El Gobierno porteño continúa con su política de persecución a los vendedores ambulantes de la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, informando que este año enviará al recinto un proyecto para aumentar las contravenciones contra lo que calificó como "venta ambulante ilegal que se apropia del espacio público y atenta contra el trabajo legítimo de los comerciantes" generó reacciones de parte de los trabajadores que desde hace años sufren el hostigamiento de la Policía de la Ciudad. Página/12 dialogó con algunos de sus referentes y con legisladoras de la oposición, quienes repudiaron el anuncio.

"Vamos a enviar a la Legislatura una modificación de la Ley de Seguridad para extender las contravenciones y que los responsables de alterar la convivencia reciban las sanciones que corresponden", adelantó este lunes el jefe de Gobierno en el apartado de su discurso dedicado a las medidas que durante 2021 adoptará su administración en materia de seguridad. Acto seguido, Larreta dejó en claro quiénes son para él los culpables de "alterar la convivencia" en la ciudad que gobierna: los vendedores ambulantes. Y nadie más. Ninguna otra "extensión" de contravenciones fue anunciada en el discurso en el que Larreta sentenció que "no podemos permitir la ilegalidad".

"Nosotros pedimos que la venta en la vía pública sea regularizada porque queremos trabajar en paz y Larreta responde así. Es una muestra más de la persecución atroz que vivimos día a día", dijo a este diario Luzmery Villanueva, referente de los trabajadores ambulantes de Plaza Once y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), nucleado en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Villanueva caracterizó al anuncio del jefe de Gobierno como un acto de "odio y xenofobia".

En la normativa actual, la venta ambulante no está penada por ley, pero sí está incluida en el Código Contravencional de la ciudad, que estipula multas económicas para la comercialización de mercadería en espacios públicos. Ante la imposibilidad de encuadrar penalmente la actividad, en la mayoría de los casos la Policía de la Ciudad utiliza el Código Contravencional para sacar de las calles a los vendedores y generar así situaciones de violencia en las que los trabajadores terminan detenidos por encuadres que sí son penales como "resistencia" o "atentado a la autoridad".

El pasado 26 de febrero, Agustina Mayansky, también del MTE, fue detenida en el marco de un operativo contra vendedores senegaleses que trabajaban en los alrededores de la Plaza Constitución. Mayansky intentó intervenir ante los ataques policiales y terminó presa en la Comisaría 18ª de ese barrio. ¿Cuál fue el delito imputado? "Atentado a la autoridad".

"Creemos que con la ampliación de las contravenciones el Gobierno quizás busque encuadres legales que sí incluyan el arresto, dándole así más poder a la Policía", señaló ahora Mayansky en diálogo con este diario. La militante del MTE caracterizó a la política del Ejecutivo porteño frente a los vendedores ambulantes como de "guerra": "están planteando una situación de conflicto y disputa directa con los trabajadores y trabajadoras de los espacios públicos", sentenció.

"Las cifras al día de hoy ya son graves: por semana hay cinco o seis detenidos, la mitad son golpeados. Usan figuras inconstitucionales como resistencia a la autoridad y la ley de marcas para hacerles pasar 24 horas detenidos", explicó por su parte Myriam Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y presidenta de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional de la Legislatura. Además, la diputada opinó que con este anuncio, Larreta pretende "legalizar las prácticas persecutorias con alto grado de violencia y racismo de la Policía de la Ciudad".

En este componente racista también hizo foco Victoria Montenegro, diputada porteña por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Antidiscriminación, quien recordó a este diario que, en los últimos años, se han "denunciado innumerables casos de abusos policiales contra vendedores ambulantes en general, y en particular contra miembros de la comunidad senegalesa".

Pero no todo es detención y represión para la Policía de Larreta. Según denuncia Villanueva, los agentes también realizan operativos solo para incautar la mercadería de los vendedores: "En muchos casos vienen y te dicen 'el espacio público no es para vender' y te levantan la mercadería sin ni siquiera hacer la contravención. No te dan ni un acta y se quedan con todo, no lo recuperás más... después nos dicen ilegales a nosotros".

El próximo 17 de marzo se cumplirá un año del fallecimiento de Beatriz Mechato Flores, vendedora ambulante de 73 años que murió atropellada en el barrio de Once mientras escapaba de la persecución de agentes de la Policía porteña. El objetivo del operativo no era otro que secuestrarle a la mujer las medias que vendía. 

Informe: Santiago Brunetto