Javier Tumas, secretario de Desarrollo Social de Pinamar, se presentó este lunes ante la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante de Pinamar para dar explicaciones sobre la denuncia por el desvío de los fondos de dos millones de pesos de tarjetas Alimentar que estaban destinadas a población vulnerable de ese municipio, a cargo del intendente Martín Yeza, de Juntos por el Cambio. 

La causa, caratulada como "defraudación en perjuicio de la administración pública", se investiga en la Fiscalía N°4 de Dolores, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y hay seis personas detenidas, dos de ellas actualmente empleadas del Municipio. Frente al edificio municipal agrupaciones feministas y vecinos autoconvocados se manifestaron para reclamar por el esclarecimiento de los hechos, la interpelación a Yeza, la renuncia de los responsables del área de Desarrollo y la devolución del dinero a las familias perjudicadas. "Las organizaciones sostuvieron la emergencia alimentaria. Con esto vemos claramente la diferencia entre lo que pasaba en la calle y lo que hacían los funcionarios de Desarrollo Social", apuntó Cecilia Bertolino, periodista del portal Identidad Feminista y vecina de la localidad costera. En una carpa, las organizaciones recibieron denuncias de las familias pinamarenses que no obtuvieron el subsidio para alimentarse.

"Hay una dirección específica y excluyente encargada de gestionar esos programas", se excusó Tumas, apuntando a la dirección general de Gestión y Coordinación Territorial, a cargo de Nora Ponce, y aseguró que "en noviembre nos informan que tienen que hacer una investigación ocular desde Policía Federal Argentina sobre las oficinas de esa dirección, es lo único que sabíamos entonces". Sin embargo, según Ponce, tanto Yeza como Tumas estaban al tanto de la denuncia que ella misma radicó por las irregularidades detectadas en el uso de las tarjetas. "El 14 de diciembre tomamos conocimiento de que se había radicado una denuncia", agregó la subsecretaria de Desarrollo Social que acompañó a Tumas en su presentación, Carolina Llamazares.

Consultado por la fecha en que se realizaron las operaciones del desvío de fondos, Tumas respondió "eso se lo tienen que preguntar a la Justicia". En diálogo con este diario, el fiscal Pérez aseguró que las operaciones "se hicieron todas en 4 o 5 días, a principios de noviembre, con los saldos acumulados de todo el año". Hasta ahora, dos de las detenidas por el delito son empleadas de la Secretaría, "una es una agente que tiene años en la municipalidad, ocupó distintos cargos", relató Tumas y precisó que "la otra ingresó como asesora, a pedido de la dirección" que lideraba Ponce. 

Durante todo el debate Tumas apuntó a la directora del área como responsable del control de las dos empleadas municipales y confirmó que "ya está todo en Legales para desvincular a estas dos personas". En cuanto a Ponce, trabajó en el despacho hasta el jueves pasado -el mismo día en que la Policía, por orden de la Fiscalía, llevó a cabo los allanamientos en el organismo- aunque ahora su puesto es el de directora de Economía Social, que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Pinamar. Respecto de los cambios en el organismo, Tumas argumentó: "tomé la decisión de cambiar a todos mis directores", y aseguró que su intención es "oxigenar a toda la Secretaría".

Dentro del edificio y en medio del álgido debate, la legisladora Tamara Rosso del Frente de Todos tendió un puente con los reclamos que tenían lugar en la calle y remarcó que “acá hay gente que se quedó sin la comida de los pibes y hay responsables que tienen que dar respuesta". Para la legisladora "lo que queda claro es que no hubo control" por parte de las autoridades de la Secretaría. Afuera, los carteles sostenidos por mujeres reclamaban que "le sacaron la comida de la boca" a los niños y niñas afectados y exigían a Yeza que "de la cara". 

Mientras en Pinamar el debate se concentra en las responsabilidades políticas del engaño a las familias beneficiarias del plan, en la Fiscalía buscan rastros para determinar la culpabilidad penal del delito. "Hasta ahora sabemos que son 55 las tarjetas afectadas por una totalidad de dos millones de pesos. Tenemos acreditados los hechos y la autoría", confirmó el fiscal que, desde la ciudad de Dolores, lidera la investigación. El Banco Provincia y el Ministerio nacional de Desarrollo Social también denunciaron lo ocurrido.  Las seis personas detenidas -en la comisaría de Madariaga y de Pinamar- son Andrea Ríos y Cecilia Pecarrere, de la Municipalidad, José Fons, pareja de Ríos, Carlos Ambao, uno de los titulares de los comercios, y Diego Antonio Borea y Fabian Rosas, titulares de los posnets, el elemento clave de la operación. 

"La primera operación que hace el posnet es de 10 pesos, una operación de prueba a nombre de la tarjeta de un ciudadano que ya tenia condenas por estafas", relató Pérez. Si bien la Fiscalía ya señaló a los seis culpables, todavía ninguno se presentó a declarar y aún resta evaluar todos los elementos confiscados -celulares, documentos, tarjetas bancarias, computadoras- en el allanamiento de la semana pasada, a través de los cuales el fiscal podrá determinar si hay más involucrados en la causa. Respecto de los funcionarios responsables por las dos trabajadoras involucradas, Perez señaló que la responsabilidad "depende de si hubo lucro o encubrimiento" por parte de las autoridades de la Secretaría y precisó que "si encontramos alguna vinculación con el delito o que había conocimiento previo, esa persona puede ser considerada coautora o partícipe necesaria".

Informe: Lorena Bermejo.