A Norma Mores, secretaria de Actas y Afiliaciones de la UTHGRA seccional Rosario, le dieron una licencia de un mes que ella no había pedido. El secretario general del Sindicato gastronómico la castigó así por haber denunciado a cuatro integrantes de la comisión ejecutiva --que ella también integra-- por violencia psicológica y física. El 9 nueve de marzo el juez en lo Civil y Comercial de Rosario Néstor García dictó una prohibición de acercamiento contra los dirigentes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Rosario. Dos días después, a ella le quitaron las claves que necesita para hacer su trabajo. Las evidencias están al alcance de cualquiera: el 26 de febrero, el secretario gremial Sergio Ricúpero la amenazó de muerte, se le abalanzó, le pegó y le dijo “negra de mierda”, “zurda”, “feminista”. Fue el punto más alto de una escalada. Tras la decisión de Mario Di Renzo, el secretario general de UTHGRA Rosario, de proteger a los agresores, Mores envió una carta a la Confederación General del Trabajo y otra a la Organización Internacional del Trabajo, para que se aplique el convenio 190 –para eliminar la violencia y el acoso en los lugares de trabajo--, al que Argentina adhirió por ley. Que una mujer se convierta en referente para les afiliades, forme parte de un instituto interno para la igualdad y active en la Intersindical de Mujeres de Rosario parece más de lo que estos dirigentes están dispuestos a soportar.

Tras la resolución del juez, Di Renzo se presentó ante el juez con la propuesta de licenciar a la denunciante y los denunciados. Aunque ellos siguen frecuentando los espacios gremiales. El magistrado rechazó la propuesta, porque entendió que la organización estaba castigando a quien debía proteger. La siguiente medida de la conducción gremial fue apelar la resolución de García.

Hasta 2017, Norma Mores fue delegada de la empresa de cátering donde trabajaba y desde entonces, es parte de la comisión ejecutiva del sindicato, en contacto directo con les afiliades. En febrero, recibió amenazas relacionadas con sus hijos. El 26 de febrero, cuando se lanzó la Agrupación Gastronómica Rosarina, de la que Norma forma parte, el secretario gremial del gremio fue a su oficina y la agredió verbal y físicamente.

La violencia tiene motivos de género, aunque el trasfondo es la disputa por la conducción de la seccional sindical, que la actual comisión conserva desde hace décadas y consideraba garantizada por muchos años más. Además de Ricupero, los denunciados son Martín Coronel, Walter Fiore y Juan Carrasco.

El juez García ordenó “el cese de cualquier tipo de hostigamiento psicológico contra Norma Yanina Mores, debiendo abstenerse de realizar actos de contacto o intimidación por cualquier medio en forma personal, verbal, telefónica, por redes sociales, por correo electrónico o cualquier otro sistema similar de comunicación”.

La violencia comenzó cuando Mores se unió, junto a otras compañeras, a IPLIDO, un instituto interno del sindicato conformado para garantizar la igualdad de oportunidades, que logró que “muchas trabajadoras, afiliadas y compañeras que sufrían violencia por parte de sus empleadores, participen de las actividades”. Esa afluencia de las bases a un local sindical que no impulsa la participación resultó en diferencias, así como rivalidad entre los cuatro dirigentes denunciados y las integrantes de IPLIDO. “Inorgánicas, feministas, zurdas y negras de mierda”, fueron algunos calificativos contra las militantes. La ira se enfocó en Mores, con un maltrato “recurrente” que, en febrero de este año, ante la oficialización de una agrupación opositora, se profundizó. Ese tipo de trato, que además de Mores sufren, en menor medida, otras mujeres del gremio, “no es habitual hacia los varones”, según consta en la denuncia.

García no se queda ahí, además de instar a la seccional rosarina de UTHGRA a reorganizar los horarios laborales, dispone que se dé intervención a la Federación Gastronómica y al Área de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. Sin tomar en cuenta los protocolos de actuación vigentes en violencia de género, Di Renzo decidió la licencia para Mores.

La Intersindical de Mujeres de Rosario acompaña a Mores y, apenas se viralizó el audio con la agresión de Ricúpero, hicieron un comunicado. “Expresamos el total rechazo a cualquier forma de desarrollo de la política sindical que esté vinculada al uso de la violencia. Denunciamos el abuso de poder, el uso de la fuerza y las amenazas de muerte ejercidas contra nuestra compañera y nos declaramos en alerta frente a cualquier episodio o acto que intente volver a vulnerar sus derechos", manifestaron.

“Desde el movimiento de mujeres en distintos espacios de intersindicales venimos trabajando contra la violencia estructural que culturalmente fueron sosteniendo los sindicatos, primero porque la mayoría fueron formados por varones y entonces son estructuralmente machista, y después porque, con la incorporación de las mujeres no se aggiornaron, para nada, siguieron sosteniendo ese modelo sindical muy patriarcal”, expresó Liliana Leyes, de ATE Rosario, quien subrayó que “el movimiento de mujeres creció muchísimo, empujó a que los movimientos de mujeres se transformen y esto lleva a un rechazo muy fuerte de los varones que sostienen este patriarcado”.

La dirigente sindical repudió que la decisión del secretario general de UTHGRA Rosario fuera una licencia compulsiva para Norma Mores. “Cuando decimos que queremos una reforma judicial, también estamos diciendo que necesitamos una reforma estatutaria para que haya normas sobre la violencia. En la mayoría de los sindicatos defienden al machista y no a la compañera”, lamentó Leyes. Pese a normativas como la ley de violencia laboral, el comité para que se aplique la convención 190 de la OIT y la ley marco 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres, la gremialista subrayó: “Todo eso no alcanza a la hora de ampararnos”.

La combinación entre la estructura machista y modelos sindicales enfrentados devino en una situación agobiante para Mores. Desde hace dos años sufre agresiones y hostigamiento que no se realizan sobre ningún varón en el gremio. Su referencia, la capacidad de afiliación que demuestra, el trabajo de bases que viene realizando, inquietan a la actual conducción.

La resolución del juez García enmarca claramente las violencias. “La requirente se encuentra inmersa en una situación de grave hostigamiento psicológico y físico, con tintes persecutorios”, subraya el magistrado, que tipifica esa situación en la ley 26.485.