El senado de Brasil instaló una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar acciones y omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en la pandemia de coronavirus que causó cerca de 400 mil muertes y que en los últimos cuatro meses duplicó el total de fallecidos en 2020. La CPI analizará si hubo negligencia o actos de corrupción en el manejo de la pandemia.

La comisión instalada este martes está integrada por 11 miembros titulares, en su mayoría (7) son opositores o independientes. Hasta último momento Bolsonaro intentó aumentar las ofertas para que senadores alquilables integren la comisión.

Con el objetivo de investigar la crisis sanitaria y el actual colapso sanitario, el grupo podrá convocar a declarar a ministros y a otras autoridades. Ya está previsto citar al actual titular del ministerio de Salud, Marcelo Queiroga y a los tres ministros anteriores, entre ellos, Eduardo Pazuello, un general retirado que a pesar de no haber estudiado medicina fue designado por Bolsonaro para ser el ministro de Salud a mediados del año pasado. La CPI analizará lo ocurrido durante la crisis de suministro de oxígeno que en enero provocó la muerte por asfixia de decenas de personas en Manaos, capital del estado Amazonas.

La comisión será presidida por Omar Aziz del Partido Social Democrático (PSD), una agrupación de centro que se declara independiente. Para la vicepresidencia fue electo el senador Randolfe Rodrigues del partido ecologista Rede, críticos de Bolsonaro en el parlamento. Mientras que para el cargo de instructor fue elegido Renán Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un partido de centroderecha y opositor de la actual administración.

Desde el bolsonarismo intentaron impedir la elección de Calheiros incluso por la vía judicial por medio de una medida cautelar dictada por una corte federal. Una de las principales aliadas del mandatario en el congreso, la senadora del Partido Social Liberal (PSL), Carla Zambelli, alegó que Calheiros se encontraba en conflicto de intereses porque es el padre del gobernador de Alagoad, que también estará bajo investigación por posible desvío de fondos.

Sin embargo, el Tribunal Federal Regional de apelaciones de Brasil rechazo la medida cautelar dictada el jueves para que el senador Renan Calheiros no pudiera asumir el cargo de relator de la CPI. “La medida provisional que impedía el nombramiento de Calheiros interfería de forma decisiva en la autonomía y en el ejercicio de las funciones inherentes al poder Legislativo”, afirmó el vicepresidente del tribunal, Francisco de Assis Betti, a la agencia Europapress.

El grupo del senado contará con un plazo de 90 días para realizar la investigación, aunque podrá ser prorrogado. Finalmente deberán presentar un informe cuyas conclusiones podrán ser remitidas a los tribunales para el inicio de un proceso judicial.

El presidente de la CPI, Omar Aziz, dio las primeras declaraciones al frente del grupo de investigación y pidió evitar que el clima electoral anticipado contamine el trabajo investigador en referencia a los comicios de octubre de 2022, en los que Bolsonaro intentará su reelección. El presidente brasileño se alió con los partidos de centroderecha conocidos como “Centrao” para protegerse de un posible impeachment, pero la alianza parece débil y los sondeos indican una posible derrota para Bolsonaro. Con el constante rechazo a las recomendaciones para controlar la propagación del virus, Bolsonaro despertó preocupación en algunos sectores del oficialismo.

El actual mandatario enfrentó la pandemia como un negacionista: criticó las medidas de confinamiento impuestas por algunos estados, rechazo el uso de mascarillas, cuestionó las vacunas y promovió remedios sin eficacia comprobado como la hidroxicloroquina).

Un informe interno obtenido por la prensa local en Brasil enumera 23 posibles casos de irregularidades y omisiones en el combate a la pandemia que la comisión investigará en los próximos meses. Uno de los puntos a investigar por la CPI se refiere a la negativa desde el ministerio de Salud a iniciar el proceso de adquisición de vacunas mediados del año pasado. También estará bajo la lupa la negativa de Bolsonaro a admitir la gravedad del coronavirus, al que incluso llamó de “gripecita”. Actualmente el gobierno enfrenta problemas para conseguir vacunas mientras lidera la lista de países con más muertos por covid-19, sólo superado por EE.UU.

Otro de los puntos citados es el referente a la compra de oxígeno o medicamentos para intubación, que aún escasean en algunas regiones de Brasil. Por otra parte se investigará la difusión de noticias falsas sobre la pandemia y la falta de una campaña de divulgación desde el gobierno para comunicar la gravedad del coronavirus.