Un 40 por ciento de los jubilados y pensionados perciben beneficios previsionales vía regímenes de excepción. Se trata de 3,7 millones de personas con haberes muy por encima del régimen general (85 por ciento en promedio). El gasto total destinado a estos recursos alcanza el 7 por ciento del PIB.

"Les sugiero el título de la nota: ¿Cómo hacer para que los regímenes de excepción sean realmente excepcionales?", sostuvo durante su presentación a periodistas Rafael Rofman, nuevo director del programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y autor del documento que propone repensar en esta clave la estructura del sistema previsional argentino.

Rofman enciende una alerta acerca de la importancia que los regímenes de excepción, una herramienta que existe en todos los sistemas previsionales del mundo para compensar por diferentes tipos de razones a algunos grupos de población, tienen en el esquema general de jubilaciones y pensiones, y los efectos negativos que ello supone. 

Rofman advirtió que los 177 regímenes de excepción que identificó en Argentina "no responden a una estrategia integral, en base a un cuidadoso análisis de las condiciones de distintos grupos de trabajadores para identificar aquellos con mayores vulnerabilidades o merecimientos, sino que obedecen al éxito puntual que distintos grupos de interés han tenido para lograr la aprobación de sus regímenes a lo largo de los años".

El investigador asegura que el sistema previsional argentino es correcto en cuanto al nivel de cobertura, de más del 90 por ciento del público objetivo. Sin embargo, revisar los regímenes de excepción daría aire para aumentar la contribución o la decisión de política económica: de acuerdo a las estimaciones, con el diferencial que representan esos regímenes, se podría por ejemplo mejorar en un 30 por ciento las jubilaciones promedio del sistema general. 

En el país existen cinco categorías de regímenes previsionales del régimen general. Los regímenes diferenciales permiten a trabajadores de determinadas áreas retirarse antes de la edad del general porque reconocen que la actividad que hacen en el cotidiano es ardua y generaría un efecto de envejecimiento prematuro. "Por ejemplo los mineros, aunque también se incluyen en esta categoría los cantantes líricos del Teatro Colón", explica Rofman. 

La segunda categoría, llamada “regímenes especiales”, contempla el acceso diferencial por razones de merito o compensación de algun daño generado por el Estado. La tercera incluye a los esquemas que cubren a personas que se desempeñaron en las fuerzas armadas y de seguridad. Luego están los sistemas provinciales, muchos de los cuales cubren el empleo público y finalmente, las pensiones no contributivas, otorgadas en respuesta a situaciones de extrema necesidad o particulares como expresidentes, excombatientes de Malvinas, víctimas del terrorismo de Estado, entre otros. 

El estudio destaca que las pensiones no contributivas "son el componente más relevante en términos de cobertura" pero dados los montos relativamente bajos que pagan, "su impacto fiscal es menor". En cambio, los esquemas provinciales son los más importantes, ya que implican un gasto del 2,5 por ciento del producto interno bruto.

A futuro

El ex analista del Banco Central resume en tres puntos el efecto negativo de introducir regímenes más generosos que el general: "Afecta la equidad y, al financiarse por recursos recaudados mediante el sistema tributario, podría implicar efectos distributivos no deseados. En segundo lugar, se arriesga la eficiencia del sistema, dada la fragmentación normativa e institucional producida por los regímenes, pudiendo resultar en una negación de derechos a ciudadanos".

Otro de los puntos que señala Rofman tiene que ver con la alteración en la sostenibilidad de recursos que se ve alterada, puesto que aquellos utilizados en los regímenes excepcionales no están disponibles para otros fines. 

Lo cierto es que los sistemas previsionales se financian por decisión política. En Argentina, desde la estatización de la Anses se avanzó en un sistema más abarcativo para enmendar las falencias de cobertura. La moratoria a trabajadoras domésticas es un ejemplo de ello. 

Sin embargo, el planteo de Rofman permite pensar en una estructura distinta a futuro. En este sentido, Rofman es determinante: "No se puede afectar los derechos adquiridos. La reforma que proponemos es hacia futuro".