“La ley de cupo laboral constituye el abrazo adeudado del Estado a la población travesti trans, en la oportunidad de acceder a un empleo formal”, dice Alba Rueda.

“Esta ley está vinculada a dos grandes referentas travestis, que fueron Lohana Berkins y Diana Sacayán. Lohana siempre planteó un esquema basado en la desigualdad de nuestras identidades para llegar a la Ley de Identidad de Género, y sabía que, sin trabajo, para nosotras iba a ser muy difícil terminar con la desigualdad de derechos. Una vez sancionada la Ley de Identidad de Género, después de 2012, Diana Sacayán planteó que la ley no tocaba el eje de la desigualdad ligado a las cuestiones materiales de vida. Y sostuvo la necesidad de una ley de cupo laboral que tuviera en cuenta por un lado la contabilidad de las muertas travestis y trans que llevan las organizaciones, y permiten constatar el promedio de vida de 40 años, y que sus muertes se produjeron por condiciones evitables. Y por otro lado, qué ocurre con las condiciones de vida de las personas travestis y trans, a partir de la trama de situaciones vinculadas a la expulsión del hogar, del sistema de salud y educativo, y de las oportunidades laborales, los golpes en la calle, la prostitución y la violencia institucional, que se cruza con el promedio de vida de 40 años. Esta es la trama política institucional que visibilizó el movimiento travesti trans argentino”.

¿Cuáles serán los primeros pasos para implementar la ley de cupo laboral?

-Hasta que se reglamente la ley seguimos contando con el Decreto 721 de setiembre del año pasado, que establece que al menos el 1% de los cargos en el sector público nacional deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. Trabajamos para que salga la ley, pero mientras tanto hicimos un gran esfuerzo para que personas travestis y trans consigan trabajo, sobre todo en este momento de pandemia. Hicimos un primer corte estadístico al 30 de marzo, y hasta entonces ingresaron 87 personas travestis y trans a trabajar al Estado nacional, con lo que se triplicó el número. Ahora hay muchas más, pero tenemos que esperar el nuevo corte para decir oficialmente cuántas son hoy.

Tanto el decreto como la ley establecen que no es necesario que hayan terminado los estudios para acceder a un empleo nacional y que el Estado debe acompañar la terminalidad educativa. ¿Cómo se hace efectivo ese derecho?

-El Estado debe reparar las dificultades que tienen las personas travestis y trans para concluir los estudios primarios, secundarios y universitarios. La terminalidad educativa primaria y secundaria se lleva adelante mediante el Programa FinEs, del Ministerio de Educación, que permite cursar estudios completos o materias adeudadas. Cualquier persona travesti o trans que esté estudiando en cualquier nivel también puede recibir la beca Progresar. Estamos trabajando para que esta beca sea compatible con el programa Potenciar Trabajo. Por ahora no lo es. En este momento hay 6.000 personas travestis y trans dentro de Potenciar Trabajo.

En la ley sancionada hoy existe un punto muy interesante que no está en el decreto: los antecedentes penales no bloquean el ingreso al Estado nacional.

-Históricamente se persiguió a la población travesti trans mediante los códigos contravencionales y las policías locales, que se usaron para detener y criminalizar, y que hicieron comunes las prácticas vinculadas a coimas por sexo y/o dinero a cambio de la libertad. También es muy común que se apliquen penas por resistencia a la autoridad. Son muchas las situaciones de criminalización a las que la población travesti y trans son arrojadas por las condiciones materiales de vida de las que hablábamos al comienzo. Entonces, a partir de que se reglamente la ley, no solo los antecedentes contravencionales no serán obstáculo para acceder al empleo en el Estado nacional sino tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el área donde se va a ingresar.

La ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse. ¿Cómo se está trabajando en eso?

-Hay que esperar a que se reglamente la ley. Ya hay jurisdicciones que retiraron de los códigos contravencionales la criminalización de la prostitución y figuras como “la moral y el orden público”. Por ejemplo, la provincia de Chaco derogó el artículo 73, que criminaliza la prostitución, del Código de Faltas Provincial.

¿Cómo se va a mover el registro para acceder al empleo estatal, una vez reglamentada la ley?

-Por ahora estamos procediendo de acuerdo al decreto 721. En principio, tenemos inscriptas más de 4.000 personas en el registro. Y esa lista va a pasar al registro que disponga la ley. El mecanismo de selección es aleatorio y transparente, en virtud de variables que hablan de vulnerabilidad. Esto quiere decir que las personas travestis y trans vulnerables tienen las mismas chances que el resto de acceder a un empleo en el Estado nacional. Lo único que puede obstar es que para un puesto determinado se requiera un título profesional.

¿Les travestis y trans migrantes pueden acceder a un puesto en el Estado nacional?

-Sí. Aunque el trámite va por otro circuito administrativo. Entra por el circuito de trámite excepcional. De hecho ya ingresaron personas travestis y trans migrantes.

¿Y mayores de 55 años?

-También. Y ya se han dado ingresos.

¿Es necesario de aquí en más que hagan el cambio registral del nombre y del documento de identidad?

-No es necesario. Se mantiene igual que en el decreto.

¿Tienen noticias de inconvenientes para la vacunación en pandemia con travestis y trans que no hicieron el cambio registral? Porque para vacunarse se requiere anotarse con los datos que aparecen en el DNI, y no hay opciones de géneros diversos. Esa mecánica de inscripción viola la Ley de Identidad de Género.

-No tengo noticias de que haya habido problemas por el momento. Pero es necesario revisar los sistemas de inscripción binarios.

¿Hay en vista algún proyecto de reparación a travestis y trans por las violencias institucionales padecidas?

-Sí. Eso está en carpeta. Lo estamos trabajando.

¿En qué otros temas están trabajando en lo inmediato?

-Con la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia estamos revisando los contenidos de la ESI (educación sexual integral) para resguardar el derecho al libre desarrollo personal de niñes y adolescentes, por una infancia y adolescencia libres de violencia y acoso. Y también estamos trabajando en el derecho a la vivienda.