El concejal libertario salteño denunciado por extorsión sexual, a un paso de la expulsión

Salta/12

Este viernes por la mañana el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta tratará en sesión especial el dictamen que recomienda la expulsión del edil Pablo Emanuel López (La Libertad Avanza), denunciado penalmente por extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género por una asesora suya. La mujer, también militante libertaria, denunció al concejal por exigirle favores sexuales a cambio de beneficios económicos. Presentó escandalosos audios que dan cuenta además de un mecanismo de retención de haberes que, al parecer, formaba parte de un modus operandi legislativo. Y que incluía particulares "descuentos": “Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”, se escucha recriminar al concejal en la prueba presentada. Otro tema institucional cruza el escándalo: Como López fue reelecto, podría reasumir en diciembre, a menos que la Justicia -y no ya el Concejo- disponga su inhabilitación.  

El escándalo se desató unas semanas atrás, luego de que la radio local FM Infinito diera a conocer la denuncia formal y difundiera un audio de una conversación en la que, asegura la denunciante, participan López y ella. “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”, le recrimina ella. El responde en forma violenta: "No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar", conmina. Es entonces cuando recrimina: “Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”. 

Poco después, López presentó su renuncia al Concejo Deliberante, presentándose como víctima de "hostigamiento político y persecución personal". El cuerpo deliberativo la rechazó para poder activar el procedimiento de juicio político. Su partido -al que había adherido tras su ingreso por el PRO- publicó un comunicado oficial en el que aseguraba que  "se rige con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente" y terminó expulsándolo. 

Incapacidad moral 

Este jueves la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial decidió recomendar que sea apartado del Cuerpo sobre la base del artículo 19 de la Carta Municipal, que establece la figura de “incapacidad moral sobreviniente” como causal de expulsión.

El proceso tuvo un giro clave el jueves, cuando López finalmente se presentó ante la Comisión junto a su abogado José Fernando Teseyra para dejar por escrito su descargo. La reunión fue breve y sin diálogo con los ediles. Tras retirarse del despacho, las y los integrantes de la Comisión -compuesta por los presidentes de los distintos bloques- resolvieron por mayoría emitir el dictamen que será sometido a votación en el recinto.

“Hace unos minutos se presentó el concejal Pablo López junto a su abogado, dejó por escrito su descargo, luego se retiró y en estos momentos la Comisión está formulando el dictamen que se va a poner a consideración el viernes”, contó a este diario Gustavo Farquharson (Vamos por Salta), que si bien no integra formalmente la Comisión, participó del proceso en su carácter de edil.

El concejal dijo que en el escrito López "niega todas las acusaciones, incluso niega que la voz de los audios sea la suya". Sin embargo, explicó que eso no impide que el Concejo pueda actuar institucionalmente. "La justicia determinará la responsabilidad penal. Nosotros estamos ante una situación de gravedad que afecta la imagen y el funcionamiento del Concejo", enfatizó. En la denuncia penal intervienen dos fiscalías, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y de la Unidad de Violencia Familiar y de Género, aunque aún se encuentra en etapa de investigación preliminar.

Farquharson sostuvo que hay argumentos suficientes para solicitar la exclusión del concejal. “No porque tenga un juicio (penal) cerrado, eso es responsabilidad de la Justicia, pero sí por la magnitud y la notoriedad de la denuncia, que interrumpió el proceso institucional del Concejo", dijo. Subrayó que esto demuestra que "no está en condiciones de poder seguir llevando adelante su función”. 

Se descuenta que el Concejo aprobará la expulsión del edil libertario. La figura es la “incapacidad moral” establecida en la Carta Municipal, puesto que se tomó en cuenta el impacto institucional de las denuncias, que cobraron visibilidad pública por la circulación de una serie de audios que presuntamente serían de López, en los que exige la entrega de parte del sueldo de la asesora o favores sexuales.

Silencio frente a cámaras

A su ingreso al Concejo, poco antes de las 11, López evitó dar declaraciones a la prensa, y sólo atinó a decir: “Vengo a ejercer mi derecho a defensa”. Cuando se le preguntó por la autenticidad de los audios, se limitó a afirmar que “los audios son públicos”, y frente a la pregunta sobre si asumirá en diciembre, respondió: “No voy a dar declaraciones. Tranquilos, chicos, el tiempo dirá todas las cosas”.

Su abogado, José Fernando Teseyra, explicó que el concejal “niega la existencia de todos los hechos que se le imputan” y afirmó que la voz de los audios “no es la de él” y que el material “fue editado”. También insistió en que el proceso penal “está en una etapa preliminar, sin imputación formal”, y que la renuncia presentada por López “fue para expresar que el problema no es con el Concejo sino con su partido”.

Consultado por la posibilidad de asumir en diciembre, Teseyra se mostró evasivo y aseguró que no está en condiciones de confirmarlo. "No forma parte de la estrategia de defensa. Mi cliente está a disposición de la Justicia y de todas las autoridades”, expresó. 

Sobre está posibilidad, dado que fue reelecto en los comicios provinciales de mayo pasado, Farquharson señaló que “la única forma de impedirlo es que la justicia dictamine la inhabilitación para ejercer cargos públicos". De no darse tal fallo, se debería convocarse a una nueva comisión en el próximo período para volver a tratar su exclusión. 

Pese a que el Cuerpo legislativo no puede sancionar penalmente a un concejal, la expulsión sí constituye un pronunciamiento institucional frente a hechos graves. “Es un buen precedente para seguir hablando de la necesidad de erradicar la violencia de género”, opinó Farquharson. “Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de actuar. La decisión que se tome tiene que ser ejemplificadora para que no vuelva a ocurrir un hecho de estas características”, manifestó.