Las quejas por la mora de la Corte Suprema a la hora de resolver las causas de lesa humanidad llegaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Organismos de derechos humanos pidieron la intervención de la Relatoría sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición para que los supremos revisen las más de 55 sentencias que esperan ser confirmadas en el Palacio de Tribunales.

“Es lógico que el transcurso del tiempo --de subsistir este retardo-- hará posible una de las formas de impunidad, la biológica, beneficiando a los victimarios. Así la reparación y el castigo por los que bregaron las víctimas y familiares, tras más de 45 años, se licuará por la inacción de quienes finalmente debieran impartir justicia en tiempo oportuno”, dice la presentación a la que accedió Página/12.

El pedido ya fue recibido por la oficina que lidera desde 2018 el jurista argentino Fabián Salvioli, que deberá analizarlo en las próximas semanas. La presentación fue hecha por Abuelas de Plaza Mayo, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional y de La Matanza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Comisión Zona Norte, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

En la Corte esperan más de 55 casos para ser revisados, según estimaciones de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). En el máximo tribunal, reconocían semanas atrás que había más de 400 recursos vinculados a crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, tal como publicó este diario.

Los organismos pusieron nombres y fechas a esas demoras. Recordaron que la Corte tiene desde 2015 para revisar la falta de mérito con la que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal benefició a Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño de Ledesma. Dentro y fuera del tribunal le apuntan al presidente supremo Carlos Rosenkrantz por esa dilación. Tres semanas atrás, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, presentó un pronto despacho para que los supremos definan si Blaquier debe ir o no a juicio por la Noche del Apagón de 1976.

Recordaron, además, que aún no está firme la sentencia contra los secuestradores de Floreal “Negrito” Avellaneda, un joven militante de la Federación Juvenil Comunista secuestrado en mayo de 1976 junto a su mamá, Iris, torturado brutalmente, asesinado y desaparecido. El juicio por lo sucedido con los Avellaneda se hizo en 2009. Ese mismo año se llevó adelante el proceso por la desaparición de Carlos Labolita, el amigo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández secuestrado en Las Flores en 1976. La Corte aún no confirmó la condena contra Alejandro Duret, que dictó la Cámara de Casación.

La Corte tiene, además, casos emblemáticos como la sentencia del Circuito Camps de 2012, en la que fueron condenados Miguel Osvaldo Etchecolatz y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, uno de los civiles que todavía conserva su influencia en los tribunales. Hay recursos del juicio de Plan Cóndor de 2016 y varios tramos de la megacausa de Campo de Mayo. También está para revisar el tramo de plan sistemático de apropiación de niños y niñas referido al Hospital Militar de Campo de Mayo y varios casos para que el máximo tribunal confirme la calificación como delitos de lesa humanidad por hechos ocurridos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, como la Masacre de Capilla del Rosario de 1974 o la desaparición del gobernador de Salta Miguel Ragone.

“Es que el dictado de una sentencia es la culminación de un proceso cuyos pilares son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una reparación efectiva”, resaltaron en el escrito. “Y claramente si algunos de los pilares no resultase respetado, la impunidad se haría evidente”.

Después de un recrudecimiento de las críticas por las demoras de la Corte, Rosenkrantz volvió el año pasado a convocar a la Comisión Interpoderes, creada durante la presidencia de su antecesor, Ricardo Lorenzetti, y desactivada durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri. La convocatoria se conoció después de que la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley promoviera un pedido de juicio político contra el supremo por su postura regresiva en casos de lesa humanidad. La Comisión Interpoderes no volvió a reunirse desde el 10 de marzo. Aunque desde la Corte dijeron que iban a combinar horarios para llevar adelante una nueva reunión, los usuales participantes no recibieron una invitación todavía.