La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue aceptada como querellante en la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales ocurrida hace un año en una comisaría de San Luis, tras ser detenida por salir en su bicicleta al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), para comprarles alimentos a sus dos hijos y su nieta a cargo.
-Femicidio querrás decir. A Magalí la mató la policía.
Celeste Morales, su hermana, afila el término por si quedaran dudas: “Nadie se suicida en una comisaría”, como quieren hacer creer desde el 5 de abril de 2020, cuando Florencia terminó colgando de un cordón en una celda de la comisaría 25ª de Santa Rosa del Valle del Conlara, un pueblo con menos de 10 mil habitantes y situaciones habituales de violencias de género.
Es la segunda vez que la Secretaría de Derechos Humanos interviene en una causa, tras ser admitida a principios de marzo como querellante en la investigación por el asesinato de Rafael Nahuel. Que el juez puntano Jorge Pinto -cuestionado por su desempeño desde el minuto en que entregaron el cadáver de Florencia a su familia- aceptara la intervención del organismo, es clave para el esclarecimiento de una causa que desde el primer momento intentó archivarse, con graves falencias en la recolección de pruebas, y cuando al día de hoy no figura un solo policía procesado ni imputado de entre los siete y diez que ese 5 de abril declararon que sólo se trató del suicidio de una mujer fuera de sí. “Al suscribir los tratados y convenciones sobre derechos humanos, el Estado argentino se obligó a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y suprimir toda violación a los derechos humanos, como es la muerte de una mujer bajo custodia de miembros de una fuerza de seguridad del Estado provincial”, dice el escrito firmado por Horacio Pietragalla Corti y Graciela Nora Kullock como letrada patrocinante.
“Mi hermana fue detenida en forma arbitraria pero nunca se resistió, sólo reclamaba que la liberaran para llevarles el pan a sus hijes. Aun así la encerraron en una celda cerca de diez horas y me la entregaron muerta, con signos de golpes y torturas”, explica Celeste, que el lunes asistió con una de sus hermanas, Alejandra, a la movilización por Justicia para Florencia que los días 5 de cada mes realiza el feminismo organizado en Santa Rosa y en otras regiones de la provincia. “Saquen la mentira de que se suicidó. La mató la policía, mientras que los de la comisaría andan por la calle y todo quedó en la nada”, reclamó Alejandra. “Mi hermana no era depresiva, como quieren hacer creer, tenía visión de futuro y quería ver a sus hijos terminar la escuela.” De los nueve profesionales que presentaron el informe de la autopsia psicológica que el fiscal Carlos Laloutre solicitó incorporar, tres no lo firmaron y elaboraron un estudio propio diciendo que la joven no tuvo ningún motivo para suicidarse. "Con nuestra hermana se ensañaron y cometieron actos de maldad por el sólo hecho de ser mujer", se indigna Celeste. "Si hasta pretendían que pagáramos las autopsias de nuestros bolsillos."
El 5 de abril de 2020, policías de la 25ª detuvieron a Florencia Magalí, Maga, de 39 años, por andar en el pueblo con la bicicleta “a contramano” y en el contexto de ASPO. Luego de trasladarse a la comisaría en forma voluntaria intentó retirarse, hubo forcejeos y antes de dejarla detenida la llevaron al hospital zonal para constatar que no tenía lesiones. Entre el segundo ingreso y su muerte violenta hay un vacío que según Celeste se construyó a fuerza de una trama de complicidad policial y judicial. “El entonces jefe de la comisaría, Heraldo Clavero, me decía ´qué le va a hacer señora, su hermana se suicidó´, y quería convencerme de que la cremara rápido y me la llevara ´en una urnita´ a Mendoza, donde vivimos. El juez Pinto nos dejó declarar nueve meses después del hecho, porque para él no era necesario. El defensor oficial que representa a los policías involucrados, José Francisco Pérez, un personaje con nula perspectiva de género, pide desde la primera autopsia que se archive toda la causa como suicidio, cuando en la segunda el forense reconoció que hubo ´errores técnicos´ y que omitió las lesiones en la integridad física de Florencia. Ahora dicen que recién en la tercera autopsia se dieron cuenta de que faltaban músculos y carótidas del cuello.” Al menos, suspira Celeste, "logramos cambiar la carátula a ´averiguación de muerte´, pero siguen apuntando a la muerta que no se puede defender. Y nosotras, las piedras en los zapatos de toda esta gente, vamos por la carátula de femicidio". Según un informe del Centro de Estudios para la Ciudadanía, entre marzo y junio de 2020 unas 6.975 personas fueron detenidas en el marco del ASPO en San Luis. “Es necesario visibilizar la política de persecución y la violencia institucional ordenada por el Estado provincial -advierte el trabajo-, que bajo las restricciones por la pandemia les sirvió de ´excusa´ para profundizar los abusos policiales.”
