Durante la pandemia, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 por ciento en la provincia de Buenos Aires, pero eso no se vio reflejado en una disminución de la detención de personas. Los detenidos pasaron de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas menos (1 por ciento). Hubo 1.958 personas menos alojadas en cárceles y alcaidías, pero 587 más en comisarías y 676 más con monitoreo electrónico.

Los datos surgen del Informe Anual 2021 presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. Si bien se destaca la intención política del Ministerio de Justicia bonaerense de modificar la tendencia punitivista de la gestión de Cambiemos, se afirma que ese objetivo no tuvo el acompañamiento del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni. Eso hizo que se mantenga estable la sobrepoblación extrema, con una cifra estable.

Por otra parte, se señala en el informe que durante 2019 murieron 148 personas en cárceles y alcaidías, mientras que fueron 178 los casos de fallecimiento en 2020. De ese total, 29 fueron por covid-19. Esto implica un promedio de 15 fallecidos por mes, a razón de una muerte cada dos días. Del total, 170 eran varones, siete mujeres y una persona trans.

Este décimoquinto informe anual de la CPM está signado por el contexto global de la pandemia que “obligó a redefinir prioridades y reorientar la política a las exigencias de enfrentar las consecuencias (...) tanto en términos de la salud de la población como del resto de las dimensiones que configuran las condiciones de vida”.

La pandemia llegó a los lugares de encierro “con un sistema colapsado y en plena crisis, luego de cuatro años de gestión de Cambiemos durante los cuales hubo un crecimiento sostenido de la población detenida, unidades superpobladas y hacinadas, un sistema de salud penitenciaria deteriorado y sin posibilidades de brindar una asistencia elemental”.

En este informe, el organismo asume su condición de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El trabajo fue puesto a disposición de los tres poderes como un aporte para que “se garantice y respete los derechos humanos”.

Ante esa extrema situación, la actual gestión de gobierno en los primeros meses asumió la tarea de “descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento”. Eso posibilitó “un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década”. Sin embargo, esas decisiones no tuvieron eco en el Poder Judicial “ni en las políticas del Ministerio de Seguridad” porque “a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial”.

En ese marco, “las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años”. El gobierno de Cambiemos había profundizado “la tendencia de los últimos 20 años” con “reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida”.

El actual gobierno tuvo que afrontar “una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas”. Para buscar soluciones se convocó a la Mesa Interinstitucional de diálogo entre los tres poderes del Estado y los organismos de DDHH. Ese fue “un importante mensaje político que se desactivó luego de iniciada la pandemia”.

Se afirma que las “intenciones del Ministerio de Justica” chocaron con el Poder Judicial, que sigue “reacio a los cambios, convirtiéndose en el sostén” de la política de “sobreencarcelamiento”. La CPM sostuvo, además, que “la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores”.

Se realizaron 21.500 entrevistas “a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos”.

En el informe se afirma que “casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial”. Esto “confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada”.

Se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes, más “120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de covid-19”.

También se dio asistencia a las víctimas de la represión durante las protestas ocurridas en 2020 en las unidades de Melcho Romero, Florencio Varela y en otras nueve cárceles de toda la provincia. Durante las protestas “más de 1.500 personas padecieron represión extrema. Torturas y traslados compulsivos”.

Como cada año, la CPM hace un diagnóstico de la política criminal, las políticas de seguridad y penitenciarias, las de niñez, salud mental y de justicia para “contribuir a las transformaciones pendientes” en la provincia.

El informe considera que ante la situación general “las respuestas estatales fueron diferentes” porque “mientras la Policía bonaerense continuó y profundizó un despliegue violatorio de los DDHH”, el Ministerio de Salud “por primera vez produjo avances en las políticas” destinadas a las personas alojadas en los neuropsiquiátricos. 

Sobre las detenciones, la CPM puntualizó que en noviembre pasado, en comisarías, se alcanzó el record de los últimos 15 años, dado que 5.600 personas fueron alojadas en lugares que constan solo de 1.221 plazas. Se precisó que entre diciembre 2019 y diciembre de 2020 la población en estos ámbitos creció en un 23 por ciento. Entre 2012 y 2015 las comisarías alojaron un promedio interanual de 1.640 personas, durante 2016-2019 a 3.510, y en 2020 el promedio anual fue de 4.849.