El gobernador Axel Kicillof busca respaldo en la Legislatura para sostener su guerra contra la parálisis de la obra pública que encaró el presidente Javier Milei desde que asumió en 2023, cuando puso un freno a unos mil trabajos de diversa envergadura a lo largo y ancho de todo el país. Según anunció este lunes en una sorpresiva conferencia en La Plata, pedirá que el Poder Legislativo declare la Emergencia en la materia, con el fin de que el Estado provincial pueda interceder.

“Venimos ensayando diferentes instrumentos, pero resultan insuficientes”, dijo el mandatario provincial, secundado por los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y de Economía, Pablo López. Se trata de una muestra más de la estrategia del mandatario bonaerense de ofrecer a la Provincia como “parche” para contener las políticas nacionales, el eje de la campaña electoral en proceso.

A ello sumó que, ante reiterados pedidos hacia el Gobierno nacional, “nunca tuvimos una respuesta razonable” y “estamos como en el primer día”, aunque ahora “hay casos en los que la situación no da más”. Además, volvió a demandar un encuentro con el presidente.

El proyecto de ley todavía no cruzó la plaza San Martín. Es que el asesor General de Gobierno y redactor de la norma, Santiago Pérez Teruel y la secretaria General, Agustina Vila, encararán esta semana reuniones con la titular del Senado, Verónica Magario y con el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. La intención es evaluar el estado de situación y las posibilidades de negociar con las bancadas de la oposición para alcanzar la aprobación.

Tal informó el gobernador, el proyecto de ley tiene cuatro puntos clave. Primero, busca declarar la emergencia en la obra pública nacional en territorio bonaerense, al tiempo que pide autorización a la Legislatura para “garantizar la seguridad” en los casos que el Gobierno Nacional abandone obras que ponen en riesgo la vida, la vivienda y las personas.

Asimismo, contiene un pedido de herramientas legales específicas a la Legislatura para continuar las obras, rescindir o recuperarlas. También incluye un punto en que pide que el Legislativo lo faculte para demandar, a través de acciones jurídicas, la atribución para reclamar cada una de las obras.

Tal pudo conocer Buenos Aires/12, el texto establece concretamente qué clase de intervenciones se pueden hacer y cuáles no, especialmente considerando que un Estado provincial estaría accionando sobre bienes o dependencias que corresponden al Estado nacional.

La figura sobre la que se posa el andamiaje legal de la medida es que la Provincia apela al ejercicio de poder de policía ante situaciones complejas como, por ejemplo, que una ruta nacional genere cierto nivel de impacto sobre la vida de las personas.

Hasta el momento, la Provincia solo pudo “recuperar” y continuar obras que la Nación no siguió en municipios o universidades nacionales porque en esos casos son ellos los que actuaron como comitentes y el Estado provincial subsidió esas necesidades.

Kicillof mencionó tres obras que su administración considera “claves” y que están detenidas por la Nación. Se trata de la autopista Presidente Perón que conecta a los distritos conurbanos de San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui; los trabajos en el dragado de la cuenca del Río Salado, que es vital para la producción agropecuaria y, finalmente, las obras para recomponer la infraestructura de Bahía Blanca, que fuera ferozmente golpeada el último 7 de marzo por una inundación sin precedentes.

“Esta situación es crítica, ya hemos hecho cinco reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución de las deudas que el Gobierno de Milei tiene con la Provincia: ascienden a más de 12 billones de pesos. Milei no ahorra ni genera espacio fiscal, incumple leyes y está en el plano del desvío de fondos y la ilegalidad”, sentenció.

El gobernador marcó especialmente que "el estado de abandono por su paralización está generando accidentes en las rutas, pérdidas para el erario público y deterioro en el bienestar de los bonaerenses" y destacó la proliferación de manifestaciones de vecinos de distritos de rutas nacionales que atraviesan serios problemas como la 3 o la 5, entre otras.

Como informó Buenos Aires/12, según datos del Instituto Argentina Grande, en 2022 el 54,9 por ciento de las rutas nacionales pavimentadas se encontraba en buen estado. En 2024, ese porcentaje cayó al 47,5 por ciento. Las rutas en mal estado crecieron del 23 por ciento al 29 por ciento y las regulares pasaron del 22,1 por ciento al 23,5 por ciento. En poco más de un año, cerca de un tercio de la red vial nacional quedó en condiciones deficientes.

El mismo informe señala que los gastos de capital en infraestructura cayeron un 82 por ciento en términos reales. Entre enero y mayo de 2025 se ejecutó un 75 por ciento menos de lo devengado en el mismo período de 2023. En ese año, el gasto fue de 10.321 millones de dólares; en 2024, se redujo a 2.437 millones. Para alcanzar los niveles del año anterior, faltarían 7.883 millones de dólares.

En su intervención, el ministro de Infraestructura y candidato a senador provincial, Gabriel Katopodis, sostuvo que “el presidente Milei le mintió al gobernador y nos mintió a todos los bonaerenses”. En esa línea, argumentó al señalar que Milei dijo que iban a terminar todas las obras que tuvieran un 70 por ciento de ejecución, pero eso no ocurrió y sumó en la misma línea el compromiso de ceder la obra de la autopista Presidente Perón, obras de AySA y fondos específicos para atender la catástrofe en Bahía Blanca.

Tal expuso el funcionario, hay un crédito vigente que fuera asignado a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación por algo más de 500 mil millones de pesos, del que solamente se ejecutaron 40 mil millones.

“Destruyen organismos, pero siempre está nombrado en el último renglón de cada uno de los decretos la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) porque en todos hacen un gigantesco negocio inmobiliario, que es lo que realmente están buscando. Destruyen el Estado y hacen negocios”, lanzó Katopodis.

En cuanto a la infraestructura vial, subrayó que el costo de mantenimiento anual de las rutas argentinas es de 4.213 millones de dólares, una cifra muy menor en comparación a los 40.773 millones de dólares que implicaría rehacerlas por su falta de mantenimiento.

“Es muy grave la parálisis y además es poco inteligente. No hay país en el mundo que no esté desarrollando planes de infraestructura para los próximos 50 años”, sumó el ministro, que cuestionó que Javier Milei es “el primer presidente de la democracia que no va a haber inaugurado un kilómetro de ruta en dos años de gestión”.