Cuando está por cumplirse un año de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro y crecen las sospechas sobre la intervención policial en el hecho, se produjo el apartamiento formal de la causa del cuestionado primer fiscal federal a cargo de la investigación. La jueza Gabriela Marrón, recusada en febrero por presunta parcialidad, aceptó el pedido de inhibición presentado ante ella por el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, quien antes había superado dos recusaciones en su contra, impulsadas por la familia de Facundo.

Martínez, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca en la que recayó el caso, a mediados de febrero había presentado un planteo de inhibición contra sí mismo, dado la falta de confianza de la familia de la víctima respecto de su actuación.

La resolución determina que la investigación continuará en manos de los fiscales Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Instucional (Procuvin), y Horacio Azzolin, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia. Ambos habían sido designados el año pasado por la Procuración General de la Nación para colaborar con el cuestionado fiscal Martínez.

Fuentes judiciales recordaron que Martínez había solicitado el 12 de febrero a la magistrada que lo inhiba de continuar en la causa debido a diversas imputaciones y objeciones que había recibido su actuación por parte de la querella. La solicitud del fiscal coincidió con la aparición en la causa de importantes novedades.

Por un lado, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó parcialmente la negativa de la jueza Marrón de investigar a la Policía Bonaerense, y ordenó el allanamiento y peritaje de la Comisaría de Teniente Origone y el secuestro y análisis de los teléfonos de los policías señalados por los abogados querellantes como los posibles involucrados en la desaparición de Facundo, ocurrida el 30 de abril de 2020.

En el marco de la investigación, los fiscales Azzolín y Heim recusaron también, ese 12 de febrero, a la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca “por considerar que había perdido la imparcialidad que debe tener como jueza del caso”, informó en su momento el Ministerio Público en su página web.

Los fiscales pidieron, además, que “se declare la nulidad de la decisión de la jueza de ordenar de oficio una medida de prueba por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales”, respecto de aspectos centrales como analizar cómo fue que el cuerpo del joven fuera hallado a mediados de agosto en una zona inaccesible para alguien que se desplazara por sus propios medios.

"Pérdida de confianza"

En su pedido de inhibición para seguir en la causa, el fiscal Martínez, aludió a la “pérdida de confianza” en su actuación por parte de Cristina Castro, la mamá de Facundo. Aunque consideró que eran “injustas” las imputaciones en su contra, igual decidió apartarse del caso, en coincidencia con los avances en relación con la posible responsabilidad policial en la desaparición y muerte del joven. 

En una entrevista reciente, la mamá de Facundo reiteró que “el fiscal Martínez tiene muchas cosas que explicar. Él habla de ‘violencia moral’ (asegura que la recibió él por parte de la Cristina Castro), pero violencia moral es la que sufrí yo desde el día uno” de la investigación sobre las causas de la desaparición de Facundo.

“Me hubiera gustado que no se escapara (el fiscal) cuando fui a Bahía Blanca a hablar con él”. La madre del joven puso en tela de juicio toda la actuación del fiscal, y también de la jueza, a los que señaló por no haber investigado desde el minuto uno la participación policial en el hecho, pesquisa que recién ahora se ha tomado en cuenta.

En su resolución para aceptar el apartamiento del fiscal, la jueza Marrón sostuvo que tuvo en cuenta “la pérdida de confianza de su labor y la del personal a su cargo, por parte de las querellas”. El interrogante está dado ahora sobre que ocurrirá con la propia jueza, recusada por los otros dos fiscales.