El Ministerio de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, confirmó que tiene en su poder la carta original que el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara envió a la embajada argentina en La Paz para agradecer la cooperación del gobierno de Mauricio Macri con el golpe que estaba en marcha contra Evo Morales. A eso se le suma el ingreso informático de la novedad en la embajada, al que accedió Página/12, que demuestra que un sobre cerrado de la FAB entró a la representación diplomática y estaba destinado al entonces embajador Normando Álvarez García. La carta quedó también asentada en el sistema interno de archivo de la embajada. Mientras se acumulan las pruebas del envío de miles de municiones por parte de la administración Cambiemos, Macri usó sus redes sociales en un intento por negar su responsabilidad en el apoyo a los golpistas.
El 13 de noviembre de 2019, once gendarmes del grupo “Alacrán” descendieron del Hércules C-130 que había salido de la base aérea del Palomar. Junto a ellos bajó el cargamento de municiones y armas que la Gendarmería había pedido autorización dos días antes a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para transportar. Ese mismo día, Terceros Lara, el entonces comandante general de la FAB, escribió la carta que reveló este diario, agradeciendo la cooperación argentina y acusando recibo por 40.000 balas antitumultos 12/70 , granadas de gas y spray lacrimógeno.
La carta quedó asentada en el sistema informático de la embajada el 14 de noviembre. Según entienden en Bolivia, el sobre cerrado llegó a manos del embajador. Al día siguiente se registró en el libro de archivo y se le puso el sello a la misiva. Lo que nunca se realizó fue un cable diplomático dando cuenta de lo recibido, explican.
En las últimas horas, el ministro de Defensa de Bolivia informó que está en el comando general de la FAB un original de la carta que envió Terceros Lara a la embajada. “Quiero dejar claramente establecido, como ministro de Defensa, para fines de investigación de todos los hechos en el golpe de Estado, que se tiene este documento, que es auténtico”, sostuvo Novillo. “Lleva sellos, no sólo de la FAB, sino también de instituciones argentinas”, resaltó. Entre los sellos, están los de la misión naval argentina en Bolivia, explicó.
Las declaraciones del ministro de Bolivia son demoledoras para la estrategia del exembajador argentino Álvarez García, que negó el viernes conocer el contenido de la misiva, y para la estrategia de defensa de Terceros Lara, que, a través de su abogado, dijo a la prensa que se trataba de una nota apócrifa, que no coincidía con su firma. Los nuevos elementos tampoco despejan el panorama para el propio Macri, que niega haber colaborado con el golpe en Bolivia (ver aparte).
En el mundo diplomático, conceden que Álvarez García pudo haber pasado por alto la nota y no haberla informado a la Cancillería, a cargo entonces de Jorge Faurie. El excanciller fue el más veloz de los exfuncionarios que salió salvar su ropa y negó conocer el envío de municiones a Bolivia. El 12 de noviembre de 2019, el mismo día que los gendarmes, las armas y el material bélico partieron hacia La Paz, Faurie se reunió con Macri a las 18 en compañía de otro diplomático de carrera. La información surge de la agenda en el teléfono del secretario privado del entonces presidente, Darío Nieto.
Alacranes
Patricia Bullrich autorizó la partida de once gendarmes el 15 de noviembre de 2019 a través de una resolución oficial. Para cuando la resolución se publicó, los gendarmes ya llevaban dos días en Bolivia. Los elegidos fueron integrantes de un cuerpo de élite, muy promocionado por la entonces ministra, conocido como “Alacrán”. Ese grupo especial se creó durante la guerra de Malvinas y se usa para casos de tomas de rehenes, por ejemplo. No son agentes que estén acostumbrados a trabajar para prevenir tumultos, como lo hacen los destacamentos móviles antitumultos. Tampoco suelen utilizar armamentos ni balas antitumultos, como las que figuran que Argentina dejó en Bolivia. La maniobra quizá se explique mirando las fechas.
El 11 de noviembre de 2019, la Gendarmería solicitó una autorización de emergencia para viajar a Bolivia a proteger la embajada. Entonces, le pidió a la ANMac que autorizara la salida del país de armas y de 8820 municiones de distintos calibres: 3360 de esas municiones eran balas antitumultos 12/70 (como las 40.000 que figuran en la carta de Terceros Lara).
El 12 de noviembre, le solicitó a la ANMaC que le dejara sacar 70.000 cartuchos antitumultos. Veinte veces más de las que había previsto llevar inicialmente. Hay que explicar qué pasó ese día para que la Gendarmería pegara ese salto exponencial en el requerimiento. La fuerza de seguridad también pidió permiso para llevar 100 spray de gas pimienta y 611 granadas de gas de hostigamiento. Todo parecía enfocado en acciones para disuadir manifestaciones, más que para defender la residencia del embajador.
Lo que puede explicar la ampliación del pedido de Gendarmería ante la ANMaC puede ser algo que sucedió en Bolivia. El 12 de noviembre, la policía boliviana autorizó el ingreso del grupo Alacrán con armas y municiones. El permiso inicial para los gendarmes argentinos contemplaba que iban a estar desde el 13 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2019, según la nota a la que tuvo acceso Página/12.
Hay un segundo informe de la policía boliviana, relevado por el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, que hace referencia a que la Gendarmería únicamente tenía 1350 balas antitumultos. Está fechado el 28 de noviembre de 2019. Qué pasó con el resto de los cartuchos es parte del misterio a resolver.
En junio del año pasado, los once efectivos del grupo alacrán fueron replegados. El 15 de julio, el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería informó que los alacranes no habían traído ni uno solo de los 70.000 cartuchos con los que habían salido porque los habían usado para ejercicios y entrenamientos. Los números no cierran.
Los once integrantes del grupo Alacrán y quienes pidieron las autorizaciones van a tener que declarar en la investigación administrativa que ordenó Frederic. En el Ministerio de Seguridad esperaban que, para lunes o martes, esas declaraciones se hayan tomado o estén avanzadas. Lo que digan los efectivos será fundamental para entender qué pasó con las municiones que la fuerza de seguridad llevó a Bolivia y que desde el gobierno del Estado plurinacional denuncian como una colaboración activa con el golpe.
En tanto, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, informó que está en curso una investigación interna, tal como había anticipado Página/12, para saber cuál fue el rol que jugaron los agentes de enlace apostados en Bolivia y qué información manejaron del golpe y de la supuesta entrega de material bélico. Los avances, dijo Caamaño, serán informados al presidente para que él decida qué medida tomar por la gravedad de los hechos denunciados. Todo hace suponer que formará parte de la denuncia que está preparando el gobierno. En ese tema trabajan Fernández y el ministro de Justicia, Martín Soria, que está centralizando la información que surge de las distintas agencias estatales.
