A lo largo de estos 37 años de vida democrática, la violencia institucional se fue convirtiendo en una de las deudas más impostergables que tiene la Argentina. Quienes transitamos la juventud entre fines de la dictadura y los años 90 aún recordamos las protestas que se repetían para denunciar el crimen de Walter Bulacio, asesinado en manos de la policía luego de ser detenido a la salida de un recital. Con el paso del tiempo, cada caso de violencia institucional que impactó en la opinión pública se constituyó como una marca grabada en nuestra memoria. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la masacre de Budge, la desaparición de Miguel Bru, el asesinato de Sebastián Bordón y de Luciano Arruga, las muertes por la represión policial de diciembre de 2001, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la masacre de San Miguel del Monte dan cuenta de una trama impune que se presenta como una amenaza a la calidad de nuestra democracia.

Desde el inicio de nuestra gestión en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, impulsamos como urgente y prioritario trabajar en el diseño y la implementación de una agenda de políticas públicas contra de la violencia institucional. Apenas asumimos tuvimos que rearmar un área vaciada por el macrismo. La primera decisión fue poner en pleno funcionamiento el Centro de Denuncias contra la Violencia Institucional. Desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 30 de abril de este año, llevamos gestionados 1400 casos de violencia institucional, que fueron denunciados ante la Secretaría. Los casos no son números. Cada caso es una persona o un familiar de una persona que sufrió  violencia por parte del Estado. Es el propio Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el que escucha a la víctima, le brinda asistencia jurídica, hace un seguimiento del trámite judicial, interactúa con los otros órganos del Poder Ejecutivo y con otros poderes u otras provincias para hacer cesar la violencia. En algunos hechos graves, incluso nos hemos constituido como querellantes, buscando dejar en claro el repudio del Estado y el reclamo de Verdad y Justicia.

En el último año, además, comenzamos a realizar señalizaciones en lugares donde ocurrieron hechos emblemáticos de violencia institucional en democracia. Buscamos dejar una marca: que cualquiera que pase por ahí vea con claridad que hay un Estado, una sociedad, que repudia y condena estos hechos. Y lo hacemos junto a las familias y compañeros y compañeras de las víctimas, como una forma de reparación. Son actos muy emotivos e inmensamente necesarios.

Pero también sabemos que debemos trabajar con herramientas concretas que nos permitan ir reduciendo los hechos de violencia institucional. Por eso estamos impulsando, conjuntamente con el bloque de diputados del Frente de Todos, una Ley Integral contra la Violencia Institucional, que nos va a permitir contar con un piso mínimo de políticas para que adopten tanto la nación como las provincias, que van desde protocolos de uso de armas de fuego, de actuación policial en manifestaciones públicas, hasta centros de denuncias para mejorar el acceso a la Justicia, asesoramiento jurídico a las víctimas, reparación económica en los casos más graves, formación a las fuerzas de seguridad en derechos humanos y un Registro Nacional de Violencia Institucional para poder planificar mejor las políticas públicas según los problemas y sus circunstancias.

Este mismo trabajo que estamos encarando con el Poder Legislativo también lo estamos haciendo con los gobiernos de cada una de las provincias, en el entendimiento de que las policías y los servicios penitenciarios de las provincias dependen de los ejecutivos locales, con los que la Secretaría debe articular. Así, en julio del año pasado acordamos con la firma de todas las jurisdicciones del país, poner a las políticas contra la violencia institucional como Políticas de Estado, más allá de los distintos signos partidarios. Y desde el comienzo de este año, nos estamos reuniendo una por una con todas las provincias para avanzar en conjunto con una agenda de políticas concretas, que van desde los Centros de Denuncias y los Mecanismos Locales contra la Tortura, hasta la formación a las fuerzas, protocolos, cambios normativos, etc.

Es inevitable que la lucha ejemplar de los organismos de derechos humanos contra los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar nos marquen un camino a seguir en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos en democracia. Esa histórica militancia de los organismos encontró en Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y hoy con Alberto Fernández, un compromiso desde el Estado que permitió que Argentina sea ejemplo en el mundo en políticas proactivas en la defensa de los derechos humanos.

Es esa misma conciencia ciudadana la que tiene que cultivarse y crecer en relación a la violencia institucional. Y para eso, además del fundamental rol de las madres de las víctimas (siempre las madres), que caminan incansablemente en busca de justicia por sus hijos, es necesario un gobierno que asuma esa deuda y la transforme en una verdadera política de Estado. En eso estamos.

* Horacio Pietragalla Corti es secretario de Derechos Humanos de la Nación.