El PCC nació a principios de la década del ‘90, en Taubaté, un penal del estado de San Pablo donde son alojados detenidos considerados de alta peligrosidad. El PCC nació a la sombra y como respuesta a la sangrienta Masacre de Carandiru, en la que la Policía Militar paulista mató a tiros a 111 detenidos, el 2 de octubre de 1992.
Una acción muy semejante a la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en el penal de Devoto el 14 marzo de 1978, cuando fueron fusiladas 65 personas presas en el mencionado pabellón.
Cuando nació el PCC lo hizo con el objetivo de controlar las cárceles del estado y proteger a sus internos de las salvajadas militares.
Primero, el PCC, también llamado 15.3.3 por el orden de las letras en el alfabeto, se había constituido en una organización protectora y que reclamaba por las condiciones de detención. Después siguieron los atentados a edificios públicos. Una década después había pasado a pretender alcanzar el control del crimen organizado, en especial el narcotráfico.
Tiene presencia en el 90 por ciento de las cárceles de San Pablo y en 22 de los 27 estados brasileños, y en las regiones fronterizas de Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. Algunos investigadores estiman que su facturación asciende a 40 millones de dólares al año. Además de la venta de cocaína y marihuana, también se financia a través del robo de bancos.
Los integrantes del PCC pagan una cuota mensual de 16 dólares si están presos, y de 320 dólares si están libres. Para ingresar es necesario deben se propuestos por otro integrante y contar con tres padrinos. El castigo por no colaborar con la organización o con alguno de los “hermanos” (así se llaman entre ellos) es “la muerte sin perdón”.
