En una brevísima audiencia, el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Ángel Amadeo Longarte, rechazó el juicio abreviado contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y contra quien fuera su secretaria de Hacienda, Carmen Rosa Méndez, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado en cuatro hechos. Ahora, el magistrado ordenará la destrucción del acuerdo, el proceso judicial seguirá su curso y podría resolverse mediante un juicio oral y público tradicional.
Según informó oficialmente la oficina de prensa del Poder Judicial de Salta, la decisión de Longarte respondió a “la insuficiencia de la plataforma fáctica referida fundamentalmente a uno de los hechos (extracción de dinero de dos cuentas bancarias)”, es decir, que consideró que no había suficiente información sobre uno de los hechos que se le imputaba a Cornejo, y que debía continuarse con la investigación.
El fallo sorprendió a la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke y a los abogados defensores de Cornejo, Darío Palmier y Juan José Valdez, quienes habían llegado a un acuerdo en el que Cornejo y Méndez reconocían sus responsabilidades en los delitos que les imputaban, y aceptaban cumplir una pena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva y de 2 años y 6 meses de ejecución condicional, respectivamente, en ambos casos con inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, debían entregar a la Municipalidad de Campo Quijano una serie de bienes y dinero para reparar el daño: un camión Ford Cargo 1730 que se encuentra secuestrado, maquinaria pesada y elementos de construcción, la devolución de caños de Aguas del Norte, una camioneta Chevrolet S10 que se encuentra en poder del municipio de Campo Quijano en carácter de depositario judicial, un terreno ubicado en Campo Quijano, y Cornejo abonaría la suma de 5 millones de pesos en el plazo de 48 horas en una cuenta judicial para su posterior transferencia al municipio.
Según estimó el abogado de la Municipalidad de Campo Quijano, Rodrigo Palazzo, “en promedio la reparación económica podía ascender a 80 millones de pesos si valuamos la totalidad de la maquinaria, el terreno y el monto que han ofrecido”.
A pesar de que la opinión de la querella no es vinculante en este tipo de acuerdos, también la comuna quijaneña se había mostrado en favor del juicio abreviado. Palazzo explicó que estaban de acuerdo con esta posibilidad “en el entendimiento de que el acuerdo podía llegar a satisfacer una reparación integral, porque teníamos la vía expedita de la acción civil en hipotético caso de que esto se hubiese aceptado” y por el hecho de que “se llegaba a Justicia en una causa inédita en la provincia de Salta”.
De todas formas, el letrado se mostró satisfecho con el fallo de Longarte por considerar que “los elementos que hemos puesto a consideración de la Justicia son contundentes, tenemos una certeza positiva de que los hechos por los que han sido imputados han sido cometidos”. En ese sentido, se mostró esperanzado: “la puerta sigue abierta y en el juicio oral y público vamos a poder profundizar o ahondar más en el tema para que Campo Quijano pueda tener Justicia de una vez por todas”.
Decepción
Por el contrario, la fiscala Simesen se mostró decepcionada con el rechazo del juicio abreviado. “El juez entendió que los hechos deben dilucidarse en un juicio oral y público así que obviamente se va a inhibir de entender en la causa porque ya conoce los fundamentos del acuerdo y de allí pasará a otro tribunal que será quien se haga cargo de la causa”, explicó una vez finalizada la audiencia, y agregó que “el juez entendió que la naturaleza de los hechos y la controversia que hubo, que si bien ya está resuelta por las instancias superiores respecto del informe contable, requieren que sea más amplia la discusión en cuanto al perjuicio económico causado al municipio, que puede favorecer o perjudicar al imputado”.
Consultada sobre cuánto demorará la realización de un juicio oral y público, Simesen afirmó que “justamente ese es uno de los planteos por los cuales nos parecía importante” que se habilitara la instancia de juicio abreviado. “Esperemos que no demore, vamos a llevar adelante todas las instancias para que esto se haga rápidamente”, concluyó la fiscala.
Si bien se mostró cautelosa a la hora de criticar el fallo de Longarte, el comunicado oficial del Ministerio Público fue bastante crítico de la decisión del magistrado. “Un juez impidió que un exintendente se declare culpable en juicio abreviado por hechos de corrupción”, se tituló el parte de prensa.
Los cargos
Cornejo y Méndez están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado en cuatro hechos, que fueron denunciados por su sucesor y actual intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni.
Uno de ellos es la adquisición de una camioneta Chevrolet S10, presuntamente comprada con fondos municipales pero inscripta a nombre de un familiar del ex jefe comunal, que es el vehículo que Cornejo ofrecía devolver para reparar el daño.
También, por haber escondido en una finca maquinaria pesada y bienes muebles perteneciente al municipio.
Además, se los acusa de haber distribuido dinero en forma discrecional entre los vecinos de Quijano y justificado como ayuda social, pero que en realidad eran dádivas a cambio de captar el voto de los electores.
Finalmente, se los acusa de haber extraído fondos municipales sin que se haya determinado el destino de ese dinero, por un monto que ascendería a los 84 millones de pesos. Este último fue el hecho sobre el que, a criterio del juez Longarte, no había información suficiente para determinar el daño al patrimonio municipal.
