La Prestación Básica Universal para los servicios de telefonía celular, telefonía fija, internet y televisión paga cumple dos meses desde su puesta en marcha. La PBU está hecha para que tres millones de personas que viven situaciones de pobreza e indigencia puedan acceder a las TIC: las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, totalmente indispensables en pandemia, para hacer trámites, notificarse de pagos y vacunas, para la actividad laboral, la educación y los vínculos sociales. La PBU es la tarifa social de la conectividad, así como existen tarifas sociales en electricidad y gas. Las familias a las que apunta son las mismas, en condiciones de vulnerabilidad.

Telefónica, Telecom y Claro expondrán esta semana ante el Gobierno sus avances en la implementación de la PBU. Habrá importantes reuniones en la Jefatura de Gabinete y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Cuando se hizo el primer balance, el mes pasado, de las 3 millones de personas a las que potencialmente apunta el plan del Gobierno en un inicio, las empresas habían logrado adherir solo a 500. En cambio, la Enacom ya acumula 65 mil reclamos de jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, pensiones por invalidez y la Asignación por Embarazo a quienes las compañías les negaron el beneficio.

“No, eso no existe”. “Usted no cumple los requisitos”. “Acá no trabajamos con el plan del gobierno”. Son algunas de las respuestas que recibieron esos solicitantes de la PBU en oficinas comerciales de Movistar, Personal y Claro.

La resistencia de las empresas a la PBU es un hecho desde su creación el año pasado, por decreto de necesidad y urgencia. El Gobierno indicó que la medida busca “garantizar el derecho humano de acceso a las TIC por cualquiera de sus plataformas”.

Sin embargo, las empresas buscan preservar lo más posible el negocio de la recarga de celulares. La estimación que circula en el gabinete económico es que una familia que cobra 4000 pesos de AUH y 6000 pesos de la tarjeta Alimentar, termina gastando 2000 pesos en telefonía y otros 2000 en televisión paga. Es decir, de los 10.000 pesos que destina el Estado en ayuda a esa familia, los gigantes de las telecomunicaciones se terminan quedando con 4000.

La PBU tiene un costo de 150 pesos por mes en telefonía móvil, con opción de incorporar un paquete de datos de 1 giga por 200 pesos o pagar 18 pesos por día. En telefonía fija el precio final es de 380 pesos. También hay descuentos del 20 al 30 por ciento para la televisión por suscripción según la cantidad de usuarios de las empresas.

La PBU está habilitada para los titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo, como así también sus hijes de entre 16 y 18 años y miembros de su grupo familiar; titulares de pensiones no contributivas que perciban hasta dos salarios mínimos, y también sus hijes; clubes de barrio y de pueblo, bomberos voluntarios y entidades de bien público.

La pulseada para que estos sectores populares puedan utilizar los servicios de conectividad a precios alcanzables para sus ingresos forma parte del cuadro general de disputa por la inflación. La disparada de 4,8 por ciento del IPC en marzo, para acumular 13 puntos en lo que va del año y 42,6 en doce meses expone la urgencia de la situación.

Con el sector de telecomunicaciones, las tensiones vienen de arrastre, por la aplicación de aumentos no autorizados en el verano y la pretensión de repetir la historia en este momento. En lo que va del año, después de los cruces judiciales, las empresas fueron autorizadas a producir subas de algo más de 15 por ciento. Fue un 5 por ciento en enero, 7,5 en febrero y 2,5 en marzo, acumulativo.

Pero la pelea recrudeció la última semana por un mensaje que empezó a enviar Movistar a sus clientes en el que anuncia que “los precios se incrementarán hasta 8 por ciento en mayo y hasta 7 por ciento en junio”. La respuesta de Enacom fue un comunicado en el que rechazó esa pretensión, ratificó que los servicios ahora están regulados y convocó a la compañía, junto a sus competidoras, a una reunión en la semana.

En el encuentro, las autoridades pondrán sobre la mesa la situación de la PBU. Reclamarán que las empresas abandonen el virtual boicot que hacen al nuevo derecho para sectores vulnerables y condicionarán futuros ajustes de tarifas al resto de los usuarios a que haya avances en la materia.

“En celulares con tarjeta, los que se quedan sin crédito no pueden trabajar o estudiar porque ni siquiera reciben los mensajes. Las empresas tendrán que mostrar resultados rápidos en la incorporación de clientes con PBU o no se autorizarán nuevas subas”, sostienen en el gobierno. La PBU garantiza el uso de WhatsApp de manera ilimitada y tampoco consume datos por el ingreso a páginas con terminación gob.ar, a través de las cuales sus beneficiarios hacen numerosos trámites.

Un objetivo prioritario de la política económica para este año, enunciado por el ministro Martín Guzmán, es que los salarios superen la evolución de precios y tarifas. La respuesta de distintos actores del poder económico a esa premisa lo está poniendo en duda. El Gobierno confronta con grandes alimenticias, prestadoras de luz y gas y gigantes de las telecomunicaciones. Si el Estado no logra imponerse, la consistencia del plan oficial estará en peligro.