Uruguay es el último país de Sudamérica en iniciar su campaña de vacunación. Luego de pasar la mayor parte de 2020 como modelo en la región por su exitoso manejo de la pandemia, el país conoció a partir de noviembre un fuerte incremento de casos.
Iniciar el mandato casi a la par de la llegada del coronavirus a Uruguay fue la gran prueba para el gobierno de coalición liderado por Lacalle Pou. El líder de derecha mantuvo durante su frenético primer año una alta popularidad, aunque afronta duras críticas por sus recortes presupuestarios para reducir el gasto público, el aumento del desempleo y la polémica Ley de Urgente Consideración (LUC).
Desde las 8 horas del lunes, 90 vacunatorios de todo el país abrieron sus puertas para inmunizar a unos 140 mil trabajadores considerados esenciales, casi un año después de que aparecieran los primeros casos de coronavirus en el país. "Hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo y es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en el país", dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en conferencia de prensa.
Después de destacarse como el país de la región que hizo un mejor manejo de la pandemia durante nueve meses en los que hubo un control real de casos, Uruguay fue la última nación del continente en comenzar a vacunar contra la covid-19. Sin embargo, la poca población que tiene el país (unos 3,5 millones de habitantes) invita a creer que a mitad de este año la mayoría de los uruguayos ya podrían estar vacunados.
Según anunció el presidente Lacalle Pou, Uruguay adquirió 3,8 millones de dosis entre los laboratorios de Pfizer y Sinovac, y reservó otras 1,5 millones de dosis de AstraZeneca mediante la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre los países menos favorecidos. El ministro Salinas sostuvo que 47.118 personas ya se agendaron para vacunarse entre el lunes y el miércoles.
La vacunación no es obligatoria, pero las autoridades insisten en que se trata de un acto de solidaridad. "Es muy importante la conciencia colectiva, la misma que nos diferenció en el mundo como para no hacer un 'lock down' (...) La misma que nos permitió dominar el crecimiento exponencial que se insinuaba en diciembre o enero, y que ahora estamos teniendo un rebote, porque también hay que decirlo", dijo Salinas.
Pese a que Uruguay no decretó la cuarentena obligatoria en ningún momento de la pandemia basándose en su política de "libertad responsable", la economía del país se vio fuertemente golpeada durante 2020. Según indicó días atrás la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el país sudamericano tendría una caída del 4,5 por ciento del PBI en el año pasado.
Sin embargo, la titular de la cartera destacó que "lo peor habría quedado atrás", ya que los indicadores económicos parecen recuperarse. Así lo sostuvo durante la presentación del balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay, en la que también anunció que se espera un aumento del 3,5 por ciento del PBI en 2021, una cifra por debajo de la estimada en el presupuesto de 2020, ya que "no se preveía" que la pandemia siguiera este año.
Durante el primer año de mandato, el gobierno de coalición derechista logró la aprobación de la LUC, un paquete de más de 400 artículos que fue el buque insignia de campaña del actual mandatario proveniente del Partido Nacional. Pero tanto el Frente Amplio, que considera que en el país se aplica un modelo de reducción del Estado, como la central única de trabajadores PIT-CNT, trabajan en un referéndum para derogar 135 artículos de esta ley aprobada por el Congreso uruguayo el pasado 8 de julio.
La LUC regula el derecho de huelga, le otorga más poder a las fuerzas represivas y criminaliza la protesta social. Además abre la puerta a la privatización de empresas públicas y promueve una serie de leyes fiscales que favorecen al sector privado. Estas reformas sensibles se aprobaron mientras crecía el desempleo en el país, un dato que puede augurar mayor conflictividad social. El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay informó que el desempleo pasó del 8,5 por ciento en enero de 2020 al 11,2 por ciento en octubre, aunque bajó al 10,5 por ciento en diciembre pasado.
Luego de obtener el 29 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2019, el Partido Nacional se unió con otras cuatro fuerzas políticas con las que formó la denominada "coalición multicolor" y con las que firmó un documento llamado Compromiso por el País en el que establecieron sus líneas estratégicas. De esta forma, lograron captar el 50,79 por ciento de los votos que llevaron a la alianza derechista al triunfo en segunda vuelta sobre el entonces candidato oficialista, el frenteamplista Daniel Martínez.
En este momento en el Ejecutivo hay ocho ministros manejados por el Partido Nacional, tres por el Partido Colorado, dos por Cabildo Abierto y uno por el Partido Independiente. Sin embargo, las elecciones de 2024 llevan a muchos a pensar que éste podría ser el último año en que la coalición se mantenga unida antes de que cada uno de sus integrantes se lance a la carrera hacia el próximo gobierno.