Las colectivas feministas, sociales, sindicales y políticas que el lunes se movilizaron a la comisaría y al juzgado donde se tramita la causa, reclamaron Justicia por Florencia, la incorporación urgente de perspectiva de género en todos los ámbitos institucionales y asistencia psicosocial, habitacional y económico para las víctimas de violencias. Desde la organización Ningunas Santas, que encabezó el proceso de acompañamiento junto con la Mesa de la mujer, niñez y diversidad de la ciudad de Carpintería, y la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, la comunicadora Irma Ortiz Alarcón expresa que “pese a los esfuerzos estatales por generar políticas públicas, que nos protejan de las opresiones del sistema patriarcal, nos siguen asesinando por ser mujeres. Somos sujetas de femicidios a diario. En Ningunas Santas pudimos poner en tensión que en el Estado sus propios dispositivos nos matan. Y en este caso son las fuerzas de seguridad las que asesinan a mujeres y diversidades”.
La muerte de Maga devuelve una mirada cruda sobre las niñeces. “Que se quedan completamente desamparadas. Niñeces de las cuales sus familias, de buenas a primeras, tienen que hacerse cargo, además del dolor de la pérdida de una hermana asesinada por la policía, y ese tema pasa por una cuestión de materialidad de la vida”, sostiene Irma. “En todo este trayecto doloroso, les hijes de Florencia Magalí han estado muy desprovistes de un acompañamiento efectivo psicológico, económico y de alimentación.”
Celeste habla de precarización al palo, de la guarda de los tres niños de 12, 8 y 4 años, incluido su hijo de 6 años, del trabajo que siempre pende de un hilo, de la colaboración amorosa de las maestras y la directora, de que por suerte vive en la casa de sus padres, porque nunca podría alquilar. “Hace un año pedí la Asignación Universal por Hijx y no sale. Es humillante que te exijan hasta el mínimo detalle de tu vida cada vez que pedís ayuda. Y lo que es peor, para acceder a la asistencia económica de la Ley Brisa la carátula tiene que cambiar a femicidio. Ando todos los días con lo justo.”
Creada en 2015 al calor de Ni Una Menos, la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara, tuvo un rol central para que la causa de Florencia Magalí no se cerrara, y debió atravesar un ejercicio de fortalecimiento profundo para enfrentar la estructura represiva policial. “Siempre entramos a las comisarías para acompañar situaciones de violencia intrafamiliar. Fue muy denso accionar por primera vez contra la misma fuerza a la que recurríamos. Nos seguían, nos sacaban fotos, anotaban las patentes de nuestros vehículos”, relata la trabajadora social Pamela McKey, integrante de la Red. “Lo primero que hicimos fue compartir con la comunidad quién era en verdad Florencia, desarmar el chusmerío patriarcal, incluidos medios y autoridades locales, que la cuestionaban, de alguna manera, para justificar su muerte.”
Pensar una reforma judicial feminista en San Luis parece un oxímoron, puente roto, pero el año de lucha colectiva y popular puso en crisis el accionar del Poder Judicial provincial. “Los lazos corporativos policiales y judiciales se mantienen intactos, pero este caso desnudó a la Justicia heteropatriarcal y se nacionalizó la causa. Hoy más que nunca la reforma judicial feminista es uno de los grandes ejes del debate, y no alcanza con la Ley Micaela, porque de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el más conservador y el menos elegido. Quienes deben aplicar las leyes son hijos e hijas también del patriarcado que abrazan concepciones patriarcales, porque cuántas tienen vaginas pero replican la mirada patriarcal", concluye Pamela. "El Poder Judicial debe tener una transformación feminista y popular, porque quienes más se perjudican son las mujeres, las disidencias, las niñeces, les migrantes y les negres. Hay todo un engranaje que permite que los varones sigan siendo abusadores y violentos, y eso también alcanza al sistema policial.”
