"Viajamos a Salta para estrechar lazos con la Policía de esa provincia", reza el escrito que subieron al sitio web de la Fundación Chocobar junto a unas fotografías donde se ve al policía recientemente condenado por la Justicia, Luis Chocobar y al secretario de Seguridad local, Benjamín Cruz. Quienes sumaron al nuevo jefe de la Policía de Salta, José Ibarra, dado que buscan implementar "convenios de colaboración" entre la Fundación y la fuerza salteña.

Desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta expresaron su repudio a tal encuentro y exigieron explicaciones al gobernador, Gustavo Sáenz y al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, por el recibimiento "oficial" que se hizo al policía condenado. Consideraron que Chocobar "trata de justificar su accionar ilegal, alegando haber cumplido con la ley y con su deber". 

Tras el encuentro que se produjo el 24 de junio, el policía, que tras el hecho por el que se lo juzgó se convirtió en un emblema del macrismo, expresó a través de su cuenta de Twitter: "Amada tierra gran parte de mi corazón Salta". En tanto, desde el Gobierno local no hicieron comunicaciones oficiales ni respondieron a las reiteradas consultas de este medio, pero en las fotografías difundidas se ve que recibieron un presente con el logo de la fundación. 

Fue el 28 de mayo de este año, que el Tribunal Oral de Menores 2 de la Capital Federal condenó por "homicidio con exceso en el cumplimiento del deber" a 2 años de prisión en suspenso a Chocobar, tras asesinar por la espalda a Juan Pablo Kukoc (18), un asaltante que en 2017 apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. Además, se le aplicaron cinco años de inhabilitación para ejercer como policía.

Para la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la condena evidenció que se cometió un crimen y señalaron que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, es decir, perseguir y disparar por la espalda. Cuando sucedieron los hechos, el policía fue recibido en la Casa Rosada por el entonces presidente Mauricio Macri y defendido por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instalando con ellos la Doctrina Chocobar, que encontró aval social. 

Elena Rivero, integrante de la Mesa y de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, expresó su repudio y manifestó un estado de alerta por el recibimiento institucional que se hizo desde el gobierno provincial. Para la defensora de los derechos humanos, se hizo caso omiso a la investigación que condenó al efectivo policial y se le dio lugar "como si fuera un personaje digno de recibimiento".

Rivero también señaló a Salta/12 que lo realizado por el Ministerio de Seguridad, de la mano de Cruz, "se corresponde con el discurso de Bullrich, que "lo pusieron como héroe y colmaron de elogios por haber matado a un hombre por la espalda". De hecho, la Fundación Chocobar se concretó días después de la condena cuando adeptos a este accionar recaudaron más de $2 millones en beneficio del policía.

Fue el propio Chocobar quien aseguró que ese monto iba a ser destinado para la organización sin fines de lucro, con el objetivo de brindar "asistencia legal, técnica, psicológica, médica, sanitaria, social alimentaria , económica y toda otra necesaria a las fuerzas de seguridad de todo el país". En varios medios de comunicación, el condenado expresó que "es muy indispensable que no vuelva a suceder que un policía al cumplir con su deber, se sienta abandonado".

Los acompañantes que estuvieron presentes en el encuentro con las autoridades salteñas dijeron al medio local Con Criterio Salta que la entidad nació como consecuencia del caso y "luego de estudiar el desempeño de muchas fuerzas de seguridad" y "observar como sus miembros se encuentran desprotegidos ante el accionar en cumplimiento de su deber”. 

Para los organismos de DDHH no fue una sorpresa que el policía desembarcara en Salta con la Fundación, ya que se trata de una provincia que tiene como ministro de Seguridad a una persona que "ataca públicamente a los fiscales que procesan a policías de gatillo fácil". Además de que "causan terror a través de lesiones, causas amañadas y amenazas en los sectores más vulnerables y no vacilan en reprimir a sectores que se movilizan luchando por sus derechos a alimentos, viviendas, trabajo y libertades". 

Más repudio 

La Mesa de DDHH también repudió la "militarización" que ocurre en el ingenio azucarero San Isidro por el reclamo que mantienen ex trabajadores para cobrar las indemnizaciones adeudadas tras ser despedidos, indicando que "es una prueba más de la política represiva del gobierno provincial". El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), denunció que desde el jueves último, llegaron uniformados de la Policía al ingenio para quedarse en el lugar al menos hasta la madrugada del viernes.

Mientras que fuentes policiales, ratificaron que se había organizado un operativo en calidad de prevención, ante informaciones que señalaban la posible concreción de una protesta de los trabajadores desocupados. Sin embargo, no existió manifestación alguna por parte de los trabajadores. 

Los conflictos subsisten desde hace tres años, cuando el Grupo Multinacional Gloria, oriundo de Perú, decidió cerrar las puertas del Ingenio San Isidro (ubicado en Campo Santo, del departamento de General Güemes), en 2018. Al irse pagó solamente el 50 por ciento de las indemnizaciones a los más de 700 trabajadores que dejo desempleados. Meses después el Ingenio reabrió bajo la administración del Grupo Ruiz, que solo tomó a la mitad de los empleados. Pero hasta el momento el 50 por ciento de la indemnización de la totalidad de los empleados quedó en deuda.

Además, la Mesa de DDHH repudió que aún no se ponga en marcha el Comité de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque existe una renuencia por parte del ejecutivo de Sáenz de concretarlo. Por lo que señalaron que "una sociedad democrática debe tener fuerzas de seguridad que cumplan las leyes y que respeten los Derechos Humanos de todas y todos y también funcionarios que hagan lo mismo". 

Rivero dijo que la Policia salteña tiene una "cantidad escandalosa de efectivos procesados por hacer abuso de la fuerza policial". Y señaló además que el propio ministro de Seguridad, "está más cerca del concepto de dictadura, que de la vigencia de los derechos humanos". 

Un ejemplo de ello, es el caso de los tres policías imputados por haber disparado contra una familia y haber lesionado a un niño de 9 años el 13 de febrero de 2020 en el barrio Norte Grande, de la ciudad de Salta. Los mismos efectivos están acusados en otras causas de violencia policial, y fueron requeridos a juicio por haber dejado sin un ojo al joven Luciano Cruz, quien aún lucha para no quedar completamente ciego por los disparos que le efectuaron.