La fiscala penal de la provincia Verónica Simesen de Bielke se declaró incompetente en las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia del empresario Matías Huergo contra el diputado nacional Martín Grande (PRO) y las remitió al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Lo hizo al considerar que “no caben dudas" de que en la causa "se hallan en juego intereses que podrían afectar en forma directa a la Nación, pues se trata de cuestionamientos en relación a las autoridades del organismo fiscal nacional (AFIP), de la Justicia Federal y de un Diputado Nacional”.

Huergo, sobre quien pesan procesamientos de la Justicia provincial y Federal por acciones fraudulentas y una evasión impositiva millonaria, entre otras maniobras irregulares, acusa a Grande (de quien era amigo, según dichos del legislador) de ser el autor intelectual, además de ejecutor, de una operación que incluyó tareas de inteligencia, escuchas ilegales, detención ilegal, privación ilegítima de su libertad en condiciones indignas y degradantes, malos tratos, amenazas y extorsión, llevadas a cabo por funcionarios de la AFIP y avaladas por funcionarios judiciales de la Justicia Federal de Salta.

El empresario presentó la denuncia en la Justicia provincial, pero la fiscala Simesen de Bielke se declaró incompetente por entender que estaba “ante hechos ocurridos en el marco de una causa que tramita ante el Fuero de excepción y que todos y cada uno de los posibles involucrados forman parte de la estructura nacional”. El Ministerio Público Fiscal de Salta explicó que por eso, las circunstancias impiden que la fiscala provincial lleve a cabo una investigación con el fin de desentrañar la posible comisión de hechos ilícitos por parte de funcionarios nacionales.

Al exponer sus razones para apartarse de esta causa y remitirla a la Justicia Federal, la fiscala añadió que la validez o invalidez de la investigación penal llevada a cabo por la AFIP no es de competencia del Ministerio Público Fiscal Provincial, como tampoco lo es determinar si las resoluciones judiciales dictadas por funcionarios de la Justicia Federal de Salta constituyen hechos ilícitos, porque todo eso es competencia exclusiva de las autoridades federales.

Con la cita de abundante jurisprudencia, destacando la afirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que "la distribución de las competencias judiciales entre las provincias o entre éstas y la Nación escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada”, la fiscala concluyó que la denuncia de Huergo debe ser investigada por la Justicia Federal.

Acusaciones para todos 

La denuncia de Huergo refiere al trámite de la causa judicial caratulada “Imputado Huergo, Matías Luis (SECSA – ARCADIO) s/ infracción ley 24.769”, que se tramita en el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez federal Julio Bavio, quien en junio del año pasado lo procesó, junto a otras ocho personas, como integrante de dos asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos mediante la duplicación de facturas apócrifas.

Huergo sostuvo en su denuncia que para llevar adelante esa acusación, "habrían actuado en forma coordinada" Jaime Mecikovsky, ex director de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP; Guillermo Andrés Oro, ex director de la Dirección Regional Salta de la AFIP; Rodrigo Zambrano Echenique, ex Jefe de la Sección Penal Tributario de la AFIP; José Félix Castellaro, ex Jefe de la División Investigaciones de la Dirección Regional Salta AFIP "y/o cualquier otro funcionario de AFIP que haya intervenido en el hecho que se denuncia”. Y sindicó como presuntos responsables al fiscal federal Ricardo Toranzos, al juez Bavio, a los camaristas Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Santiago French, y al diputado nacional Martín Grande, "todos ellos por llevar adelante un proceso ilegal de espionaje para inculpar a su persona de delitos y a profesionales del derecho, ciencias económicas, funcionarios y políticos de la Municipalidad de la ciudad de Salta y provincia de Salta entre los años 2017 a 2021”.

Según el empresario, existió “una expedición de pesca para encontrar algo para incriminarlo y perjudicar al entonces Intendente de la Municipalidad Gustavo Sáenz, quien había anunciado su candidatura a Gobernador”, asimismo, destacó que “en forma permanente el Juzgado Federal, la Fiscalía y la AFIP filtraron información a la prensa con el objeto de dañar su figura de empresario y del entonces Intendente, actual gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz para perjudicar su candidatura a Gobernador”.

Contra el ex amigo 

Huergo afirmó que por su vinculación empresarial tenía una relación personal con Grande y que por esa razón en febrero de 2019 lo visitó en su radio (FM Profesional) y le manifestó que no entendía lo que estaba sucediendo porque había sido objeto de allanamientos en su oficina y en su casa particular, en el marco de otros procedimientos que alcanzaban a funcionarios de la Municipalidad de la ciudad de Salta y al propio municipio. 

