El juez uruguayo Marcelo Malvar espera este viernes, a las 14.30, para una audiencia a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón antes de tomar una decisión sobre su segundo pedido de hábeas corpus. El primero había sido solicitado el 6 de mayo, tal como reveló Página/12, y ahí el operador judicial macrista ya anunciaba que faltaría a la indagatoria a la que lo había citado la jueza María Servini en una causa en la que investiga una posible asociación ilícita, amenazas y extorsiones del gobierno de Cambiemos sobre los dueños del Grupo Indalo. El magistrado lo rechazó con el argumento de que era extemporáneo y que hasta ese momento solo había un proceso en trámite en la Argentina. El miércoles, el asesor macrista declarado en rebeldía y ahora con pedido de captura volvió a la carga con argumentos similares, y el agregado de que existe la orden de detenerlo. Interpol todavía no aprobó la alerta roja necesaria, con lo cual el país vecino tampoco tiene todavía la indicación para aprehenderlo. 

En los hábeas corpus, lo que dice Rodríguez Simón es que corren peligro su libertad y su seguridad y que es perseguido por razones políticas, lo mismo que alegó en su pedido para que Uruguay le dé refugio. Un dato curioso es que ante el juzgado de Servini no pidió la eximición de prisión, que es lo que hace todo imputado cuando hay una situación en el expediente que haga palpable esa posiblidad. La jueza ya dijo en la resolución que firmó el miércoles que no sabe por qué razón supone que irá preso si "luego de más de dos años de trámite no se le ha impuesto ninguna medida cautelar ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina persecución política".

El objetivo del hábeas corpus es evitar su "detención administrativa" y, más adelante, la extradición. En paralelo tramita el pedido de refugio que debe resolver la Comisión de Refugiados (CORE) en un plazo de 90 días. En el mientras tanto no puede ser extraditado, posibilidad que quedaría habilitada si se le rechaza el refugio. Para mostrar su convicción de acogerse a esa condición, Rodríguez Simón renunció a su residencia legal en Uruguay. Si la Comisión no resuelve en un plazo que la Justicia estime adecuado frente a un pedido de captura, la decisión podría tomarla el juez o la jueza a quien le toque intervenir. Lo que no está descartado es que puedan detenerlo en el ínterin. La jueza Servini en su resolución subrayó, además, que su calidad de parlamentario del Mercosur no le otorga fueros que lo proteja, como ya dijo la Corte Suprema en el caso de Milagro Sala. 

Para conseguir un hábeas corpus, Rodríguez Simón tendría que dar nuevos y fuertes argumentos y para esto está convocado este viernes, según informaron a este diario en los tribunales uruguayos. Lo que le dijo el juez en su primer rechazo de plano fue que "no existe o existe acción ilegítima de ninguna autoridad administrativa --ya que lo que esté sucediendo en Argentina no es objeto de este proceso y, en todo caso, tampoco tiene naturaleza administrativa-- que afecte la libertad del accionante ni tampoco existe inminencia o amenaza de dicha actuación o de la lesión a la libertad". Ahora, ante el mismo juzgado, el operador insistió en reclamar resolución al pedido de asilo que en Uruguay fue presentado a comienzos de mayo pero ante el juzgado de Servini recién fue anunciado esta semana, el 18. 

Mientras tanto, la jueza Servini sigue con el trámite de la causa judicial. En relación con Pepín, le pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) un análisis de sus bienes en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país con miras a un embargo. Es el mismo organismo que hizo el análisis de los llamados telefónicos que dieron pie a las citaciones a indagatoria, ya que la jueza consideró que comenzaba a corroborarse el relato de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa sobre encuentros e incluso medidas impositivas concretas que fueron utilizadas para generar la asfixia financiera de su grupo empresario y causar perjuicios económicos, además de un intento por desapoderarlos de sus firmas por no aceptar atacar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De ese análisis surgió el contacto fluido --cientos de llamados-- que Rodríguez Simón tenía con áreas claves de la Casa de Gobierno y otras dependencias, con medios como Clarín y La Nación y hasta con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. 

La semana próxima empezarán a desfilar en indagatoria por Zoom los hombres de la AFIP, incluso el ex titular del organismo Alberto Abad.