El presidente Alberto Fernández habló con enojo del Poder Judicial, advirtió que “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”, lo describió en “crisis” y lo cuestionó por sus privilegios. Destacó la enorme injerencia que sus manejos tienen en la política, en sociedad con los grandes medios. Le pidió al Congreso que asuma un papel activo y ejerza un “control cruzado” sobre él. Anunció, además, que enviará un conjunto de proyectos de ley que tienen un denominador y un blanco común: acotar el poder y el campo de decisiones de la Corte Suprema, cuyos integrantes presenciaron la asamblea legislativa juntos, en forma remota, sentados como en una vieja foto de familia. Son propuestas tomadas de las conclusiones del consejo asesor designado en 2020 como complemento de la reforma judicial, hasta ahora fallida.
De ese paquete, la idea que más ruido generó fue la creación de un Tribunal Federal de Garantías, un tribunal intermedio que se asentaría en un territorio donde la Corte suele desplegar su discrecionalidad, que son las discusiones sobre la “arbitrariedad” de las sentencias.
En el largo tramo dedicado a la cuestión judicial, Fernández exhortó a Diputados a que avance en el tratamiento de la reforma judicial, que ya tuvo media sanción en el Senado, pero en la Cámara baja encontró una gran resistencia de la oposición y de algunos sectores del propio kirchnerismo también. La reforma judicial busca diluir la concentración de poder clásica de los tribunales federales y propiciar el avance del sistema acusatorio, oral y con poder en los/las fiscales/as.
Lo mismo pidió Fernández sobre la reforma de la Ley de Ministerio Público, donde está la llave para la designación de un/a nuevo/a titular de la Procuración General de la Nación, que dirige en forma interina Eduardo Casal –desde que el macrismo desplazó en 2017 a Alejandra Gils Carbó--, quien no sólo no ha generado una política criminal que cuestione las prácticas del lawfare, sino que ha dado cobijo a algunos de sus representantes emblemáticos, como el fiscal Carlos Stornelli, y atacado con sumarios a quienes como la fiscala Gabriela Boquin desnudaron tramas insostenibles, como la de la deuda del Correo de la familia Macri, con 19 años de trámite judicial sin que paguen un peso.
A la judicialización de la política y la politización de la justicia, y lo que describió como manipulación de decisiones “en función de intereses económicos y partidarios”, el Presidente les dedicó párrafos con ejemplos bien específicos. Se lamentó por haber creído que desplazando a la Agencia Federal de Inteligencia de los expedientes, algo mejoraría, pero esto no sucedió.
Cuando le pidió al Congreso que asuma un papel activo en el “control cruzado” sobre el sistema judicial, aludía a un gran abanico de decisiones que puedan generar modificaciones: desde el impulso de leyes que le pongan plazos a causas hasta el análisis de pedidos de juicio político a miembros de la Corte Suprema. El concepto de fondo es que el Poder Judicial controla al Legislativo y sus normas pero también es viceversa.
El Consejo Asesor
Los proyectos de ley que Fernández anunció que presentará el Poder Ejecutivo nacieron del informe que elaboró un consejo asesor, bautizado con malicia por los medios opositores como “la comisión Beraldi”, por el nombre de uno de los juristas que lo integraba, Alberto Beraldi, reconocido procesalista y abogado de Cristina Fernández de Kirchner.
La mayoría de las iniciativas, de ser aprobadas, tendrán impacto sobre la Corte y su funcionamiento. Implican en los hechos recortes de poder pero son también viejas demandas supremas del propio tribunal. Todo apunta, dijo el propio Fernández, a que la Corte se dedique exclusivamente a revisar las cuestione de “constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”, que es lo que lo supremos reclaman hace años para parecerse al máximo tribunal estadounidense.
Las reformas
Fernández se refirió a algunos aspectos técnicos pero que tienen gran incidencia cuando al Corte se pone revisar sentencias con supuestos vicios, fallas o arbitrariedades. Es lo que se conoce como la doctrina de la arbitrariedad. En esencia la aplica cuando quiere y cómo quiere. En el caso de Amado Boudou, por ejemplo, rechazó la arbitrariedad y combinó esa decisión con lo que se conoce como artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial, que es el que les permite no dar fundamentos para, como en ese caso, dejar firme una codena.
En función de esto Fernández prevé tres reformas:
* Un proyecto que promueva un texto legal que defina qué es exactamente lo que abarca el concepto de “arbitrariedad” de una sentencia, “para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.
* “Con el mismo fin, elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280”, anunció. El consejo asesor había planteado distintos esquemas para que un “280” exija mayor fundamentación.
* El Presidente anunció su intención de promover “la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo –dijo-- la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
Esta posible reforma, dijo, será conversada con los gobernadores, un aspecto fundamental para garantizar sus posibilidades de avanzar en el Congreso, donde juntar mayorías para estos temas, como está a la vista, no ha sido fácil.
Otras dos reformas muy relevantes en vista son:
* La del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces. El consejo asesor había sugerido un cambio en el número de integrantes (hoy son 13, fueron propuestos más, 20 dijeron algunos juristas) y mejoras reglamentarias para mejorar los procesos de selección y de remoción de jueces/zas. Destacó que es un reclamo de la propia Corte, de hace años. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo el Presidente.
* Llevar el juicio por jurados para delitos graves a todo el país. Hoy lo aplican varias provincias pero no todas, pese a que está previsto en la Constitución de 1853. “De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración (…) tendrá en sus manos la inmensa tarea de contribuir a recuperar la credibilidad en una real Justicia”.
Otro de los momentos donde el mandatario aludió a la Corte Suprema fue al hablar de los privilegios, aunque también se refirió otros jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales en general. Se quejó porque no pagan impuesto a las ganancias (excepto quienes fueron nombrados a partir de 2017, cuando se modificó la ley) mientras tributan “millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”.
Sobre los supremos en particular cuestionó que “acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible” (el único que la hace pública es Horacio Rosatti). Y por los vínculos corporativos muchos permanecen en sus cargos, dijo, más allá del “tope de edad que la Constitución impone”.
Paradójicamente uno de los casos emblemáticos es el de la suprema Elena Highton de Nolasco –que fue intimada por la Anses para decidir si se queda o se jubila–, a quien Fernández promovió como integrante del tribunal en tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner. Highton tramitó un amparo para permanecer después de los 75 años en la Corte y lo ganó.
El gran impacto de las reformas en gateras se verá, de todos modos, con la letra chica. Desde los despachos supremos hicieron saber a Página/12 que por ahora no tienen nada que opinar sobre lo anunciado. Pero ya antes amagaban con guardarse la última palabra –por ejemplo– sobre la validez constitucional de un tribunal intermedio e incluso pueden sobre una reforma del Consejo de la Magistratura.
De esto último incluso tienen un expediente latente hace años, donde el expresidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo, planteó la inconstitucionalidad de la integración actual (producto de una reforma del año 2006). Lo guardan para cuando les parezca el "mejor" momento.
