La investigación en torno a las visitas del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, a Mauricio Macri en la Casa Rosada quedará en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Así lo decidió la Cámara Federal porteña que convalidó que la denuncia --presentada por Martín Soria antes de su llegada al Ministerio de Justicia-- tramite por separado de la que analiza el rol de la mesa judicial macrista, en la que están denunciados el propio Macri y algunos de sus operadores estrella en los tribunales como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En febrero pasado, Soria denunció a Hornos por haber mantenido seis reuniones con Macri en la Casa de Gobierno. Esos encuentros se habrían sucedido entre el 22 de diciembre de 2015 --tan solo doce días después de la asunción del líder de Cambiemos-- hasta el 13 de agosto de 2018. La denuncia --también presentada ante el Consejo de la Magistratura-- desató un vendaval en el máximo tribunal penal del país, donde dos jueces, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, reclamaron la renuncia de Hornos a la presidencia y otros tantos se plegaron al repudio.

Soria sostuvo inicialmente que los encuentros de Hornos y Macri debían investigarse en la causa de la mesa judicial, la instancia todopoderosa que definía las estrategias en materia judicial, que incluía tanto las causas como la relación con los magistrados. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti entendieron que debía instruirse como una nueva causa, ya que el objeto de investigación era distinto al de las presiones a los jueces y a los fiscales que ellos investigan.

El expediente de las visitas de Hornos a Macri llegó a manos de Martínez de Giorgi, que rechazó la competencia y devolvió la causa a Capuchetti. El viernes último, Leopoldo Bruglia resolvió en sintonía a lo que planteó la jueza y remitió el caso a Martínez de Giorgi, que deberá instruirlo hasta en tanto quede en claro cuál es el objeto de la investigación. El camarista sostuvo que el estado de incipiencia no permite determinar si debe englobarse dentro de la investigación de la mesa judicial por el momento. La fiscal que actuará con Martínez de Giorgi será Alejandra Mángano.

De esta forma, Martínez de Giorgi sigue acumulando expedientes de alta sensibilidad política. En las últimas semanas, recibió la causa de espionaje que se instruyó en Lomas de Zamora y en la que hay 39 procesados, entre ellos, la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y del Servicio Penitenciario Federal (SPF). También tiene la denuncia de Darío Nieto sobre la supuesta filtración de datos sensibles de Macri desde su teléfono --secuestrado en la causa de Lomas de Zamora--.

Las visitas a los jueces de Casación también se analizan en el Consejo de la Magistratura, allí no sólo está denunciado Hornos, sino también su colega Mariano Borinsky, quien habría visitado en, al menos, quince oportunidades a Macri en la Quinta de Olivos. Ante los presidentes de las cuatro salas que integran la Casación Federal, Hornos habría comentado que lo unía a Macri una relación de años y que había discutido sobre política judicial y penitenciaria con el entonces presidente. La cercanía de ambos magistrados con el Ejecutivo derivó en un duro pronunciamiento de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que les recordaron que no es recomendable que los jueces formen parte del séquito de un gobierno.

Los aprietes de Bullrich

Bruglia también decidió que  Capuchetti se desprenda de otro tramo de la mesa judicial --vinculado a la persecución a sindicalistas-- y que tiene como figura estelar a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esa línea de investigación surgió en noviembre pasado tras una nueva presentación de Soria junto un grupo de diputados del Frente de Todos. 

Los legisladores habían denunciado que la mesa judicial funcionó como una herramienta de persecución sindical e incluyeron las denuncias y aprietes que sufrieron dirigentes del movimiento obrero durante el gobierno de Macri. Entre otros mencionaron los casos de Hugo y Pablo Moyano --cuya detención fueron a pedir altos jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al juez Luis Carzoglio--, de Guillermo Pereyra -- de Petroleros-- y de Héctor Ponce --de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) --. En este caso también, Capuchetti entendió que la denuncia excedía los límites de la investigación que tienen a su cargo ella y Picardi.

En la causa por la mesa judicial se investigan, por ejemplo, las presiones a la camarista Ana Figueroa por parte de Juan Bautista Mahiques, representante del macrismo en el Consejo de la Magistratura, o los aprietes que intentó el ministro de Trabajo Jorge Triaca ante los jueces del fuero laboral. También está incluida la salida de Eduardo Farah de la Cámara Federal porteña después de pronunciarse a favor del cese de la prisión preventiva de los dueños del Grupo Indalo, caso que actualmente cobró relevancia con la huida a Uruguay de “Pepín” Rodríguez Simón. El asedio sobre la exprocuradora Alejandra Gils Carbó para que renunciara al Ministerio Público forma parte, además, de esa pesquisa. Por las amenazas de Rodríguez Simón a la exjefa de los fiscales y a sus hijas, el fiscal Picardi ya le tomó declaración testimonial al fiscal Gabriel de Vedia, quien contó que se entrevistó con "Pepín" en la Casa Rosada para intentar poner fin al agobio que sufría Gils Carbó por parte de la administración Cambiemos.