Huergo dijo que Grande le expresó que tenía excelente relación con los funcionarios nacionales de la AFIP y que iba a visitarlos en su viaje a Buenos Aires. A su regreso se encontraron nuevamente y el legislador le confirmó que había concretado esas reuniones y le recomendó que denunciara a los funcionarios públicos de la Municipalidad de Salta y al propio intendente, advirtiéndole que él (Huergo) era el “salame del sándwich” y sería acusado de una serie de delitos, y que si no hacía esto iría preso “porque el hilo se corta por lo más fino”.

El empresario enfatizó en su denuncia que la causa judicial en su contra se inició en setiembre de 2017 con una denuncia en la cual la AFIP requirió intervenciones telefónicas "sin fundamento alguno", que se llevaron a cabo durante un año. Añadió que el sustento de esta intervención, una denuncia anónima que alertaba sobre la maniobra de evasión, nunca fue acompañada al expediente por parte de la AFIP.

Y agregó que “si bien la causa fue iniciada por funcionarios de AFIP", luego el fiscal federal y el juez federal "delegaron la investigación en la División Investigaciones de AFIP, existiendo por parte de estos funcionarios de AFIP un exceso al investigar supuestos delitos de fraude a la administración pública provincial y municipal, negociaciones incompatibles con la función pública, porque su competencia se limita a las disposiciones de la Ley N 11.683 y Dec. N° 618/91”.

Para Huergo, “esto evidencia que se buscó una causa política para que el actual gobernador Gustavo Sáenz se viera perjudicado en su candidatura y ello sólo podía cumplirse si el denunciante se acogía a la figura del arrepentido, como se lo requirió el diputado Martín Grande”.

La figura del arrepentido

El empresario afirmó en su denuncia que el 16 de mayo de 2019, mientras estaba detenido en la sede de la Policía Federal, pese a que tenía restricción de visitas, fue a verlo Martín Grande. Huergo aseguró que esa visita “estuvo plagada de irregularidades, pues se llevó a cabo fuera del horario establecido y en un lugar distinto al que concurrían las visitas, pues se hizo en la oficina del Comisario". 

Según contó, el celador le dijo que el comisario quería verlo y lo condujo hasta su oficina "y al arribar, lo recibió, cerró la puerta y en un sector parecido a un living, lo esperaba el diputado Martín Grande, quien tomó un paquete, y le dijo: 'vení Matías, nos sentemos en el living, donde vamos a estar más cómodos, te traje medialunas'. Luego de ello le expresó: 'Matías, te tenés que acoger a la figura del arrepentido y denunciar a Gustavo Sáenz y sus funcionarios. Es la única manera que tenés de zafar, vos no vas a aguantar estar detenido, vos no tenés idea de lo que te espera acá y después en la cárcel de Güemes. Vos no estás hecho para esto'". 

Huergo dijo que le respondió: “No te entiendo Martín, ¿que es lo que querés que denuncie?”. Y aseguró que entonces el diputado le dijo que ya estaba todo arreglado con el fiscal federal y que su abogado Jorge Gálvez había redactado el escrito con las denuncias referidas para inculpar a Sáenz y a sus funcionarios, que si firmaba saldría libre esa misma noche. Añadió que se negó y Grande insistió en lo mal que lo iba a pasar y el largo tiempo que iba a estar detenido, y como seguía rechazando la propuesta, le dijo: “Yo que vos lo pensaría y lo conversaría con tu abogado”, y se retiró. Huergo fue el único de los involucrados en la millonaria estafa al fisco que estuvo detenido, durante 92 días.

En el procesamiento de junio pasado, el juez Bavio sostuvo que Huergo comandaba una asociación ilícita que confeccionaba facturas truchas para evadir impuestos por sumas millonarias; además, vendía estas facturas a otras empresas que pretendían evadir al fisco. Por otra parte, Arcadio SRL y SEC SA, las empresas de Huergo, están involucradas en un fraude a la administración pública municipal y provincial, aunque estos hechos todavía no se investigan, por un planteo de competencia aún no resuelto.

Por otro lado, también en junio de 2020, la misma fiscala Simesen de Bielke requirió la elevación a juicio de otra causa, ahora en el fuero provincial, en la que Huergo está acusado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Lusal, de la cual fue director.