La jueza en lo Civil y Comercial de la 18º nominación de Rosario, Susana Silvina Gueiler, se declaró ayer incompetente para resolver el recurso de amparo presentado por el diputado nacional del PRO, Federico Angelini, contra la decisión del gobierno provincial de suspender por una semana las clases presenciales en los departamentos Rosario y San Lorenzo, y ordenó enviar el expediente a la Justicia Federal.

Angelini había solicitado una medida cautelar y que se declarara “la inconstitucionalidad del decreto 0447, emitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe con fecha 2 de mayo de 2021, y todas las disposiciones reglamentarias y/o complementarias o que se dictan en su consecuencia, incluyendo la Circular N°7 de la Ministra de Educación de la Provincia de fecha 2 de mayo de 2021”.

El pedido del referente del PRO en Santa Fe, que se presentó como “ciudadano” y “padre de sus hijos menores de edad”, apunta contra el artículo que dispone: “Suspéndese desde el 3 al 7 de mayo de 2021 inclusive, en los Departamentos Rosario y San Lorenzo, el dictado de clases presenciales en los establecimientos educativos de gestión oficial y privada de todos los niveles y modalidades de la enseñanza, incluyendo los dependientes del Ministerio de Cultura”.

 En su resolución, la jueza Gueiler toma “como reflexión final" las palabras del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti en las conclusiones de su voto en cuanto afirma: "Que esta guía (refiriéndose a la emitida por el Consejo de Educación) no puede ser sustituida por los jueces que carecen de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública. No se pueden analizar los datos empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues ello supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado de los edificios, el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad en la pandemia, si se ha asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los alumnos tienen que usar transporte o pueden llevarlos sus padres, si esa actividad es contagiosa o no. También debería considerarse que cada ciudad, cada barrio y cada escuela presentan situaciones específicas. El Poder Judicial no puede evaluar si ese contagio se propaga dentro de un barrio, de la ciudad o el área del AMBA, o si, como ocurrió en el año 2020, lo que sucede en el AMBA luego termina trasladándose a todo el país y para ello debería recurrirse a información científica”.

La intentona de Angelini, rápidamente desactivada por la Justicia provincial, fue casi calcada de aquella que inició dos semanas antes el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y que, a diferencia de lo ocurrido en Santa Fe, fue aceptada por los Tribunales de Comodoro Py y, más recientemente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este es el segundo revés contra los intentos de Juntos por el Cambio de judicializar las decisiones sanitarias –vinculadas a la educación– desde que se desató la segunda ola de contagios de coronavirus. A mediados de marzo, el ex intendente de Santa Fe, ex diputado nacional y ex embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, presentó un recurso de amparo en contra el sistema escolar bimodal por el cual los alumnos y las alumnas alternan una semana de clases presenciales y una semana en sus casas con actividades virtuales. En menos de 48 horas, la Justicia rechazó el amparo presentado por Barletta, tal como sucedió ahora con Angelini.