Hay una frase de Eva Perón que marca nuestro horizonte como Gobierno: “Donde hay una necesidad nace un derecho”. Gobernamos convencidos que donde nace un derecho debe existir una ley que lo respalde y una política pública que lo lleve a la práctica. Creemos en una República justa que va garantizado y ampliando los derechos sociales. Desde esta convicción, la reconstrucción de la Argentina tiene un horizonte claro: recuperar con educación y trabajo la movilidad social ascendente.

Desde que asumimos al frente del Ministerio de Desarrollo Social supimos que tendríamos por delante una tarea enorme. No solo por las condiciones de pobreza estructural que aquejan a la Argentina, sino también por los cuatro años de políticas neoliberales de la gestión anterior que habían profundizado la desigualdad y, como siempre, eran los más necesitados los que sufrían con mayor virulencia las consecuencias. La pandemia por COVID-19 nos enfrentó a nuevos desafíos que tuvimos que afrontar con la certeza de que debíamos ir primero por lo urgente pero sin dejar de lado lo importante.

Sabemos que la Argentina del mañana se alimenta hoy. Una niña y un niño que se alimenta bien, aprende mejor. Y por eso, por decisión del presidente Alberto Fernández y cumpliendo la ley de Emergencia Alimentaria, pusimos en marcha el Plan Argentina contra el hambre e instrumentamos la tarjeta Alimentar, que ya llega a casi cuatro millones de niñas y niños de hasta 14 años de edad inclusive todo el país. La tarjeta Alimentar es un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, estamos fortaleciendo la gran red social de comedores escolares y comunitarios, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

También avanzamos con el cumplimiento de la ley 27.453, que establece la integración socio urbana de los barrios populares como política pública. Esa ley que me tocó votar cuando era diputado nacional opositor durante el gobierno de Mauricio Macri, es la base sobre la que creamos el fideicomiso que nos permitirá urbanizar los 4400 barrios que, a lo largo de la Argentina, no tienen acceso a los servicios básicos. Esa ley, además, nos permite pensar en una política a largo plazo, que trascienda los gobiernos y que trabaje con el objetivo de mejorar la vida de la gente. Cuatrocientos barrios por año, diez años para cumplir con todos, solo es posible con una gran política de Estado que nos una a las argentinas y a los argentinos.

En relación a otro de los objetivos centrales que tenemos para este año, que es transformar planes sociales en trabajo, a partir del programa Potenciar Trabajo, se fortaleció el cumplimiento de las leyes 26.117, de Promoción del Microcrédito; y de la ley 27.345, que creó las bases del Salario Social Complementario, con contraprestación, formación laboral y terminalidad educativa.

En la misma línea, se pueden analizar las leyes destinadas a la niñez y la adolescencia. Es un objetivo estratégico de nuestro Gobierno priorizar a los niños, niñas y adolescentes buscando garantizar sus derechos básicos y la igualdad de oportunidades desde su nacimiento, como establece la Constitución y las convenciones internacionales a los que adherimos. Es en la educación donde tenemos que seguir comprometiendo nuestro mayor esfuerzo. Por eso, apuntamos a construir 800 jardines, que permitirán iniciar la escolaridad en tiempo y forma a aquellas niñas y niños de sectores vulnerables. Y también, en articulación con el Ministerio de Educación, con el programa Potenciar Trabajo estamos ayudando a mejorar las escuelas, y colaborando para que las chicas y los chicos estén en la escuela.

Es clave entender que en cada política social que llevamos adelante hay un derecho garantizado por ley.

La Argentina del futuro empieza hoy. Con cada centavo de nuestro presupuesto estamos invirtiendo en más desarrollo humano y social. Inversiones que exceden lo económico, que llevan el valor de lo ético, la necesidad de lo urgente y el compromiso de una planificación inteligente para potenciar nuestros recursos. Inversiones que, en definitiva, redundan en un mejor presente como base para un mejor futuro para todos y todas.

Por eso, empezar por los últimos para llegar a todos, como nos pidió el Presidente, es un deber ético, una inversión inteligente y una responsabilidad legal. Y también un compromiso militante que estamos dispuestos a transitar para cumplir con aquella premisa de Evita, clave para garantizar la justicia social y fundamental para volver a ponernos de pie.

*Ministro de Desarrollo Social de la Nación