Lxs sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico y denunciantes del excura Emilio Lamas piden a la Corte de Justicia de Salta que termine con las dilaciones y resuelva respecto a la causa. La elevación a juicio se vio frenada por un pedido de prescripción hecho por la defensa del exsacerdote. Desde el Poder Judicial informaron que falta el voto de uno de los jueces de la Corte para que se dictamine el fallo. 

Lamas fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, ambos delitos agravados por la guarda y por tratarse de un sacerdote. En la causa interviene el fiscal penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid. 

El sobreviviente y primer denunciante del ahora excura Lamas, Juan Carlos García, escribió una carta abierta pidiendo que la Corte cese con las dilaciones y resuelva contra la prescripción de las causas por abuso sexual. "En vez de tratar con celeridad el asunto, lo ha dilatado durante casi dos años, quedando atrás hasta de la propia Iglesia Católica, que ya encontró a Lamas culpable de sus actos y lo condenó quitándole el rango de sacerdote, gracias a mi lucha y la de otros sobrevivientes a sus abusos. He conseguido la condena de la institución que lo encubrió y aún no de la Justicia provincial", sostuvo García. 

El pedido de prescripción fue presentado por el abogado de Lamas, José Fernández, "sin fundamentos válidos y sólo para dilatar la elevación a juicio de la causa por abuso", consideró García. El denunciante advirtió que pronto vencerá la prisión preventiva del excura, "por lo que quedará libre y aún no ha sido juzgado".

Derecho a la verdad 

Por su parte, la sobreviviente Carla Morales Ríos dijo a Salta/12 que están en contra de una posible prescripción de la causa contra Lamas. "Sobre todo porque hay un montón de cosas, en lo particular que me han sucedido a mí con todo esto y no ha prescripto (...) Merecemos el derecho a la verdad, sentarnos en un juicio y contar nuestra verdad". 

"Es un proceso muy largo", dijo la mujer respecto al tiempo que conlleva a las víctimas de abuso sexual eclesiástico poder hablar y denunciar el delito que se ha cometido contra ellas. Tanto ella como García fueron víctimas en la infancia. Este último relató que pudo hablar "en tiempo y forma" en 1991, ante la jueza de menores Silvia Bustos Rallé y un comisario, pero ninguno accionó para dar intervención a los organismos competentes que pudieran investigar a Lamas. 

"Se habla desde el adultocentrismo y no se piensa en niños. Yo soy una persona adulta pero no se piensa en ese niño y en esa niña que fuimos", cuestionó Morales Ríos.  

La causa judicial y la espera "es una mochila" para Morales Ríos, quien espera que este proceso termine para poder "decir basta". Ella se "rematrió" durante la pandemia en Rosario de Lerma, ya que había estado viviendo y trabajando en Buenos Aires. Consideró que "la Justicia está alejada de la clase trabajadora y baja", ya que no tiene en cuenta las condiciones en que las personas esperan por sus resoluciones, si tienen o no donde vivir o si llegan o no a fin de mes. García realizó la denuncia en 2017, mientras que Morales Ríos, en 2018.

García dijo que ha sufrido "persecución, hostigamiento, discriminación y humillaciones" desde que denunció a Lamas. Incluso fue despedido de la municipalidad de Rosario de Lerma. 

"Hoy exijo la justicia que me corresponde y por la que he luchado. Espero de la Corte el rechazo del pedido de prescripción y la inmediata elevación a juicio del excura Lamas. Espero que la Justicia de Salta no haga retroceder la lucha de los sobrevivientes por justicia y verdad, dictando un fallo que no eche por tierra mi derecho y los tratados internacionales que protegen a los niños y niñas abusados", manifestó García.